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Harvard cumplirá con una solicitud del gobierno federal para entregar formularios de autorización de trabajo de sus empleados. La universidad informó en un correo electrónico al personal el martes que entregará los formularios I-9 de empleados actuales y recientes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Harvard, el quinto empleador más grande del estado, emplea a cerca de 20,000 personas.
El 8 de julio, Homeland Security emitió un "aviso de inspección" exigiendo los formularios I-9. Este documento federal verifica la identidad del empleado y su elegibilidad para trabajar en Estados Unidos. Incluye el nombre del empleado, dirección, número de seguro social y una declaración sobre su ciudadanía o estatus migratorio.
Las regulaciones federales autorizan al DHS a solicitar los formularios I-9 a los empleadores. Sin embargo, según el abogado de inmigración Dan Berger, este tipo de inspecciones son “poco comunes".
“He practicado derecho migratorio por más de 25 años y probablemente he tenido tres auditorías en todo ese tiempo", comentó.
Esta inspección es la más reciente de una serie de requerimientos administrativos que el gobierno federal ha impuesto a la universidad de Cambridge este año. La administración ha solicitado por separado que Harvard entregue una amplia variedad de documentos sobre sus estudiantes internacionales, incluyendo grabaciones de video de protestas y registros disciplinarios.
En el correo electrónico al personal obtenido por WBUR, Harvard pidió al DHS que confirme que los registros I-9 — una vez entregados — sean “mantenidos de forma segura.” La universidad indicó que por el momento no compartirá los I-9 de empleados estudiantes, pues está “evaluando la posición del gobierno sobre si la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) permite la divulgación de esos registros".
La profesora de Historia de Harvard, Kirsten Weld, considera que la inspección de los I-9 es otro intento de la Casa Blanca para presionar a la universidad a llegar a un acuerdo con el gobierno y mantener la financiación federal.
“Se puede leer como parte de un esfuerzo más amplio para desgastar a la universidad", dijo. “Básicamente, para golpearla y agotarla hasta someterla, haciendo que el costo de no llegar a un ‘acuerdo’ sea demasiado alto para soportarlo".
Se informa que ambas partes han estado negociando para resolver el estatus del financiamiento federal para investigaciones de la universidad. El gobierno ha recortado aproximadamente 2,500 millones de dólares en subvenciones y contratos, alegando que la universidad no abordó adecuadamente el antisemitismo ni frenó los esfuerzos de diversidad en el campus. Harvard presentó una demanda y se espera una decisión de un juez federal.
Recientemente, Harvard ha mostrado disposición para pagar hasta 500 millones de dólares para llegar a un acuerdo con la Casa Blanca, según reportes del New York Times y Associated Press.
La exigencia federal de formularios de empleo también podría generar temor entre los empleados no ciudadanos de Harvard, dijo Weld.
“Creo que lo que busca esta inspección es que la relación laboral con la Universidad de Harvard se sienta intimidante", comentó. “Esto tendrá un efecto de miedo y paralización en todos los tipos de trabajadores del campus, desde empleados de comedores hasta profesores y estudiantes empleados".
Esto incluye a empleados con Estatus de Protección Temporal (TPS), una designación que permite a extranjeros de ciertos países con condiciones inseguras —como desastres naturales o conflictos armados— permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación. Un informe de 2021 de la Harvard Temporary Status Coalition estimó que unos 200 empleados de la universidad trabajaban bajo este estatus, según The Harvard Crimson.
Cuando se le preguntó por qué solicitó los registros, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió a WBUR una copia de una declaración que la secretaria del departamento, Kristi Noem, publicó en Facebook al hacer la solicitud.
“Si Harvard no defiende los intereses de sus estudiantes, nosotros lo haremos", dijo Noem. “Intentamos hacerlo fácil con Harvard. Ahora, por su negativa a cooperar, tendremos que hacerlo de la manera difícil".
No existe una base de datos pública que documente el total anual de inspecciones I-9 realizadas. Abogados han señalado que hubo un aumento en estas inspecciones durante el primer mandato de Trump y esperan un repunte similar ahora.
En enero, el DHS aumentó las multas para empleadores que no cumplan con las regulaciones I-9. Esto significa que si se encuentra un error administrativo en la documentación de Harvard, la universidad podría enfrentar multas de casi 3,000 dólares por cada violación.
El presidente de Harvard, Alan Garber, dijo que anticipa una pérdida de hasta 1,000 millones de dólares anuales debido al impacto combinado de las acciones de la administración Trump.
