Por Amy Gorel
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La administración Trump se niega a permitir que una estudiante de Babson College regrese a Estados Unidos, después de admitir que deportarla fue un “error”.
Cuando Any Lucia Lopez Belloza, estudiante de primer año en Babson, salía de Boston para visitar a su familia por el feriado de Thanksgiving, fue detenida en el aeropuerto Logan. Dos días después fue enviada en avión a Honduras, violando una orden judicial que indicaba que debía permanecer en Estados Unidos.
Aunque el gobierno dijo que se equivocó al enviarla a Honduras, sus abogados sostienen que la deportación fue legal. Su familia llegó a Estados Unidos cuando ella era niña, en 2014, y el gobierno federal afirma que existía una orden de deportación contra Lopez Belloza desde 2016.
En un documento presentado ante la corte el viernes, la fiscal federal de Massachusetts, Leah Foley, afirmó que las autoridades federales “respetuosamente declinan devolver a la solicitante al estado en que se encontraba antes de la violación involuntaria”, ya que Lopez Belloza “seguiría sujeta a detención y deportación si regresara a Estados Unidos”.
Según el escrito judicial, el juez federal Richard Stearns había recomendado otorgarle a Lopez Belloza una visa de estudiante, o un estatus comparable, y preguntó si el Secretario de Estado “ejercerá su considerable discreción” bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para concederle a la joven una visa de estudiante no inmigrante.
Foley dijo que eso era “inviable porque el Secretario de Estado no tiene autoridad para evaluar solicitudes de visa ni emitir visas”. Además, afirmó que Lopez Belloza “parece no ser elegible para una visa de estudiante”.
Según Foley, dos requisitos para obtener una visa de estudiante no inmigrante son demostrar residencia en un país extranjero que la persona “no tenga intención de abandonar” y no ser “inadmisible” para entrar a Estados Unidos. Como Lopez Belloza enfrenta una orden de deportación, Foley sostuvo que actualmente se la considera “inadmisible”.
Anteriormente, el abogado de la estudiante, Todd Pomerleau, argumentó que ella era menor de edad cuando se emitió la orden de deportación y que no conocía las opciones que tenía para apelar.
Pomerleau declinó comentar el lunes sobre la respuesta de la Administración.
