Por Deborah Becker
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El debate sobre cómo abordar la falta de vivienda, la adicción a las drogas y los problemas de salud mental se ha intensificado en los últimos meses, con un renovado enfoque en una práctica polémica: obligar a las personas a recibir tratamiento.
Esta práctica, conocida como internación civil obligatoria, ha ganado relevancia nacional después de que el presidente Trump emitiera en julio una orden ejecutiva apoyando este enfoque.
Massachusetts ha utilizado la internación involuntaria durante décadas. Mientras algunas personas aseguran que les ayudó, los datos estatales ponen en duda su efectividad de manera más amplia. Muchos proveedores de tratamiento de adicciones y algunos ex pacientes consideran que puede ser inhumana e incluso perjudicial.
En Boston, algunos residentes y trabajadores del South End —cerca del vecindario considerado epicentro de la epidemia de opioides de la región— piden un aumento en el uso de la internación involuntaria. Las calles alrededor de la intersección de Massachusetts Avenue y Melnea Cass Boulevard, conocida como “Mass. and Cass”, eran escenario de consumo de drogas, venta de estupefacientes y un gran campamento hasta que trabajadores de la ciudad lo despejaron hace casi dos años. Ahora, los residentes dicen que el vandalismo, el consumo de drogas y actividades relacionadas se han dispersado por las calles cercanas. Piden a las autoridades locales medidas más estrictas, incluyendo obligar a más personas a recibir tratamiento para frenar el uso de sustancias.
“Algunos dicen que esto viola los derechos civiles de las personas”, afirma Sue Sullivan, defensora del vecindario y presidenta y CEO del Newmarket Business Improvement District, un grupo de negocios en la zona de Mass. and Cass. “No estamos pisoteando los derechos civiles. Estamos ofreciendo opciones para que la gente mejore”.
El grupo de Sullivan paga patrullas de seguridad privada para complementar los esfuerzos de la policía de Boston, la policía estatal y la policía de tránsito. Durante una visita reciente, se observaron pequeños grupos de personas en las aceras, especialmente cerca de agencias que ofrecen servicios para personas sin hogar, salud mental y adicciones. Los oficiales de policía eran visibles fuera de estos lugares.
Cuando ve a personas congregadas, Mark Murphy, uno de los oficiales de seguridad contratados por el grupo de Sullivan, dice que les pide que se muevan y se mantengan fuera de propiedades privadas. Asegura que en un solo día ha tenido que dispersar hasta 40 grupos de personas.
Después de dos años en el cargo, Murphy conoce a muchas de las personas que ve y dice que a menudo ofrece asistencia médica o ayuda para contactar agencias que brindan servicios. Calcula que ha usado el aerosol nasal Narcan para revertir cientos de sobredosis. A veces, Murphy comenta que les pregunta a las personas si quieren llamar a un ser querido.
“Les pregunto si quieren usar mi teléfono y tal vez llamar a su mamá”, dijo Murphy. “Les digo: ‘Solo di que te extraño. No necesito nada. Quiero que sepas que estoy vivo’”.
Pero los vecinos aseguran que mover a las personas de una cuadra a otra no es una solución; solo desplaza los problemas. Han pedido un aumento de patrullas policiales y medidas más estrictas contra el consumo de drogas al aire libre. Su indignación se hizo evidente en una reunión comunitaria virtual el mes pasado.
“Nuestro vecindario está en estado de crisis”, dijo Andy Brand, residente del South End, a los asistentes. “A los funcionarios presentes, déjenme ser claro: su enfoque no está funcionando. Les advertimos que esto ocurriría. Les dijimos que si no arrestaban a los vendedores de drogas y no ayudaban a las personas a entrar en programas de recuperación, el caos se expandiría… y ahora así ha sido”.
La policía de Boston informó a los asistentes que el departamento ha internado civilmente a más de 50 personas desde mediados de abril. Los funcionarios de la ciudad señalaron que están mejorando la limpieza de calles y la recolección de agujas, y destacaron nuevos acuerdos con proveedores de tratamiento de adicciones para que las personas puedan ser admitidas y transportadas rápidamente. También indicaron que están ayudando a quienes viven en las calles a reconectarse con sus familiares y apoyando a estas familias para que presenten solicitudes de internación civil ante los tribunales.
