El caso de Rümeysa Öztürk, una estudiante de doctorado en Tufts University, llegó esta semana hasta un tribunal federal de apelaciones en Nueva York, que escuchó los argumentos sobre si su detención por parte de ICE fue una represalia por su activismo político.
Öztürk, originaria de Turquía y residente en Somerville, Massachusetts, fue arrestada en marzo de 2025 por agentes de inmigración poco después de publicar un artículo de opinión en el periódico estudiantil de Tufts. En ese texto, pedía que la universidad dejara de invertir en compañías con vínculos con Israel. Su detención generó protestas en el campus y el apoyo de organizaciones de derechos civiles que denunciaron el caso como un ataque a la libertad de expresión.
El mismo tribunal también revisa el caso de Mohsen Mahdawi, un residente permanente palestino y estudiante en Columbia University, quien fue detenido en abril en Vermont durante una entrevista de naturalización. Mahdawi es conocido por su activismo en favor de los derechos palestinos.
Ambos pasaron semanas en centros de detención federal antes de ser liberados bajo fianza. Jueces de distrito determinaron que había indicios de que sus derechos constitucionales habían sido violados.
El gobierno de Donald Trump apeló esas decisiones, alegando que los tribunales federales no tienen jurisdicción y que este tipo de casos debe resolverse exclusivamente en cortes de inmigración. Los abogados de los estudiantes, en cambio, sostienen que nada en la ley permite detenciones prolongadas sin revisión judicial y que la Primera Enmienda protege la expresión política, incluso si resulta incómoda para el gobierno.
Durante la audiencia, los jueces mostraron dudas sobre si la rama ejecutiva puede detener a estudiantes extranjeros o residentes permanentes por sus opiniones políticas sin supervisión judicial. El Departamento de Justicia insistió en que los tribunales solo deben intervenir después de agotar los procesos administrativos, mientras que los defensores de los estudiantes advirtieron que retrasar el acceso a los tribunales abre la puerta a la censura mediante detenciones migratorias.
El tribunal aún no ha fijado una fecha para su decisión, pero el caso de Öztürk, en particular, ha despertado preocupación en Massachusetts, donde estudiantes y profesores lo ven como una prueba clave sobre si el activismo universitario puede convertirse en blanco de represalias.
