Un juez federal dictaminó recientemente que la congelación y los recortes posteriores a más de 2.200 millones de dólares en fondos federales para Harvard University por parte de la Administración Trump fueron ilegales y constituyeron una retaliación inconstitucional, no un esfuerzo genuino para combatir el antisemitismo.
La decisión es considerada una gran victoria legal para Harvard y, en general, para la libertad académica y los derechos de la Primera Enmienda en la educación superior.
La jueza Allison Burroughs determinó que existía “poca relación” entre los fondos de investigación de Harvard y el antisemitismo, concluyendo que la Administración utilizó la lucha contra el antisemitismo como pretexto para un ataque político e ideológico contra la universidad.
El tribunal señaló que las acciones de la Administración Trump violaron la Ley de Procedimiento Administrativo, la Primera Enmienda y el Título VI, al condicionar y retirar fondos por el rechazo de Harvard a cumplir con demandas ajenas a la causa oficial, que incluían cambios en políticas de protesta en el campus, admisiones, gobernanza académica y programas de diversidad e inclusión.
Reacciones de Harvard y expertos legales
Funcionarios y profesores de Harvard calificaron la decisión como un respaldo a que la universidad había sido objetivo de acciones políticas indebidas.
Académicos legales destacan que el fallo protege la libertad académica y advierte sobre los excesos ejecutivos, sirviendo como precedente para resguardar la autonomía universitaria frente a interferencias ideológicas. No obstante, algunos advierten que la batalla legal podría continuar, ya que la administración Trump anunció su intención de apelar.
Respuesta de la Casa Blanca y la Administración Trump
La Casa Blanca calificó el fallo de “indignante” y confirmó que apelará, reiterando su compromiso de responsabilizar a Harvard por supuestas fallas en la atención del antisemitismo en el campus. La administración había condicionado la restauración de fondos a cambios extensivos, incluyendo auditorías externas, limitación de ciertas admisiones de estudiantes internacionales y eliminación de programas de diversidad y equidad.
