Por Jenifer B. McKim
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En una medida que podría proporcionar millones de dólares en alivio a personas endeudadas en Massachusetts, un empresario de Avon acordó entregar su licencia para cobrar deudas y perdonar las deudas que, según se alega, miles de residentes del estado tienen pendientes, de acuerdo con documentos judiciales presentados esta semana.
El acuerdo propuesto entre el empresario Andrew Metcalf y la Oficina de la Fiscal General de Massachusetts fue presentado esta semana ante el Tribunal Superior del condado de Suffolk y está pendiente de la aprobación de un juez.
Si se aprueba, el acuerdo pondría fin a un caso presentado por el estado en 2024 contra Metcalf y sus empresas relacionadas con el cobro de deudas, a las que se acusa de participar en “actos injustos y engañosos” en violación de la Ley de Protección al Consumidor de Massachusetts. Entre las presuntas irregularidades, Metcalf fue acusado de confiscar ilegalmente automóviles como una forma de cobrar deudas antiguas.
La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, dijo a GBH News en un comunicado escrito que los consumidores no deberían estar sujetos a “prácticas agresivas e ilegales de cobro de deudas” como las que presuntamente llevaron a cabo Metcalf y sus empresas, Champion Funding Inc., Champion Funding LLC y Judgment Acquisitions Unlimited.
“Gracias a este acuerdo, miles de familias en Massachusetts recibirán alivio de sus deudas y estas empresas depredadoras nunca podrán volver a operar en Massachusetts”, dijo.
La cartera de Metcalf incluye unas 6,500 deudas que, según se alega, deben consumidores de Massachusetts, con un “saldo total declarado” de aproximadamente $53 millones, según documentos judiciales. Es probable que el valor real sea mucho menor, porque compradores de deudas como Metcalf adquieren deudas incobrables por centavos de dólar, con la esperanza de recuperar un porcentaje mediante cartas, avisos y demandas judiciales.
Pero los defensores de los consumidores dicen que el alivio de las deudas es real, porque las personas que podrían haber sido perseguidas por esas deudas ahora las tendrán canceladas.
Matt Brooks, abogado gerente de la Unidad de Derechos del Consumidor de Greater Boston Legal Services, dijo que el acuerdo representa una “victoria significativa para los consumidores de Massachusetts”.
“El principio básico del acuerdo es que aquí se estaban llevando a cabo muchas prácticas muy graves e ilegales de cobro de deudas”, dijo. “El acuerdo contempla anular o revertir decisiones judiciales, liberar gravámenes sobre las viviendas de las personas y devolver los automóviles que hayan sido confiscados”.
No fue posible contactar a Metcalf para obtener comentarios. Los presuntos abusos cometidos por él han sido utilizados como ejemplo por defensores de los derechos de los consumidores sobre los problemas en los tribunales civiles y de pequeñas reclamaciones del estado, que están abrumados por un número cada vez mayor de casos relacionados con deudas de consumidores.
El caso de la fiscal general fue una de al menos 20 denuncias legales presentadas en tribunales estatales y federales contra Metcalf y sus empresas desde 2019, según una investigación de 2024 del Centro de Periodismo de Investigación de GBH News. La mayoría de los casos incluían acusaciones de que Metcalf y sus empresas ordenaron la confiscación ilegal de automóviles, incluso casos en los que supuestamente se llevaron los vehículos equivocados de las personas equivocadas.
Como parte del acuerdo, Metcalf fue obligado a pagar $650,000 al estado, pero ese monto quedó suspendido debido a su “situación financiera”. Los documentos judiciales establecen que, si se descubre que la información proporcionada “no es veraz”, el pago deberá hacerse de inmediato.
También este mes, en un caso separado sobre presuntas prácticas injustas de cobro de deudas, Metcalf acordó anular decisiones judiciales relacionadas con deudas y desestimar casos pendientes vinculados a una demanda colectiva presentada por personas a las que había demandado en el estado. Los abogados del caso dijeron que el acuerdo perdonaría unos $3 millones en deudas que, según se alega, deben más de 1,300 personas, de acuerdo con documentos presentados ante el tribunal.
Alexa Rosenbloom, directora de la Clínica de Protección al Consumidor de la Facultad de Derecho de Harvard, quien representó a los demandantes junto con el National Consumer Law Center, dijo que el resultado de ambos casos es positivo para los consumidores. Sin embargo, señaló que los problemas relacionados con el cobro de deudas en los tribunales estatales siguen siendo generalizados.
“Metcalf va a cerrar su negocio y, por lo que escuché de los consumidores y clientes de Massachusetts, creo que eso será algo positivo”, dijo. “Desafortunadamente, no hay una sola manzana podrida en el huerto. Hay muchas más”.
No todos quedaron satisfechos con los acuerdos. El abogado de Jamaica Plain, Robert Josephs, quien representó a una mujer cuyo automóvil fue confiscado, dijo que el estado debería haber presionado más para obligar a Metcalf a pagar dinero. También dijo que la decisión legal permitiría a Metcalf simplemente trasladar su negocio a otro estado.
“Simplemente se va a mudar a otro estado y hará lo mismo allí, y lo más probable es que ese otro estado no tenga una División de Bancos que realmente se preocupe”, dijo.
