Por Simón Rios
To read this article in English in WBUR, click here.
El pasado julio, un sargento detective de Tewksbury llamó por teléfono a un agente federal de inmigración a medianoche con un dato oportuno.
“Hemos arrestado a un tipo por tráfico de fentanilo”, dijo el detective durante la llamada.
Horas antes, su departamento de policía había detenido a un hombre dominicano por presuntamente vender 840 dólares de ese opioide mortal a agentes encubiertos. En la llamada, el detective explicó que había ingresado el nombre del hombre en una base de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Detective: “Nos dio un resultado y dice que no está legalmente en Estados Unidos y que está en proceso de deportación… todavía lo tenemos; tiene una fianza de 100,000 dólares".
Agente de ICE: “OK. ¿Va a la corte o algo así?”
Detective: “Sí, va a la corte mañana, por tráfico de fentanilo de más de 36 gramos".
El agente preguntó en qué tribunal sería la audiencia, y el detective le dijo que en el Tribunal de Distrito de Lowell. Más tarde, el agente respondió: “Debería estar bien. Muchas gracias. Aprecio la llamada”.
WBUR obtuvo una grabación de la llamada del Departamento de Policía de Tewksbury en respuesta a una solicitud de registros públicos. Según documentos judiciales de Lowell, el hombre fue finalmente deportado a la República Dominicana y no pudo enfrentar los cargos penales que tenía pendientes.
El caso es solo un ejemplo del tipo de cooperación policial que ocurre en Massachusetts con más frecuencia de lo que afirma la administración Trump: la policía local arresta a alguien y luego comunica voluntariamente su paradero a agentes federales de inmigración.
A pesar de que a Massachusetts se le suele retratar como un “estado santuario”, en algunos lugares la policía local coopera con ICE de manera habitual. Esa cooperación varía de un municipio a otro y, en gran medida, queda a discreción de cada departamento. Eso incluye si comparten información con ICE de forma voluntaria y si entregan a personas a ICE cuando salen de custodia.
El jefe de policía de Tewksbury no respondió a múltiples solicitudes de comentarios sobre la política de su departamento respecto a las comunicaciones con ICE. El departamento prohíbe la “vigilancia policial basada en prejuicios” por motivos de estatus migratorio, aunque Tewksbury no parece contar con directrices escritas sobre colaboración con ICE.
Un mosaico de políticas
Massachusetts cuenta con más de 320 departamentos de policía locales, además de 14 oficinas de alguacil y la Policía Estatal. Mientras que un puñado de grandes ciudades, como Boston, limita la colaboración con ICE a asuntos penales, otras no tienen políticas sobre sus interacciones.
En Quincy, se permite la cooperación con ICE cuando están en juego la “seguridad pública o la seguridad nacional”.
“Mi trabajo como jefe de policía en la ciudad de Quincy es mantener segura a nuestra comunidad”, dijo el jefe de Quincy, Mark Kennedy. Conoce la aplicación de las leyes federales de inmigración desde dentro: Kennedy comenzó su carrera como agente del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) en el Logan Airport, antes de incorporarse a la policía de Quincy y ascender en la institución.
La política de Quincy entró en vigor en febrero de 2025. Kennedy dijo que el impulso para adoptarla surgió durante la crisis de refugios del estado, cuando un grupo neonazi protestó por el alojamiento de migrantes en Eastern Nazarene College, en Quincy.
Kennedy señaló que existen razones para colaborar con ICE, incluyendo casos en los que las personas arrestadas por sus oficiales están vinculadas con delitos violentos, venta de drogas y armas de fuego ilegales.
“Si nos enteramos de que están en este país de manera ilegal, estamos cooperando con ICE para sacar a estas personas de nuestra comunidad”, dijo.
Kennedy dijo que Quincy colabora ampliamente con las fuerzas del orden federales, incluso en grupos de trabajo que integran a agentes con policías locales. Detectives de Quincy están asignados a trabajar con la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Alguaciles de EE. UU. (U.S. Marshals) y también con Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations), la rama de ICE que se ocupa de delitos transfronterizos. La excepción, afirmó, es que los oficiales de Quincy no ayudan a ICE a arrestar a personas por infracciones civiles de inmigración, como quedarse más tiempo del permitido con una visa.
