La administración Trump eliminó más de tres docenas de regulaciones federales de armas de fuego en lo que funcionarios describieron como la revisión más amplia en la historia de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Los cambios incluyen devolver el derecho a comprar armas a personas con historial de enfermedades mentales y eliminar la política de tolerancia cero contra distribuidores que violaban la ley.
El fiscal general interino Todd Blanche y el director de la ATF, Robert Cekada, presentaron 34 cambios regulatorios el 29 de abril bajo la Orden Ejecutiva 14206 sobre derechos de la Segunda Enmienda. La agencia añadió medidas adicionales el 5 de julio, incluyendo la eliminación de requisitos de huellas dactilares para ciertas solicitudes de armas.
Qué regulaciones se eliminaron
Entre los cambios más significativos, la administración revocó la regla de la era Biden que exigía a más vendedores en ferias de armas y plataformas en línea realizar verificaciones de antecedentes. También rescindió formalmente la regulación sobre estabilizadores de pistola y elevó el estándar legal para revocar licencias de distribuidores de armas: ahora se requiere demostrar que el distribuidor violó la ley de forma intencional.
Bajo la política anterior de tolerancia cero, la ATF revocó más de 600 licencias a distribuidores que falsificaron registros u omitieron verificaciones de antecedentes. Esa política fue eliminada en mayo de 2025.
Qué cambia para personas con enfermedades mentales
Las nuevas propuestas permiten que personas previamente impedidas de comprar armas por evaluaciones de salud mental o determinaciones de incapacidad financiera recuperen ese derecho. El Departamento de Asuntos de Veteranos ya eliminó en febrero de 2026 el requisito de que veteranos que necesitan un fiduciario para administrar sus beneficios estén prohibidos de adquirir armas, retirando sus registros del sistema nacional de verificación de antecedentes del FBI.
El fiscal general interino Blanche rechazó las conclusiones del análisis interno de la ATF, calificándolo como un ejercicio de transparencia que no refleja la posición de la administración.
Reacciones de defensores del control de armas
La organización Brady Campaign calificó los cambios como un retroceso de un siglo en materia de regulación. Everytown for Gun Safety denunció que la administración también reasignó al 80% de los agentes especiales de la ATF a labores de control migratorio, debilitando la capacidad de la agencia para investigar el tráfico de armas.
Paralelamente, el Departamento de Justicia presentó demandas contra California y Virginia por leyes estatales que restringen la venta de ciertos tipos de armas semiautomáticas. En Virginia, la gobernadora Abigail Spanberger defiende la prohibición de armas de asalto tipo AR-15 firmada en mayo, que el gobierno federal busca declarar inconstitucional.
La administración también eliminó la Oficina de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego de la Casa Blanca y revocó un aviso del Cirujano General que describía la violencia armada como una crisis de salud pública. Un nuevo periodo de comentarios públicos sobre varias de las regulaciones propuestas permanece abierto hasta octubre de 2026.
