Por Sarah Betancourt
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Vitor Lopes Ramiro es tímido, callado pero sincero mientras entrelaza las manos sobre la mesa de una firma de abogados en Boston.
El joven de 21 años fue liberado recientemente de un centro de detención federal de inmigración. “Cada momento temía ser deportado a Brasil”, dijo en portugués brasileño a través de un intérprete.
Lopes Ramiro es uno de muchos jóvenes inmigrantes en Massachusetts y en todo el país que cuentan con una protección legal conocida como Estatus de Inmigrante Juvenil Especial, o SIJ por sus siglas en inglés. Según defensores, como parte de un esfuerzo continuo para aumentar las deportaciones, la administración de Trump ahora está enfocándose en detener a jóvenes con este estatus.
“Están probando nuevos métodos para cumplir con sus cuotas — es más fácil enfocarse en personas que están siguiendo las reglas”, dijo Carol Rose, directora ejecutiva de la ACLU de Massachusetts, que forma parte del equipo legal de Lopes Ramiro.
En Massachusetts, al menos 5,000 personas tienen Estatus de Inmigrante Juvenil Especial.
El SIJ requiere presentar una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional.
Para recibir esta protección humanitaria, los solicitantes menores de 21 años deben demostrar que fueron abusados, descuidados o abandonados por uno o ambos padres, y que lo mejor para ellos es permanecer en Estados Unidos. El solicitante debe ser menor de 21 años, no estar casado y haber sido declarado dependiente por un tribunal de familia estatal. Dicho tribunal emite un fallo sobre la situación familiar antes de que se presente la solicitud ante USCIS. La reunificación con uno o ambos padres debe ya no ser una opción viable debido a negligencia o abuso. Una vez otorgado el SIJ, los beneficiarios pueden solicitar eventualmente la residencia permanente (green card).
El estatus SIJ fue creado en 1990 por el Congreso bajo la presidencia del republicano George H. W. Bush.
"No estaba aquí ilegalmente"
Lopes Ramiro salió de Brasil a los 19 años, cruzó la frontera cerca de El Paso el verano pasado y fue entrevistado por un agente de inmigración que lo dejó ingresar a Estados Unidos tras determinar que su temor de regresar a Brasil era creíble. Viajó solo, huyendo de lo que su abogada describió como un “abuso severo” por parte de un familiar en Brasil. Eligió Massachusetts porque tenía familia aquí y, según dijo, no había nadie en Brasil a quien pudiera acudir.
Para junio de este año, ya tenía una solicitud de asilo pendiente, estatus SIJ (Inmigrante Juvenil Especial) y otro estatus legal llamado acción diferida. Bajo la Administración Biden, la acción diferida se otorgaba con frecuencia a beneficiarios de SIJ para protegerlos de la deportación mientras sus casos avanzaban. Sin embargo, el 6 de junio, USCIS revocó esa política.
El 16 de junio, Lopes Ramiro recibió un mensaje de texto de un agente de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), indicándole que debía presentarse a una cita no programada previamente en el centro de procesamiento de ICE en Burlington.
Él quería “seguir las reglas”, así que se presentó, y fue detenido. Horas después, fue trasladado a un centro de detención de ICE en el condado de Plymouth. Aun así, no sabía por qué estaba allí y no pudo comunicarse con su familia ni con un abogado durante más de un día. Lopes Ramiro contó que fue sometido a una requisa corporal y luego durmió en una unidad con otros 40 hombres, presenciando peleas entre detenidos muy cerca de él. Dijo que se sentía ansioso porque no podía alejarse de esa situación.
Debido al cambio de política de USCIS, perdió su estatus de acción diferida mientras estaba detenido en Plymouth, lo que aumentó su riesgo de ser deportado.
"Observé una total falta de respeto por el proceso y las leyes que existen actualmente”, dijo la abogada Annelise Araujo sobre por qué decidió tomar el caso de Lopes Ramiro. “Estamos hablando de alguien que tenía dos estatus legales: el de inmigrante juvenil especial y el de acción diferida. Y aun así fue arrestado, sin que le dieran ninguna razón".
Araujo y la ACLU de Massachusetts presentaron una petición federal de habeas corpus, argumentando que se violaron los derechos al debido proceso de Lopes Ramiro debido a su presunto arresto ilegal.