Kennedy añadió que, cuando Trump regresó a la presidencia el año pasado, a algunos grupos de trabajo federales se les estaba asignando labores de control migratorio, pero no intentaron involucrar a los oficiales de Quincy.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a una solicitud de comentarios.
Sobre compartir información con ICE, Kennedy dijo que Quincy no lo hace cuando las personas son arrestadas por delitos menores, como hurto en tiendas.
“Si nos enteramos de que no tienen documentos, no damos el paso de llamar… al centro de operaciones de deportación del DHS para decir: ‘Oye, tenemos a esta persona por si quieren venir a buscarla’. No hacemos eso”.
Pero la política de Quincy también establece que toda “persona nacida en el extranjero que sea arrestada” está sujeta a una “consulta migratoria (Immigration Alien Query)”. Eso se refiere a una base de datos controlada por ICE que puede indicar el estatus legal de la persona y si ICE la está buscando.
Esa parte de la política de Quincy llamó la atención del investigador en justicia penal Josh Dankoff. Él ha estado recopilando información de los departamentos de policía más grandes de Massachusetts sobre cómo manejan su relación con ICE. Dankoff, quien trabaja para el grupo Citizens for Juvenile Justice, comenzó su investigación después de que ICE arrestara a tres adolescentes tras ser liberados por la policía de Chelsea.
“Estamos viendo departamentos de policía con políticas que están por todos lados”, dijo Dankoff. A su juicio, “solo hace falta que un oficial” decida que, por motivos de seguridad pública, conviene colaborar con ICE.
De los 42 departamentos de policía locales a los que se ha acercado, Dankoff dijo que 23 entregaron políticas específicas sobre inmigración. Quince afirmaron que no tienen políticas, y cuatro no respondieron. Además de las reglas internas de cada departamento, señaló que en varios municipios existen ordenanzas que regulan la cooperación policial con ICE.
En noviembre, Dankoff dijo a legisladores estatales que las políticas que ha revisado permiten un amplio margen de colaboración con ICE. Y, según su testimonio, la ley de Massachusetts permite “una amplia discreción de los departamentos de policía” en cuanto a compartir información y colaborar con ICE.
Dankoff sostiene que los oficiales individuales no deberían tener el poder de decidir quién termina bajo custodia de ICE, incluso en casos de delitos graves. En su opinión, la policía en Massachusetts debería seguir reglas uniformes.
“No hay suficiente orientación ni límites claros en este momento por parte de nuestra Legislatura estatal, ni de la oficina de la fiscal general, ni de la Comisión de Estándares y Capacitación Policial, sobre lo que las agencias policiales pueden hacer al hablar, enviar información y colaborar —y coludirse— con ICE”, dijo.
Pero algunos sostienen que la policía local necesita discreción para decidir cuándo colaborar con ICE. Entre ellos está Dennis Galvin, presidente de la Asociación de Massachusetts para la Aplicación Profesional de la Ley, un grupo que trabaja para elevar los estándares policiales.
“Hay que darles margen a los jefes de policía en cómo operan, para que puedan equilibrar los intereses de su comunidad local con la ley federal”, dijo Galvin, republicano que sirvió en la Policía Estatal de Massachusetts durante casi tres décadas.
Esta semana en Washington, altos funcionarios del DHS fueron llamados a testificar sobre la aplicación de las leyes de inmigración ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
Legisladores republicanos criticaron las llamadas “jurisdicciones santuario”, donde la policía no actúa sobre retenciones civiles de ICE (civil detainers), que son solicitudes voluntarias para mantener a una persona detenida hasta 48 horas adicionales después de que, de otro modo, sería liberada.
