Por Sarah Betancourt
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Tres demandantes inmigrantes, junto con la Asociación Venezolana de Massachusetts, presentan una demanda federal contra la Administración Trump por la suspensión de un programa de libertad condicional.
Democracy Forward y el Massachusetts Law Reform Institute presentaron la demanda el lunes en el Distrito de Massachusetts, impugnando el fin de la aplicación CBP One, un sistema de citas en línea y el posterior programa de libertad condicional para personas que buscan inmigrar legalmente a Estados Unidos.
La demanda señala que la decisión del gobierno de finalizar CBP One a principios de este año resultó en que inmigrantes “que vivían legalmente en Estados Unidos fueran considerados ‘extranjeros ilegales’ de la noche a la mañana”. Los inmigrantes que ingresaron a través de ese sistema de aplicación perdieron su estatus legal y, técnicamente, son indocumentados. La demanda busca revertir esa decisión para los beneficiarios de la libertad condicional que ya están en Estados Unidos, restaurando la libertad condicional que se les había otorgado.
“Estamos hablando de cientos de miles de personas que perdieron sus empleos, sus hogares y su acceso a alimentos y atención médica, y que ahora incluso enfrentan la amenaza de detención o deportación de regreso a condiciones peligrosas”, dijo Ciro Valiente, portavoz de la Asociación Venezolana de Massachusetts.
Los demandantes dijeron que la decisión de la administración Trump viola la Ley de Procedimientos Administrativos, y que el gobierno solo puede terminar la libertad condicional anticipadamente de manera individual, caso por caso, y no de forma masiva como ocurrió con la cancelación de CBP One.
Lanzado en 2020, el programa CBP One estaba inicialmente destinado a empresas de transporte comercial para programar inspecciones de carga. La aplicación se amplió en 2023 para permitir que los migrantes programaran citas en los puertos de entrada en la frontera sur. Los inmigrantes que buscaban ingresar sin cita generalmente eran rechazados. Durante dos años, casi un millón de personas programaron citas.
Los tres demandantes individuales incluyen a una mujer haitiana que vive en Massachusetts y a la Asociación Venezolana de Massachusetts, que dijo tener al menos 473 beneficiarios de libertad condicional en Massachusetts y casi 5,000 en toda la organización a nivel nacional. Los otros demandantes son una mujer cubana que vive en Texas y una mujer que vive en Ohio, originaria de Venezuela. Los demandantes buscan la certificación de clase para que la decisión del tribunal tenga efecto a nivel nacional.
La demandante individual de Massachusetts, anonimizada como “Olivia Doe”, es una haitiana que ingresó a través de la aplicación y pasó por una inspección de la patrulla fronteriza antes de ser admitida en EE. UU. Su libertad condicional debía continuar hasta el 30 de noviembre de 2026, y también tiene una audiencia pendiente de asilo para diciembre de 2027. Su permiso de trabajo ha sido revocado, junto con su estatus legal.
No está claro cuántos otros inmigrantes llegaron a Massachusetts a través del programa basado en la aplicación y se encuentran en la misma situación. Las miles de personas en todo el país con estatus legal recibieron un correo electrónico del Departamento de Seguridad Nacional en abril que decía: “Es hora de que abandone Estados Unidos". El correo electrónico no incluye ninguna explicación sobre la terminación del estatus de las personas.
“Cumplieron con todas las instrucciones. Hicieron todo lo que se suponía que debían hacer”, dijo Heather Arroyo, abogada senior de inmigración en MLRI. “Esto les fue arrebatado de manera arbitraria".
