La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, anunció que se unió a una coalición de 19 fiscales generales estatales para oponerse a una nueva política migratoria del gobierno federal que obliga a detener a inmigrantes indocumentados sin darles la oportunidad de una audiencia de fianza.
Los fiscales presentaron un escrito legal presentado en el caso Bautista v. Noem, donde argumentan que la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) viola el derecho al debido proceso, rompe con décadas de práctica legal y afecta a familias, comunidades y economías locales.
“El derecho al debido proceso es un principio fundamental que se garantiza a todas las personas en este país, sin importar su estatus migratorio. Detener indefinidamente a personas que no representan un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad es inhumano y contrario a los valores estadounidenses”, señaló la fiscal general Campbell.
Además de Massachusetts, firmaron el escrito los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
Contexto legal
Durante décadas, los inmigrantes en procesos de deportación en Estados Unidos han tenido derecho a solicitar una audiencia de fianza, lo que les permitía argumentar por su liberación mientras se resolvía su caso. La nueva política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) elimina esa opción para quienes ingresaron al país sin inspección. Esto significa que personas que llevan años residiendo en EE. UU. podrían permanecer detenidas durante meses o incluso años en centros frecuentemente sobre poblados y con condiciones cuestionadas de seguridad y salubridad.
Impacto en familias y comunidades
“Esta peligrosa política, que pone en riesgo la salud y la seguridad pública, también puede traumatizar a millones de niños cuyos padres serán separados de ellos innecesariamente", agregó Campbell.
Se estima que más de nueve millones de ciudadanos estadounidenses —incluidos más de cuatro millones de niños— viven con al menos un familiar indocumentado.
Estudios académicos recientes publicados en 2025 confirman que la detención de un padre o madre aumenta significativamente el riesgo de problemas de salud mental en los niños y contribuye a la inestabilidad económica en los hogares afectados. Una revisión sistemática de 2025 encontró que los niños cuyos padres son detenidos presentan tasas mucho más altas de depresión mayor (42,2 %) y trastorno de estrés postraumático (32 %) en comparación con sus pares que no han estado expuestos a la detención.
Impacto económico
A partir de 2023 y continuando en 2025, los inmigrantes indocumentados representan aproximadamente el 5,6% de la fuerza laboral de Estados Unidos, marcando un récord histórico.
Es por ello que que Campbell compartió: "Insto firmemente a la Corte a anular esta política ilegal que perjudicará a los residentes de Massachusetts, a sus familias y a nuestra economía estatal, que depende en gran medida de las importantes contribuciones de nuestra fuerza laboral inmigrante”.
Los fiscales generales también señalan que esta política representa un alto costo para los contribuyentes. En 2024, mantener a personas en detención migratoria ascendió a 3.400 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 152 dólares por detenido por día. En contraste, los programas de alternativas a la detención del DHS tienen un costo menor a 5 dólares diarios y, según la propia agencia, son igualmente efectivos para garantizar la comparecencia en los procesos migratorios.
