La Red de Justicia Inmigrante LUCE de Massachusetts pidió al gobierno federal que formalice de inmediato la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador y que el Congreso abra un camino a la residencia permanente para quienes llevan décadas con ese amparo.
La exigencia llega dos días después de que venciera el plazo vigente del programa, el pasado miércoles 9 de septiembre, sin que el Department of Homeland Security (DHS) publicara una decisión. Unos 7,350 salvadoreños con TPS viven en Massachusetts.
"La cancelación o terminación del TPS, y la incertidumbre que la rodea, afectarán a miles de personas amparadas por este estatus, entre ellas salvadoreñas, haitianas, hondureñas, nepalíes y muchas otras. Esta situación ya está teniendo un profundo impacto en la salud mental, contribuyendo a la depresión entre niñas y niños, separando familias y perjudicando la economía y la cultura de nuestro país al expulsar a personas que han construido aquí sus vidas", dijo Eny Lovo, directora ejecutiva de Neighbors United for a Better East Boston (NUBE), en un comunicado de la Red de Justicia Inmigrante LUCE de Massachusetts.
Qué pide LUCE al DHS y al Congreso
La coalición enumeró tres demandas al DHS: formalizar la continuidad de las protecciones, garantizar que las autorizaciones de empleo no se interrumpan y entregar orientación clara y accesible tanto a las familias como a los empleadores.
Por separado, hizo un llamado a la delegación de Massachusetts en el Congreso para que establezca una vía hacia la residencia permanente y la ciudadanía. El argumento central del comunicado es que la protección temporal no puede seguir siendo el techo del compromiso del país con estas familias después de 25 años.
LUCE es una coalición de organizaciones de base lideradas por inmigrantes que operan en todo el estado. Entre ellas está Neighbors United for a Better East Boston (NUBE), cuya directora ejecutiva firma la declaración principal del comunicado.
Por qué el vencimiento del miércoles no terminó el programa
El TPS salvadoreño existe desde 2001, cuando El Salvador recibió la designación tras una serie de terremotos. Es la designación más antigua del programa en la historia del país.
La última prórroga, publicada en enero de 2025, extendió el estatus 18 meses, del 10 de marzo de 2025 al 9 de septiembre de 2026. USCIS repitió en agosto y de nuevo el 3 de septiembre que la designación y sus beneficios estaban previstos para terminar en esa fecha.
La ley federal obliga al DHS a revisar las condiciones del país y publicar su determinación en el Registro Federal al menos 60 días antes del vencimiento, es decir, antes del 11 de julio. No lo hizo.
La misma ley establece que, si el secretario no determina que el país dejó de cumplir los requisitos, la designación se extiende automáticamente por seis meses, o por 12 o 18 a discreción de la agencia. Abogados de inmigración advierten que ese argumento existe, pero que nadie debe darlo por seguro mientras no haya publicación formal.
Un portavoz del DHS confirmó el miércoles que los salvadoreños con TPS conservan su protección hasta que la agencia haga un anuncio, sin especificar cuándo. La aclaración se amplió esa noche para incluir los permisos de trabajo.
Qué hacer mientras no haya anuncio oficial
El DHS todavía no precisó qué documentos debes presentar ante un empleador o una autoridad migratoria durante este periodo, así que conserva tu permiso de trabajo, cualquier aviso que hayas recibido de USCIS y tu comprobante de reinscripción.
Las situaciones individuales varían mucho según la fecha de vencimiento de tu documento, si tienes una renovación pendiente y qué otros trámites tengas abiertos. Conviene consultar a un abogado de inmigración con licencia o a una organización acreditada antes de tomar decisiones sobre tu empleo o tu vivienda. Verifica también la página de TPS de USCIS con regularidad, porque la información puede cambiar de un día a otro.
LUCE señaló que continuará organizándose junto a las comunidades inmigrantes hasta que cada familia tenga estabilidad y capacidad de decidir su propio futuro. El próximo paso depende del DHS, que no ha dado una fecha.
