Por Sarah Betancourt
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Margarita huyó de Honduras hacia Estados Unidos en 2014, escapando de la violencia de género ejercida por un tío que la acosaba y amenazaba físicamente.
“Tenía miedo de lo que me pudiera hacer a mí y a mis hijas”, contó. Margarita pidió usar solo su primer nombre por temor a represalias si su apellido se hace público en Honduras.
Desde que llegó a Boston, ha tenido una hija nacida en EE.UU., que ahora tiene nueve años, y trabaja en la preparación de alimentos y como conserje en restaurantes locales. Lo que debería ser un refugio seguro se ha vuelto una realidad inestable bajo la segunda administración Trump, que está intensificando la búsqueda de inmigrantes para detenerlos y deportarlos bajo políticas de deportaciones masivas.
Margarita se presenta regularmente a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Burlington, Massachusetts, como parte de un proceso obligatorio para inmigrantes en proceso de deportación. Desde hace años, estas personas deben presentarse al menos una vez al año; si no lo hacen, ICE puede emitir una orden de arresto y proceder con su deportación.
En marzo, tras una de estas visitas, le colocaron un grillete electrónico en el tobillo para monitoreo por GPS, a pesar de que nunca ha cometido un delito, según ella misma afirma.
Margarita intentó obtener asilo hace años, pero su solicitud fue rechazada. Su abogado le notificó más de seis meses después, lo que le impidió apelar. Desde entonces, está en proceso de deportación, aunque nunca le han dado una fecha específica para salir del país por cuenta propia.
Con el aumento de las detenciones recientes y las noticias de miembros de la comunidad siendo deportados, Margarita vive con miedo.
“Tengo miedo porque los problemas por los que vine todavía existen en Honduras”, dijo. “Aquí, con mis dos trabajos, pago la renta, lo que necesitamos, comida. No tenemos mucho, pero tenemos lo necesario".
Para ir a sus citas, toma varios autobuses hacia Burlington, un viaje de casi dos horas en cada dirección. Muchas veces lleva a su hija menor, por temor a una separación. Allí firma un documento que confirma su asistencia al programa de supervisión intensiva de ICE. Estas citas le cuestan días enteros de trabajo.
Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, una organización sin fines de lucro que apoya los derechos de inmigrantes, ha estado ayudando a Margarita. La han acompañado a sus citas, contactado a líderes electos sobre su caso y buscan reunirse con la gobernadora Maura Healey.
“Ella regresaría a un país peligroso para mujeres y niñas. Honduras tiene uno de los niveles más altos de feminicidios”, dijo Montes.
Margarita no es la única con miedo de asistir a sus citas. Centro Presente siempre ha aconsejado cumplir con la ley, pero el clima político ha sembrado terror.
"Muchas de nuestras clientas—mujeres y niñas—tienen miedo de ir a la corte, miedo de ir a sus citas con ICE porque temen ser detenidas".
Montes recordó el caso reciente de una madre salvadoreña con una hija de nueve años, que fue detenida en su cita en Burlington y deportada al día siguiente.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió el programa de supervisión intensiva (ISAP), afirmando que todos los inmigrantes reciben el debido proceso. Un portavoz afirmó que quienes son arrestados ya tienen órdenes finales de deportación y no han cumplido con su salida voluntaria.
“Si estás en el país ilegalmente y un juez ha ordenado tu salida, eso es exactamente lo que pasará”, afirmó el comunicado. Según el DHS, bajo la administración Biden, miles de inmigrantes con antecedentes violentos y órdenes finales de deportación fueron puestos bajo supervisión en vez de ser detenidos inmediatamente.
Montes asegura que su organización recibe muchas llamadas de madres solteras sin antecedentes criminales, que temen ser deportadas y separadas de sus hijos ciudadanos estadounidenses.
“Están aterradas. Lo que más les preocupa es la separación familiar. Tienen miedo de regresar a países donde no se sienten seguras, y también de dejar a sus hijos aquí”, dijo. Muchas preferirían ser deportadas junto con sus hijos ante el temor de que las leyes actuales les quiten la custodia.
La oficina de la congresista Ayanna Pressley confirmó que ha estado en contacto con Centro Presente y apoya el caso de Margarita.
“La congresista defiende el derecho al debido proceso para nuestras comunidades y familias inmigrantes. Las tácticas de ICE son, sin duda, terroríficas”, expresó un portavoz.
Con tantas políticas migratorias que afectan directamente a mujeres y niños, Montes dice que quiere ver a la gobernadora actuar.
“No tenemos una gobernadora que esté reuniéndose con la comunidad—especialmente con mujeres y niñas”, dijo. "No hay una política de inmigración a nivel estatal que esté protegida y tenga una perspectiva de género y justicia".
Adam Bejtlich, voluntario de Boston Immigration Justice Accompaniment Network, ha empezado a acompañar a personas a sus citas con ICE. Contó que llevó a un hombre a su cita, pero no pudo quedarse porque no era abogado. El hombre tenía un grillete a pesar de que un juez dijo que no era necesario.
"Solo soy alguien que quiere ayudar a las personas cuando tienen miedo”, dijo Bejtlich. “Esto no era algo que solía dar miedo".
Acompaña también a otra persona que teme ser detenida en su próxima cita.
Los reportes indican que la cantidad de personas detenidas por ICE ha aumentado, pasando de 1,000 a 3,000 al día en algunas regiones.
“Creo que lo único que realmente importa es el miedo. Esa sensación de aleatoriedad. Ponerle una cuota solo es otra forma de asustar”, dijo Bejtlich.
“Mi motivación principal es que la deshumanización de los demás tiene que parar. Tenemos que empezar a preocuparnos por los demás".
Margarita dice que ya ha organizado la custodia de su hija en caso de que tengan que irse voluntariamente, y que compraría los boletos por su cuenta. No quiere ser detenida como otras personas; quiere tener la autonomía de irse junto a su hija.
Espera que su esfuerzo por quedarse en EE.UU. tenga éxito, ya que lleva aquí una década. En general, si un inmigrante indocumentado demuestra que ha vivido en EE.UU. durante 10 años, sin antecedentes penales, y que su deportación causaría dificultades extremas a un ciudadano estadounidense, puede tener la oportunidad de quedarse.
“Cuando mi hija se enteró de lo que estaba pasando, lloró, se deprimió, no quería ir a la escuela, decía que no quería ir”, contó Margarita. Le ha dicho a su hija que ahora todo “está en manos de Dios”.
