ir al contenido

Operativo de ICE en Massachusetts deja 1,400 arrestos en septiembre

La oficina de campo de ICE en Boston, ubicada en Burlington, Massachusetts. (Robin Lubbock/WBUR)

Por Simón Rios

To read this article in English in WBUR, click here.

Un aumento coordinado en la aplicación de leyes migratorias durante el mes de septiembre resultó en más de 1,400 arrestos en Massachusetts, según informaron autoridades federales.

El U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE, por sus siglas en inglés) anunció el jueves la culminación de la “Operación Patriot 2.0”, el segundo operativo de este tipo en Massachusetts desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero con la promesa de impulsar deportaciones masivas.

De acuerdo con el comunicado de ICE, más de 600 de las personas arrestadas tenían “condenas criminales significativas o cargos criminales pendientes por delitos cometidos en Estados Unidos, o eran prófugos internacionales conocidos”.

La agencia destacó los antecedentes criminales de 23 de los detenidos, publicando fotos policiales y breves descripciones de sus delitos. Entre ellos se incluyen “asesinos, violadores, narcotraficantes, depredadores sexuales de menores y miembros de pandillas criminales transnacionales violentas”, señaló David Wesling, director interino de la oficina de Operaciones de Cumplimiento y Remoción de ICE en Boston.

“Todos cometieron el error de intentar evadir las leyes migratorias de Estados Unidos escondiéndose en Massachusetts”, agregó.

Este fue el segundo operativo intensivo de cumplimiento desde mayo, cuando la agencia anunció un número similar de arrestos.

Al igual que la primera “Operación Patriot”, el operativo de este otoño, que se extendió durante un mes, contó con la participación de múltiples agencias federales, entre ellas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

ICE calificó los 1,406 arrestos como “sorprendentes”. Sin embargo, algunos analistas —incluidos exfuncionarios de la propia agencia— advirtieron que el uso de tantos recursos federales podría estar poniendo en riesgo asuntos más graves de seguridad nacional.

En una llamada con la prensa el jueves por la tarde sobre las operaciones a nivel nacional, Jason Houser, exjefe de gabinete de ICE durante la administración Biden, afirmó que “el volumen de estos arrestos masivos y las tácticas empleadas no generan ningún resultado real en materia de seguridad pública”.

Houser añadió que más de 16,000 agentes federales han sido apartados de sus funciones de seguridad nacional y pública para ser reasignados a tareas de control migratorio.

“Eso está haciendo que nuestras comunidades sean menos seguras”, dijo.

Según ICE, 277 de las 1,406 personas arrestadas ya habían recibido órdenes de deportación pero se negaron a cumplirlas.

Seis de los detenidos eran miembros documentados de pandillas criminales transnacionales, mientras que otros eran asociados de esas organizaciones, indicó la agencia.

El aumento en los operativos provocó protestas en distintas partes de Massachusetts, incluyendo Worcester, donde la activista Jillian Phillips continúa documentando la actividad de ICE. Los casos de los llamados “peores de los peores” que la agencia resalta, dijo Phillips, ignoran el impacto más amplio de esta ofensiva.

“Siguen separando a niños, madres, padres y adolescentes con necesidades de desarrollo de las comunidades donde han vivido entre 5 y 25 años”, dijo Phillips. “Muchos no tienen antecedentes penales, o enfrentaron cargos menores que fueron desestimados”, incluyendo infracciones de tránsito.

Altos funcionarios de ICE han reiterado que, aunque las personas con antecedentes criminales son su prioridad, cualquier individuo que se encuentre en el país de manera ilegal está sujeto a arresto y deportación.

Houser, exjefe de gabinete de ICE, señaló que la agencia debería estar legalmente obligada a priorizar a los inmigrantes que representen amenazas a la seguridad nacional o a la seguridad pública, tal como ocurría bajo la Administración Biden.

X