Más riesgos tras la internación involuntaria
Más de la mitad de los estados de EE. UU. cuentan con leyes que permiten la internación involuntaria por consumo de sustancias. Massachusetts, que utiliza esta práctica desde al menos la década de 1980, tiene una de las tasas más altas del país de internaciones obligatorias para tratamiento.
Bajo la ley estatal conocida como Sección 35, un familiar o un oficial de policía puede solicitar a un juez que ordene a una persona ingresar a tratamiento por adicciones. Si un profesional de salud mental contratado por el tribunal determina que el consumo de sustancias representa un riesgo inminente para la persona o para otros, el juez puede enviarla a un centro seguro por hasta 90 días.
Algunos hombres internados civilmente son enviados a centros de tratamiento dentro de cárceles y prisiones, aunque no hayan sido acusados de ningún delito. Los investigadores señalan que Massachusetts es el único estado del país que permite esto.
Actualmente, hay más de 600 camas para personas internadas civilmente en Massachusetts, y más de la mitad se encuentran en instituciones correccionales. El resto está bajo supervisión de los departamentos estatales de salud pública y salud mental. En el último año fiscal, se registraron 2,758 internaciones civiles en el estado, una leve disminución respecto al año anterior, según estadísticas de Bureau of Substance Abuse Services.
En las calles alrededor de Mass. y Cass, Kianna Pearson, de 28 años, recordó haber sido internada civilmente hace unos años. Contó que la medida apenas la mantuvo adentro unas semanas y que no recibió seguimiento tras su liberación.
“El día que salí, me drogé”, dijo Pearson, y agregó que no cree que obligar a las personas a recibir tratamiento sea efectivo.
“[Si] no están listos, no están listos”, dijo. “Cuando salí, tuve ocho sobredosis en una sola semana”.
Pearson contó que frecuentemente va a Mass. y Cass para recibir el medicamento para la adicción, metadona. Actualmente duerme bajo un puente en Boston y asegura que todavía sigue luchando. Su experiencia con la internación involuntaria fue tan negativa, que dice que se está preparando para permanecer en la calle incluso durante los próximos meses de invierno.
“La gente olvida que somos las tías, hermanos, madres, padres, hermanas, primos de alguien”, afirmó Pearson. “Son seres humanos”.
Existen pocos datos nacionales sobre los resultados de la internación involuntaria, pero Massachusetts comenzó a recopilar investigaciones sobre su ley de la Sección 35 después de que una comisión estatal en 2019 recomendara una evaluación más profunda. Esa investigación, junto con un informe publicado el año pasado por el Departamento de Salud Pública del estado, mostró un mayor riesgo de sobredosis y muerte tras tratamientos involuntarios, en comparación con los voluntarios. Se espera un informe estatal con datos más recientes para finales de este año.
“En general, sabemos que no es una herramienta efectiva, que no funciona”, dijo el Dr. Dave Munson, del programa Health Care for the Homeless de Boston, quien formó parte de la Comisión de la Sección 35. “Si vamos a tomar decisiones de política o implementar medidas basadas en esto, al menos deberíamos ser conscientes de lo que ya sabemos”.
Mayor dureza a nivel nacional
Los llamados a aumentar la internación civil reflejan un cambio en la política nacional frente a la epidemia de opioides. La administración Trump ha criticado las estrategias de “reducción de daños”, que incluyen suministrar agujas limpias y otros insumos, e incluso permitir en algunos lugares que las personas consuman drogas bajo supervisión mientras se les anima a buscar tratamiento, argumentando que estos métodos fomentan el consumo. En cambio, la Casa Blanca ha promovido medidas más punitivas, como la internación civil.
Ese cambio de tono preocupa a personas como Sarah Porter, presidenta y CEO de Victory Programs, que tiene oficinas en la zona de Mass. y Cass y brinda tratamiento de adicciones, atención de salud mental y asistencia habitacional a unas 5,000 personas al año.
