La gobernadora Maura Healey pidió al presidente Donald Trump revertir su decisión de suspender los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), una medida que podría dejar sin ayuda alimentaria a más de 150,000 personas en Massachusetts a partir del 1 de noviembre.
La decisión de la Casa Blanca, sin precedentes incluso durante anteriores cierres del gobierno federal, se suma a nuevas restricciones impuestas por la ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), aprobada por el Congreso bajo control republicano.
“Donald Trump es el único presidente en la historia de Estados Unidos que ha decidido cortar los beneficios de SNAP. Está eligiendo empujar a millones de personas —niños, adultos mayores, veteranos y personas con discapacidades— hacia el hambre”, dijo Healey. “Aquí en Massachusetts estamos haciendo todo lo posible para apoyar a las familias, pero necesitamos que el presidente revierta esta decisión”.
¿Quiénes son los más afectados?
El Departamento de Asistencia Transicional (DTA) está notificando a los beneficiarios que no recibirán sus pagos de SNAP en noviembre a menos que la administración federal cambie de rumbo. Entre los más afectados estarán padres trabajadores con hijos mayores de 14 años, veteranos, personas sin vivienda y adultos de entre 60 y 65 años que enfrentarán requisitos laborales más estrictos para conservar sus beneficios. Otros 9,500 inmigrantes, incluyendo refugiados y sobrevivientes de trata, perderán la elegibilidad por completo.
La teniente gobernadora Kim Driscoll calificó la decisión como “una acción atroz” que “quita comida de las manos de las familias justo al comenzar la temporada de fiestas”.
Legisladores y funcionarios estatales coincidieron en que Massachusetts no puede cubrir el vacío que dejaría la suspensión de SNAP, un programa financiado exclusivamente por el gobierno federal.
La presidenta del Senado, Karen Spilka, fue más tajante: “Esto es crueldad deliberada. Es dolor y hambre infligidos intencionalmente a más de un millón de residentes de Massachusetts”.
Funcionarios del gabinete de Healey advirtieron sobre los efectos económicos y de salud pública que acarreará la medida, destacando que SNAP no solo sostiene a familias sino también a agricultores, mercados y negocios locales.
“Los beneficios de SNAP se traducen en ingresos para nuestros agricultores y tiendas locales", añadió la secretaria de Energía y Asuntos Ambientales Rebecca Tepper.
Qué está haciendo el Estado
Para responder a la emergencia, la Administración Healey lanzó junto a United Way una iniciativa estatal para canalizar recursos hacia las comunidades más afectadas.
Las 13 sedes de United Way en Massachusetts se unirán bajo el United Response Fund, destinado a proveer ayuda rápida a familias que enfrenten inseguridad alimentaria.
Las personas que necesiten asistencia inmediata pueden comunicarse con la línea directa de Project Bread al 1-800-645-8333, disponible en varios idiomas. Otros programas estatales, como WIC, las comidas escolares y el Healthy Incentives Program, continuarán operando sin cambios.
Healey recordó que su administración creó este año un Grupo de Trabajo contra el Hambre para diseñar soluciones a largo plazo. Pero por ahora, insistió, la prioridad es clara: Evitar que la decisión federal empuje a Massachusetts a una nueva crisis alimentaria.