Jacob Sweidan ha visto a sus pacientes superar las redadas federales de inmigración de la década de 1990, el pedido de un gobernador para abolir la ciudadanía por nacimiento y las muy publicitadas medidas represivas en el lugar de trabajo y las políticas de separación familiar del primer mandato del presidente Donald Trump.
Pero en sus 40 años como pediatra en el sur de California, atendiendo a personas demasiado pobres para costear la atención médica, incluyendo a muchas familias inmigrantes, Sweidan dijo que nunca había visto semejante baja en las visitas de pacientes como ahora.
“Tienen miedo de venir a las consultas. Cada vez están más enfermos”, dijo Sweidan, quien se especializa en neonatología y dirige cinco clínicas en los condados de Los Ángeles y Orange. “Y cuando están al borde del colapso, van a emergencias porque no tienen otra opción”.
En los últimos dos meses, ha enviado a niños pequeños a salas de emergencias porque sus padres solo se animaron a llamar a su consultorio después de varios días de fiebre alta. Dijo que atendió en una emergencia a un chico de 14 años que estaba al borde de un coma diabético porque se había quedado sin insulina, y sus padres estaban demasiado asustados como para salir a buscar la reposición.
Sweidan había dejado de ofrecer consultas de telemedicina luego de la pandemia de covid-19, pero él y otros profesionales de salud las han restablecido a medida que el aumento de las medidas migratorias empuja a los pacientes sin papeles, e incluso a sus hijos ciudadanos, a una situación aún más sombría.
Los pacientes que necesitan atención médica tienen cada vez más miedo de buscarla después que Trump derogara una política de la era Biden que prohibía a los funcionarios de inmigración realizar operaciones en zonas “sensibles” como escuelas, iglesias y hospitales. Las clínicas y los planes de salud han adoptado medidas similares a las de sus manuales de covid, renovando estrategias probadas para atender a los pacientes que temen salir de casa.
Sara Rosenbaum, profesora emérita de derecho y políticas sanitarias en la Universidad George Washington, comentó que ha escuchado a administradores de clínicas y colegas del sector decir que están experimentando una disminución sustancial en las consultas en persona entre pacientes inmigrantes. “No creo que haya ningún centro de salud comunitario en el país que no esté sintiendo esto”, agregó.
En las clínicas de St. John’s Community Health, en el área de Los Ángeles, que atienden a aproximadamente 30.000 pacientes sin papeles anualmente, las visitas virtuales se han disparado del 8% del total de citas a cerca del 25%, dijo Jim Mangia, su presidente y director ejecutivo.
La organización también está registrando a algunos pacientes para visitas médicas a domicilio, un servicio financiado por donantes privados, y ha capacitado a sus empleados en la lectura de órdenes judiciales.
“La gente no recoge sus medicamentos”, dijo Mangia. “No están viendo al médico”.
Agregó que, en las últimas ocho semanas, agentes federales intentaron acceder a pacientes en una clínica móvil de St. John’s en Downey y apuntaron con un arma a un empleado durante una redada en el Parque MacArthur.
En julio, contratistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) esperaron a un paciente en un hospital del sur de California, y la fiscalía federal acusó a dos trabajadores del centro de salud que, según afirman, interfirieron con los intentos de los agentes de inmigración de arrestar a una persona en un centro de Ontario.
C.S., una inmigrante de Huntington Park sin papeles, dijo que se inscribió en los servicios de visitas domiciliarias de St. John’s en julio porque teme salir.
La mujer de 71 años, que pidió ser identificada solo por sus iniciales por temor a ser deportada, comentó que este año ha salteado análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio. Demasiado asustada para tomar el autobús, faltó a una cita reciente con un especialista para revisar la artritis en sus manos. También es prediabética y sufre de dolor en las piernas después que un auto la atropellara hace unos años.
“Estoy muy preocupada porque si no recibo la atención que necesito, puede empeorar mucho”, dijo. Un médico de la clínica le dio un número para llamar si desea programar una cita por teléfono. Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal no respondieron a las preguntas de KFF Health News en busca de comentarios sobre el impacto de las redadas en los pacientes.
No hay indicios de que la administración Trump tenga la intención de cambiar su estrategia.
Funcionarios federales han buscado frenar temporalmente la orden de un juez que restringe la forma en que realizan las redadas en el sur de California después que defensores de inmigrantes presentaran una demanda acusando a ICE de emplear tácticas inconstitucionales. El 1 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos denegó la solicitud, dejando la orden de restricción vigente.
