La ciudad de Boston podría convertirse en una de las primeras en el país en contar con supermercados de propiedad municipal, una idea que busca enfrentar el aumento de la inseguridad alimentaria y los altos precios de los alimentos.
La iniciativa está siendo impulsada por la presidenta del Concejo Municipal, Ruthzee Louijeune, junto con la concejal Liz Breadon, quienes propusieron realizar una audiencia pública para analizar la posibilidad de que el gobierno local administre tiendas de comestibles.
Una respuesta a los “desiertos alimentarios”
El plan surge como una alternativa para los llamados food deserts, o “desiertos alimentarios”: zonas donde los supermercados son escasos y los residentes deben depender de bodegas o viajar largas distancias para encontrar alimentos frescos.
Según datos recientes, el 37% de los hogares en Massachusetts enfrenta inseguridad alimentaria en 2025, un aumento considerable frente al 19% en 2019. Los recortes en programas federales, como el SNAP (cupones de alimentos), han agravado la situación.
A esto se suma el cierre de iniciativas sin fines de lucro como Daily Table, que ofrecía productos con grandes descuentos para beneficiarios de SNAP, reduciendo aún más las opciones accesibles en vecindarios de bajos ingresos.
Cómo funcionarían las tiendas públicas
Los supermercados operados por la ciudad buscarían beneficiar a la comunidad más que generar ganancias, ofreciendo precios más bajos, productos frescos y opciones culturalmente relevantes.
Estas tiendas podrían trabajar en alianza con cooperativas o entidades sin fines de lucro, y priorizar productos locales, fortaleciendo la economía comunitaria y reduciendo la dependencia de grandes cadenas privadas.
Próximos pasos
La propuesta ha generado opiniones divididas. Algunos expertos del sector advierten que la competencia del gobierno podría afectar a los pequeños negocios locales y sugieren que la ciudad debería apoyar a las tiendas existentes mediante reducciones de impuestos o licencias más accesibles.
Sin embargo, los concejales señalan modelos exitosos en ciudades como Atlanta y Madison (Wisconsin), donde las tiendas con apoyo público han logrado estabilizar precios y mejorar el acceso a alimentos nutritivos.
El Concejo Municipal de Boston llevará a cabo una serie de audiencias públicas en las próximas semanas, con la participación de la Oficina de Justicia Alimentaria, la Comisión de Salud Pública de Boston y diversas organizaciones comunitarias, para evaluar la viabilidad de la propuesta y recopilar opiniones ciudadanas.
Un debate nacional
Boston no está sola en esta conversación. Varias ciudades del país están explorando modelos de distribución de alimentos más justos y sostenibles, en respuesta al aumento del costo de vida y la desigualdad en el acceso a productos básicos.
La discusión apenas comienza, pero para muchos residentes, un supermercado público podría representar algo más que precios bajos: Una inversión directa en la salud y bienestar de las comunidades más vulnerables.
