La gobernadora Maura Healey y la fiscal general Andrea Joy Campbell emitieron un comunicado esta semana a estudiantes, profesores y personal en Massachusetts que agentes de ICE no tienen derecho a ingresar a áreas no públicas de campus universitarios —incluidos los dormitorios— sin una orden judicial válida firmada por un juez.“Cuando agentes de ICE ingresan a viviendas privadas en un campus sin una orden firmada por un juez, eso no es aplicación de la ley; es un comportamiento fuera de control. La ley exige una orden judicial, y las personas tienen derecho a pedir verla”, dijo la fiscal general Campbell.
El recordatorio surge después de reportes sobre un operativo en Columbia University, donde agentes de ICE presuntamente usaron una afirmación falsa sobre un menor desaparecido para entrar a un dormitorio y arrestar a un estudiante.
Líderes de Columbia University y medios informaron que agentes federales de inmigración habrían usado una historia falsa sobre un menor desaparecido para entrar a un dormitorio y detener a una estudiante el 26 de febrero.
La presidenta interina, Claire Shipman, dijo que los agentes “tergiversaron sus intenciones” y no presentaron una orden judicial cuando se les pidió. DHS sostuvo que los agentes se identificaron y que el acceso fue permitido por personal del edificio y una compañera de cuarto, negando que se hicieran pasar por la policía. La estudiante, Elmina “Ellie” Aghayeva, fue retenida por varias horas y liberada el mismo día tras presión pública y gestiones de autoridades locales.
Healey calificó el hecho como “indignante” y pidió a estudiantes y trabajadores universitarios que conozcan sus derechos, incluyendo el derecho a exigir ver una orden judicial antes de permitir el acceso a espacios privados.
Campbell, por su parte, aseguró que su oficina está en contacto con colegios y universidades para ofrecer orientación y apoyo.
Según las autoridades estatales, esta guía se aplica a entidades públicas y privadas que ofrecen servicios de educación y cuidado infantil, incluyendo guarderías, escuelas K-12, colegios y universidades. Se recomienda que las instituciones identifiquen claramente las áreas cerradas al público y coloquen señalización para marcarlas como “no públicas”. Entre esos espacios se incluyen salones de clases, oficinas, pasillos y escaleras; y en educación superior, también dormitorios, laboratorios de investigación y oficinas de personal docente y administrativo.
En enero, Healey firmó una orden ejecutiva que instruye a la Oficina Ejecutiva de Educación a trabajar con instituciones de educación superior para asegurar que cuenten con políticas claras sobre cómo responder ante oficiales federales de inmigración y reiterar la exigencia de una orden judicial para entrar a áreas no públicas.
La gobernación y la fiscalía general informaron que preparan una guía actualizada para escuelas y universidades.
Además, Healey presentó legislación para limitar operativos de ICE en lugares como tribunales, escuelas, guarderías, hospitales e iglesias, permitir que padres puedan preestablecer la tutela de sus hijos en caso de detención o deportación, y restringir ciertos tipos de colaboración estatal con autoridades federales en materia migratoria.
