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Cámara de MA aprueba ley PROTECT para prohibir arrestos de ICE en tribunales

La Cámara de Representantes aprobó 134-21 la ley PROTECT, que exigiría orden judicial para arrestos civiles de ICE en tribunales. El proyecto ahora pasa al Senado.

Fachada de un edificio de tribunal con columnas
Foto: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

La Cámara de Representantes de Massachusetts aprobó el miércoles el proyecto de ley PROTECT con una votación de 134-21, una medida que prohibiría los arrestos civiles de inmigración en tribunales estatales a menos que los agentes de ICE presenten una orden judicial firmada por un juez.

El proyecto ahora pasa al Senado estatal, donde los líderes demócratas han indicado que podrían añadir medidas adicionales antes de enviarlo a la gobernadora Maura Healey para su firma.

Qué incluye la ley PROTECT

La propuesta, elaborada por el Caucus Negro y Latino de la Legislatura, establece varias restricciones a la colaboración entre autoridades locales y federales de inmigración. Entre sus puntos principales:

  • Prohibir arrestos civiles de inmigración dentro de tribunales sin una orden judicial revisada por un juez
  • Prohibir a la policía local preguntar sobre el estatus migratorio de una persona, a menos que esté directamente relacionado con un delito
  • Bloquear nuevos acuerdos 287(g) que permiten a autoridades locales actuar como agentes de inmigración
  • Requerir que las instalaciones correccionales notifiquen a los detenidos sobre sus derechos legales en su idioma principal
  • Prohibir que autoridades locales compartan información sobre la liberación de personas con agentes federales

Por qué los legisladores impulsaron esta medida

Andy Vargas, representante demócrata de Haverhill y presidente del Caucus Negro y Latino, defendió la propuesta en el piso de la Cámara: "Esta ley no previene un solo arresto criminal. No interfiere con órdenes judiciales. No altera nuestras obligaciones bajo la ley federal. Lo que hace es asegurar que una víctima de violencia doméstica pueda entrar a un tribunal a buscar una orden de protección sin temer que ella sea la detenida".

Judith García, representante demócrata de Chelsea, explicó que las personas en Massachusetts "tienen miedo de entrar a un tribunal. Tienen miedo de resolver un caso, de buscar protección, de testificar, porque no saben qué les pasará una vez que entren a esa sala".

Las cifras detrás de la propuesta

Según datos del Sistema de Tribunales de Massachusetts, ICE realizó al menos 614 arrestos en tribunales estatales durante 2025, más del doble de los 282 arrestos registrados en 2024. En los primeros dos meses de 2026, ya se han documentado 137 arrestos adicionales.

La jueza en jefe Heidi Brieger y el administrador de tribunales Thomas Ambrosino expresaron su apoyo a la prohibición en una carta enviada a los legisladores: "Creemos que prohibir los arrestos de ICE dentro del tribunal permitirá que la Rama Judicial opere libre de interferencia externa y asegure que nuestros tribunales permanezcan seguros y accesibles para todos los usuarios".

Impacto en comunidades latinas

Los tribunales de Chelsea, Lynn, East Boston y Lawrence han sido puntos frecuentes de operativos de ICE. Solo en el tribunal de Chelsea se registraron 10 arrestos en enero y febrero de este año. Como informó El Planeta la semana pasada, estas comunidades con alta concentración de residentes latinos han experimentado un aumento significativo en la presencia de agentes federales.

Dan Cahill, representante demócrata de Lynn que copreside el Comité de Seguridad Pública, dijo que los legisladores buscan que "aquí en Massachusetts, nuestros tribunales sean un lugar donde las personas puedan encontrar justicia y debido proceso sin temor a la intervención de cualquier otra agencia".

Qué sigue ahora

El Senado estatal deberá revisar y posiblemente modificar el proyecto antes de que llegue al escritorio de la gobernadora Healey. Los líderes senatoriales han señalado que podrían añadir protecciones adicionales relacionadas con inmigración. Una vez que ambas cámaras reconcilien cualquier diferencia, Healey, quien propuso medidas similares en enero, tendrá la última palabra.

La fiscal general Andrea Campbell ha indicado que considera que la ley tiene fundamentos legales sólidos, aunque algunos críticos argumentan que podría entrar en conflicto con la Cláusula de Supremacía de la Constitución federal.

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