En julio, supervisores del condado de Los Ángeles ordenaron a las agencias del condado que exploraran la posibilidad de ampliar las opciones de citas virtuales después que el director de servicios de salud del condado observara un “enorme aumento” en las visitas telefónicas y por video.
Mientras tanto, los legisladores estatales de California están considerando una legislación que restringiría el acceso de los agentes de inmigración a lugares como escuelas y centros de salud; el gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, promulgó una ley similar en mayo.
Es probable que los inmigrantes y sus familias terminen utilizando atención médica más costosa en emergencias. Y se espera que los recientes recortes aprobados para Medicaid presionen aún más las salas de emergencia y los hospitales, afirmó Nicole Lamoureux, presidenta de la National Association of Free & Charitable Clinics.
“Las clínicas no solo intentan llegar a las personas que se están alejando de la atención médica antes de que sufran afecciones más graves, sino que la red de seguridad sanitaria se verá afectada debido al aumento de la demanda de pacientes”, dijo Lamoureux.
Mitesh Popat, director ejecutivo de Venice Family Clinic, donde casi el 90% de los pacientes se encuentran en el umbral de pobreza federal o por debajo de él, explicó que el personal llama a los pacientes antes de las citas para preguntarles si planean ir en persona y para ofrecerles la telemedicina como opción, si están nerviosos.
También llaman si un paciente no se presenta cinco minutos después de su cita y ofrecen el servicio de telemedicina de inmediato como alternativa.
La clínica ha experimentado un aumento de aproximadamente el 5% en las visitas de telemedicina durante el último mes, afirmó Popat.
En el Valle de Salinas, una zona con una gran concentración de trabajadores agrícolas hispanohablantes, la Clínica de Salud del Valle de Salinas comenzó a promocionar sus servicios de telemedicina con anuncios de radio en español en enero. Las clínicas también capacitaron a las personas en el uso de Zoom y otras plataformas digitales en ferias de salud y reuniones comunitarias.
CalOptima Health, que cubre a casi uno de cada tres residentes del condado de Orange y es el mayor administrador de beneficios de Medi-Cal en la zona, envió en julio más de 250.000 mensajes de texto a pacientes, animándolos a usar la telemedicina en lugar de renunciar a la atención médica, según informó el director ejecutivo Michael Hunn.
La aseguradora también ha creado una página web con recursos para pacientes que buscan atención por teléfono o entrega de medicamentos a domicilio.
“La comunidad latina se enfrenta a una pandemia de miedo. Están en cuarentena, tal como todos tuvimos que hacerlo durante la pandemia de covid-19”, dijo Seciah Aquino, directora ejecutiva de la Latino Coalition for a Healthy California, un grupo de defensa que promueve el acceso a la salud para inmigrantes y latinos.
Pero sustituir la telemedicina no es una solución a largo plazo, afirmó Isabel Becerra, directora ejecutiva de la Coalición de Centros de Salud Comunitarios del condado de Orange, cuyos miembros reportaron aumentos de hasta un 40% en las consultas de telemedicina durante el último mes.
“Como medida provisional, es muy eficaz”, afirmó Becerra, cuyo grupo representa a 20 clínicas en el sur de California. “La telemedicina tiene sus límites. ¿Qué ocurre cuando se necesitan análisis de laboratorio? No se puede ver una caries a través de una pantalla”.
Esta estrategia también conlleva otros desafíos, como problemas técnicos con los servicios de traducción y pacientes con un dominio limitado de las computadoras o pobre acceso a internet, explicó.
Y no solo los inmigrantes que viven en el país sin papeles tienen miedo de buscar atención médica. En el sureste del condado de Los Ángeles, V.M., una ciudadana naturalizada de 59 años, depende de su compañera de piso para que recoja sus compras y recetas. Pidió que solo se usaran sus iniciales para compartir su historia y la de su familia y amigos por temor a ser blanco de ataques.
Cuando se aventura a salir, ya sea a la iglesia o a su cita mensual en una clínica de reumatología, lleva su pasaporte y mira con recelo cualquier auto con vidrios polarizados.
“Me siento paranoica”, dijo V.M., quien llegó a Estados Unidos hace más de 40 años. “A veces tengo miedo. A veces me siento enojada. A veces me siento triste”.
Ahora hace terapia virtual por su depresión, que comenzó hace 10 años cuando la artritis reumatoide la obligó a dejar de trabajar. Le preocupa su hermano mayor, que tiene hipertensión y ha dejado de ir al médico, y una amiga de la clínica de reumatología, que le pone hielo en las manos y los pies hinchados porque ha faltado a sus citas durante cuatro meses seguidos.
“Alguien tiene que reaccionar o la gente empezará a desmoronarse en las calles y morirá”, dijo.
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