Desde que el presidente electo, Donald J. Trump, asumió su puesto, se han registrado aproximadamente 139,000 deportaciones hasta finales de abril, según el National Immigration Forum.
Como parte de su agenda política, el presidente Trump ha mostrado un fuerte interés en deportar a inmigrantes por motivos de seguridad y patriotismo, alegando que existe un supuesto vínculo de los inmigrantes con actos delictivos en el país. Sin embargo, medios de comunicación nacionales han documentado que inmigrantes sin actividad delictiva, tales como, estudiantes internacionales con visas de estudio, trabajadores con visas laborales e incluso ciudadanos estadounidenses han sido detenidos por ICE (Immigration and Customs Enforcement, en inglés). Esta misma agencia ha sido responsable de separar a los hijos de inmigrantes nacidos en EE. UU., dejándolos sin su familia inmediata y sin tan siquiera una despedida.
A raíz de esta agenda, estrechamente ligada a la política económico-social del presidente Trump, surgen inevitablemente preguntas fundamentales: ¿Qué consecuencias tendría la continuidad de estas deportaciones masivas en la economía estadounidense?
Los inmigrantes como motor económico
Los inmigrantes, con o sin estatus legal, aportan miles de millones de dólares a la economía de EE. UU. cada año. A pesar de la narrativa política que con frecuencia los presenta como una carga, los datos muestran lo contrario: los inmigrantes sostienen servicios públicos, enriquecen el mercado laboral, promueven el emprendimiento y son parte importante de la economía agrícola, entre otras actividades económicas de la nación.
Según el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP, por sus siglas en inglés)), los inmigrantes indocumentados pagaron más de $96.7 mil millones en impuestos en 2022. Solo ese año, aportaron $59.4 mil millones al gobierno federal y $37.3 mil millones a gobiernos estatales y locales. De otorgarles autorización laboral formal, la recaudación podría aumentar a $40.2 mil millones anuales, alcanzando un total de $136.9 mil millones.
En 2023, los 47.8 millones de inmigrantes, con estatus legal o no, pagaron en total $652 mil millones en impuestos. Según el Pew Research Center, en febrero de 2024 la población extranjera en EE. UU. alcanzó los 51.4 millones, representando el 15.5 % del total nacional.
En cuanto al poder adquisitivo, en 2022 los inmigrantes indocumentados generaron cerca de $254 mil millones en ingresos, según el Council on Foreign Relations (CFR, por sus siglas en inglés)). Además, el American Immigration Council reportó que casi el 29 % de los nuevos emprendimientos en EE. UU. son fundados por inmigrantes, un incremento del 22.5 % en 2003 al 28.9 % en 2020.
Consecuencias económicas de las deportaciones
Expertos alertan sobre las serias consecuencias de las propuestas de deportación a gran escala promovidas por el presidente Donald J. Trump. Según un análisis de Axios, expulsar a millones de inmigrantes:
- Reduciría la recaudación fiscal federal en más de $20 mil millones
- Provocaría escasez de mano de obra en sectores como la agricultura, la construcción, la salud y la tecnología
- Disminuiría el Producto Interno Bruto (PIB, en inglés) y frenaría el crecimiento económico
Inclusive, The Washington Post advierte:
“Estados Unidos puede enfrentar un cambio histórico en los patrones de inmigración en 2025... Los economistas advierten que esta salida neta podría forzar la economía al exacerbar la escasez de mano de obra y avivar la inflación, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería.”
En contraste, países como Canadá y Alemania han adoptado políticas migratorias más estratégicas e inclusivas. Canadá utiliza un sistema de puntos que prioriza la educación, habilidades y dominio del idioma, integrando a los inmigrantes como inversión económica. Alemania ha facilitado rutas legales para trabajadores calificados, especialmente en salud, ingeniería y tecnología.
Mientras tanto, en EE. UU., las deportaciones indiscriminadas están provocando vacíos laborales, caída en la productividad y tensiones legales, debilitando precisamente la economía que estas políticas dicen querer proteger.
Implicaciones constitucionales y nuevo fallo de la Corte Suprema
Más allá del impacto económico, el daño más grave recae sobre los inmigrantes deportados. El presidente Trump ha invocado leyes de guerra coloniales, como el Alien Enemies Act, para deportar rápidamente a cientos de venezolanos a El Salvador, específicamente a la prisión CECOT, sin audiencia, ni posibilidad real de apelación. Esas actuaciones son de dudosa constitucionalidad. Según las Enmiendas V y XIV de la Constitución de EE. UU., “ninguna persona puede ser privada de vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal.” La Corte Suprema ha reiterado que incluso los inmigrantes indocumentados tienen derecho a procesos justos, lo cual incluye notificaciones, audiencias y apelaciones.