Entre los presentes en el Capitolio estuvo Todd Lyons, director interino de ICE y exjefe de la oficina de la agencia en Boston. Lyons pareció reconocer que algunas leyes locales impiden que la policía cumpla esas solicitudes, incluida una decisión del máximo tribunal de Massachusetts que se cita ampliamente en comunidades con políticas de control migratorio. Aun así, insistió en que hace falta más coordinación entre agentes federales y policías locales.
“ICE respeta y cumple las leyes estatales y municipales”, dijo Lyons en la audiencia, “donde a veces no se puede retener [a un detenido] por ninguna razón. Pero una simple llamada para avisarnos que esa persona será liberada —o que ya fue liberada— y compartir sus datos biográficos con nosotros ayudaría muchísimo”.
Lyons y otros funcionarios de la Administración Trump han argumentado que las acciones de ICE causarían menos caos en las comunidades si recibieran más apoyo de las fuerzas del orden locales. Tom Homan ha dicho que una mayor cooperación en Minneapolis, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales, llevó al gobierno a reducir la presencia de ICE en esa ciudad.
En Massachusetts, agentes de ICE a menudo reciben más ayuda de la que admiten, incluso mientras líderes estatales y locales buscan maneras de limitar su actuación.
Tratos con bases de datos
Parte del contacto entre la policía e ICE es automático. Cuando la policía envía huellas digitales a una base de datos federal de delitos, esa información también queda disponible para agentes de ICE, quienes pueden actuar para arrestar a una persona cuando sale de custodia policial.
Eso es, presuntamente, lo que ocurrió en noviembre en Lynn. Un hombre guatemalteco de 23 años fue liberado de un calabozo de la policía local tras una parada de tráfico, cuando agentes de ICE entraron al vestíbulo.
“Entraron dos hombres, jóvenes, y dijeron: ‘Somos inmigración’”, recordó el hombre, a quien WBUR accedió a identificar solo con su inicial, S., porque teme represalias de agentes federales.
Un abogado de S. dijo a WBUR que él tiene un estatus legal reconocido por la administración Biden — Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (Special Immigrant Juvenile Status) — pero que ahora ICE está apuntando a personas con ese estatus.
El arresto por parte de ICE indignó a defensores de inmigración y a algunos miembros de la comunidad en Lynn, una ciudad con una de las mayores concentraciones de inmigrantes del estado. En el comunicado, la policía de Lynn dijo que su alta comandancia y el alcalde Jared Nicholson se reunieron con S. y otros residentes “para escuchar sus preocupaciones y ofrecer un relato completo y transparente de lo ocurrido”.
El Departamento de Policía de Lynn afirmó que emitió “directrices actualizadas que prohíben cualquier comunicación proactiva con ICE, o con cualquier agencia federal, relacionada con la aplicación civil de las leyes migratorias”, según el comunicado. La policía no entregó a WBUR ninguna política por escrito.
Durante años, la policía de Massachusetts ha utilizado bases de datos federales de delitos que hacen que los detalles de arrestos locales estén disponibles para agencias federales. Pero, mientras la administración Trump busca impulsar su campaña de deportaciones masivas, esta práctica enfrenta un escrutinio renovado.
“¿Confiamos realmente en lo que ICE, la Patrulla Fronteriza y el gobierno federal están haciendo con información sobre cada uno de nosotros en la comunidad?”, dijo John Grossman, quien supervisó el sistema estatal de acceso a bases de datos federales de delitos durante la administración del gobernador Deval Patrick.
Grossman dijo que la policía necesita poder consultar esas bases de datos en caso de que alguien sea buscado por un delito federal o en otro estado, pero que Massachusetts no puede controlar lo que el gobierno federal haga con los datos locales.
Y añadió que eso tiene un costo para las comunidades: “¿Cuál es el nivel de confianza entre la policía local y comunidades principalmente inmigrantes si la policía local —aunque no sea de manera explícita, pero de forma inevitable— es vista como colaborando con ICE?”
El periodista independiente Jon Gerhardson obtuvo primero copias de correspondencia entre ICE y la policía de Tewksbury.