“Una de las cosas que me resulta más interesante es lo cercanas que son algunas de las declaraciones del presidente a algunas de las cosas que escucho en el South End de Boston”, dijo Porter.
Porter no está en contra de todas las internaciones civiles y asegura que ha visto de primera mano cómo pueden salvar vidas. Pero cree que el enfoque debería estar en mejorar todos los tipos de tratamiento para adicciones. Comentó que internar personas puede ser una solución rápida para despejar las calles, pero no resuelve el problema general.
“A veces es una herramienta que salva vidas”, dijo Porter. “Pero una herramienta que salva vidas y una solución al problema no son lo mismo”.
Algunos agentes locales de la ley buscan otras soluciones potenciales. Jim Borghesani, portavoz del fiscal del condado de Suffolk, Kevin Hayden, dijo que el tratamiento involuntario debería usarse solo como último recurso. Señaló que los fiscales saben que medidas como mejorar el tratamiento a largo plazo y la vivienda pueden ser más efectivas.
“La Sección 35 no fue pensada como una medida para limpiar las calles. Realmente no lo fue”, afirmó Borghesani.
Demostración de fuerza en Mass. y Cass
Las autoridades de Boston han intentado diversas estrategias en Mass. y Cass. En 2022, la ciudad inauguró un centro de 2 millones de dólares donde las personas podían acceder a duchas, comida, refugio del clima y conexión con servicios. Pero el centro cerró tras apenas un año debido a la violencia.
Cuando la administración de la alcaldesa Michelle Wu despejó el campamento de tiendas, los trabajadores ofrecieron vivienda y otros servicios a cientos de personas. Aunque las tiendas no han regresado, las quejas de los vecinos sobre consumo de drogas, vandalismo y falta de vivienda se han convertido en un tema para los opositores de Wu, mientras ella busca la reelección este año.
En febrero, los funcionarios anunciaron una nueva estrategia de colaboración más estrecha con la policía, con el objetivo de reprimir el consumo de drogas al aire libre y la permanencia en la vía pública. Los líderes de la ciudad pidieron a los trabajadores de acercamiento y voluntarios que no distribuyan agua o alimentos en las calles, sino que orienten a las personas hacia organizaciones que brindan servicios.
Cassie Hurd, del Material Aid and Advocacy Program, una organización sin fines de lucro que trabaja con personas sin hogar y con consumo de drogas, dijo que muchos servicios ahora solo están disponibles dentro de oficinas, con policías esperando en las puertas.
“Ahora hay una gran demostración de fuerza policial”, afirmó Hurd.
La ciudad también ha creado un nuevo grupo de trabajo cuyos miembros incluyen a Sullivan, la líder empresarial. Ella explicó que el grupo está evaluando varias opciones, incluida lo que llama un “campus de recuperación”, donde las personas podrían permanecer durante meses y recibir distintos niveles de tratamiento para adicciones y salud mental, vivienda y capacitación laboral. Los funcionarios de la ciudad han considerado desde hace tiempo Long Island, en el puerto de Boston, para un campus de este tipo, pero el proyecto es complejo, costoso y probablemente llevará años. Se espera que el grupo de trabajo presente sus recomendaciones en seis meses.
“No es aceptable para la calidad de vida de todos que alguien tenga que salir de su casa con sus hijos y encontrarse con que alguien se está inyectando drogas en el cuello en su puerta”, afirmó Sullivan.
Sin embargo, algunos críticos consideran que no es momento de cambiar las estrategias sobre adicciones. Julie Burns, presidenta y CEO de RIZE, una organización sin fines de lucro que trabaja para poner fin a la epidemia de opioides, señala la drástica disminución de muertes por sobredosis en Boston y a nivel nacional como prueba de que los esfuerzos actuales están ayudando a frenar la pérdida de vidas.
“Entiendo ciertamente el aumento de la indignación, pero también debemos observar la reducción en las tasas de sobredosis que estamos viendo en Boston y reflexionar sobre el hecho de que muchas de las medidas que se han implementado están funcionando”, dijo Burns. “No podemos desechar eso para seguir una estrategia que podría no dar resultados”.