Sin embargo, el 27 de junio de 2025, la Corte Suprema, en una decisión de 6–3, resolvió que los jueces federales no tienen disponibles los interdictos universales para paralizar la implementación de las órdenes ejecutivas a nivel nacional. Es decir, a partir de esta decisión, un juez federal ya no puede bloquear nacionalmente una política migratoria, sino que únicamente puede emitir una orden interdictal a favor de las partes que se lo soliciten.
Esto debilita la capacidad del sistema judicial para frenar rápidamente políticas migratorias agresivas, y fragmenta la aplicación de derechos: en un estado se podría frenar una medida, mientras que en otro la misma política seguiría vigente. Aunque el derecho al debido proceso se mantiene en teoría, su defensa ahora depende de acceso jurídico, recursos legales y organización colectiva.
La jueza conservadora Amy Coney Barrett, autora de la opinión mayoritaria, basó su decisión en un análisis histórico legal, sosteniendo que el los interdictos universales no estaban disponibles como remedios en equidad. "La orden judicial universal estuvo conspicuamente ausente durante la mayor parte de la historia de nuestra Nación…Los tribunales federales no ejercen una supervisión general sobre el Poder Ejecutivo; resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que el Congreso les ha otorgado".
Sin embargo, la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor emitió una fuerte opinión disidente en la cual advirtió sobre el peligroso precedente establecido: “Según esta decisión, la orden ejecutiva puede aplicarse indiscriminadamente, y los tribunales federales quedarán incapacitados para detener sus efectos de manera general. Hasta que cada persona afectada logre convertirse en parte del litigio y obtenga una orden judicial, el Gobierno podrá actuar ilegalmente indefinidamente.” Además, dijo: “Ningún derecho está seguro bajo el nuevo régimen legal que crea la Corte. Hoy, la amenaza es contra la ciudadanía por nacimiento. Mañana, otra administración podría intentar confiscar armas a ciudadanos respetuosos de la ley o impedir que personas de ciertas religiones se reúnan para adorar.”
Estas posturas reflejan dos visiones profundamente distintas: una centrada en los límites formales del poder judicial, y otra en la defensa sustantiva de los derechos individuales frente a posibles abusos del Ejecutivo. Aunque el derecho al debido proceso sigue vigente constitucionalmente, su defensa ahora depende de recursos legales, representación jurídica y acción colectiva, lo cual podría generar desigualdades regionales en la aplicación de la justicia, así como una muy pesada y costosa carga para las partes afectadas por las órdenes ejecutivas.
A pesar de esta nueva limitación judicial, los derechos constitucionales fundamentales no desaparecen. Siguen existiendo protecciones mínimas que todas las agencias del gobierno federal, incluyendo ICE, están obligadas a respetar. Incluso bajo un entorno legal más restrictivo, hay principios que no pueden ser ignorados ni suspendidos.
ICE no puede deportar a personas sin antes garantizar:
- Acceso a un abogado
- Audiencia ante un juez
- Tiempo razonable para apelar
- Respeto a órdenes judiciales de suspensión de deportación (o stays, en inglés)
- Protección contra detenciones arbitrarias por apariencia o idioma, según la Cuarta Enmienda
¿Qué hacer si ICE no cumple con la ley?
- Contactar a un abogado de inmigración inmediatamente
- Reportar el caso a organizaciones como:
- ACLU (American Civil Liberties Union)
- NILC (National Immigration Law Center)
- ILRC (Immigrant Legal Resource Center)
Los inmigrantes no solo pagan impuestos; también crean empresas, llenan vacíos laborales, impulsan la innovación y sostienen programas sociales como el Seguro Social y Medicare. Propuestas de deportación masiva no solo atentan contra los derechos humanos, sino que podrían debilitar seriamente la economía nacional.
Ahora, más que nunca, se necesita vigilancia legal, organización comunitaria y una defensa colectiva firme. Porque más allá de las cifras, las estadísticas y los fallos judiciales, están las vidas reales de millones de personas que han construido este país con su trabajo, su cultura y su resiliencia.