Mientras esperaba su audiencia de fianza, el juez Brian Murphy, del Distrito de Massachusetts, bloqueó que ICE lo trasladara a otro estado —una práctica que ya ha afectado a otros inmigrantes en situaciones similares.
El gobierno alega fraude entre jóvenes
ICE no respondió a las solicitudes de comentarios, pero un informe publicado la semana pasada por la división de fraude de USCIS arroja luz sobre el nuevo enfoque del gobierno hacia los beneficiarios del estatus SIJ.
La agencia alega un aumento en los casos de fraude de edad e identidad, así como declaraciones falsas sobre el maltrato parental. El informe señala que la pandilla MS-13 representa “una amenaza significativa” dentro del programa, indicando que más de 500 miembros conocidos o sospechosos de la pandilla han recibido estatus SIJ desde 2013.
Entre los años fiscales 2021 y 2025, los cuatro estados con más solicitudes de SIJ fueron Nueva York, California, Massachusetts y Maryland, y el 60% de los solicitantes tenía más de 18 años.
El informe también destaca que Guatemala, El Salvador y Honduras representan casi tres cuartas partes de todos los beneficiarios del estatus SIJ — países afectados por crisis económicas, políticas y por la violencia de pandillas.
Aunque no se ha anunciado oficialmente un cambio de política respecto al SIJ, el comunicado de prensa de USCIS que acompañó al informe sugiere que todos los casos de SIJ están ahora bajo revisión. La eliminación de la acción diferida para solicitantes y beneficiarios de SIJ también es una señal de este cambio.
“Extranjeros criminales están infiltrándose en EE.UU. a través de un programa diseñado para proteger a menores abusados, descuidados o abandonados", dijo Matthew Tragesser, vocero de USCIS, en el comunicado. “Este informe expone cómo los grupos pro fronteras abiertas y los jueces activistas están explotando vacíos legales en nombre de ayudar a niños indefensos".
Un día antes de que se cancelara la acción diferida para beneficiarios de SIJ, la senadora Elizabeth Warren, el representante Jim McGovern y otros legisladores enviaron una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exigiendo explicaciones sobre los cambios significativos en el programa.
“Escribimos para expresar nuestra preocupación por los recientes cambios en las decisiones de acción diferida para jóvenes con estatus de inmigrante juvenil especial, y para solicitar más información sobre la política y los procesos de adjudicación de SIJS", escribieron. “Desde principios de abril, los beneficiarios han estado recibiendo aprobaciones sin determinaciones de acción diferida. Esto deja a jóvenes abusados y abandonados en un limbo legal y los vuelve más vulnerables a la explotación".
El gobierno cambia su argumento para mantener detenido a un beneficiario de SIJ
Los abogados de Lopes Ramiro afirman que él no tiene antecedentes penales ni en EE.UU. ni en Brasil. GBH News revisó registros judiciales locales, estatales y federales, y no encontró evidencia ni mención de conducta delictiva.
Araujo dijo que el gobierno cambió su justificación legal para detener a Lopes Ramiro justo antes de su audiencia de fianza esta semana — inicialmente diciendo que querían expulsarlo del país mediante deportación acelerada, lo cual no le permitiría ver a un juez de inmigración, para luego cambiar a detención obligatoria, una política reciente bajo la cual la mayoría de los inmigrantes detenidos no tienen derecho a fianza.
En documentos judiciales revisados por GBH News, el gobierno admite que Lopes Ramiro tenía dos estatus migratorios válidos al momento de su arresto, y que al llegar a la frontera "solicitó una evaluación de temor creíble y un oficial de inmigración determinó positivamente en su favor".
El juez Murphy ordenó su liberación bajo fianza y fijó una audiencia para este otoño para evaluar el resto de la demanda de habeas corpus. Lopes Ramiro sigue en proceso de deportación.
Dice que quiere volver a trabajar en la construcción de edificios comerciales y escuelas. Agregó que su empresa “lo apoya mucho” en su deseo de estudiar para convertirse en operador de maquinaria. Pero desde que salió del centro de detención, su ansiedad ha aumentado.
“Tengo mucho miedo por la forma en que me arrestaron", dijo. “No sé si me verán en la calle y me arrestarán, llevándome a un lugar desconocido, como ya lo hicieron".
