El 30 de mayo, el Tribunal Supremo facultó a la administración Trump para revocar el estatus de protección temporal a un gran número de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Esta decisión afecta a a más de 500,000 personas que viven actualmente en Estados Unidos bajo protección legal.
La decisión no fue unánime. Los jueces Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor disintieron, con el juez Jackson criticando el daño potencial a los inmigrantes cuyas vidas se enfrentan a la interrupción.
Inicialmente, el programa ofrecía una prórroga de dos años debido a problemas como la inestabilidad económica y los disturbios políticos en sus países de origen.
Sin embargo, la Administración Trump afirma que la presencia de estos migrantes no se alinea con los intereses nacionales, argumentando en contra de la adjudicación judicial de esta política. La sentencia se produjo en respuesta a una petición urgente de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y marca el fin temporal de un programa que concedía permisos temporales de residencia y trabajo a estos migrantes.
Los defensores de los inmigrantes advierten que quitar estas protecciones podría llevar a que muchas personas queden ilegales en Estados Unidos. Dicen que estas personas tienen trabajos muy importantes en sectores como la salud, la construcción y las fábricas. También explican que muchas empresas que hacen piezas para carros necesitan especialmente a estos trabajadores.
El caso avanzó hasta el Tribunal Supremo tras un fallo de la jueza de distrito de Massachusetts Indira Talwani, quien había declarado previamente que la administración Trump no podía revocar el estatus de los migrantes sin revisar sus circunstancias individuales.
Antes de esto, un tribunal de apelaciones en Boston detuvo los planes del gobierno por estar de acuerdo con el juez de Massachusetts en que actuar de forma tan rápida y sin razones claras no está justificado.
La sentencia del Tribunal Supremo cumple los objetivos inmediatos de la Administración Trump.
