Por Paola Sardiña
Mientras Marco Rubio asegura que se respeta el debido proceso, los primeros 100 días de Donald Trump demuestran lo contrario. Muy lejos de las promesas de orden y legalidad, lo que hemos visto en este arranque de administración es un ataque sistemático a las garantías mínimas que protegen a inmigrantes —y, de paso, a cualquiera que crea en la justicia como un derecho, no un favor.
Mientras en público la Casa Blanca difunde fotos de presuntos "criminales" deportados como trofeos, en los tribunales se libra una batalla más silenciosa, pero mucho más peligrosa: la erosión deliberada del debido proceso.
La línea que se cruza en nombre de la "eficiencia"
Trump no necesitó imágenes de redadas masivas ni caravanas de deportados para empezar a cambiar las reglas. Desde invocar una ley de 1798 para expulsar migrantes acusados —sin pruebas claras— de tener vínculos con pandillas, hasta recortar los programas de asistencia legal para niños no acompañados, su estrategia ha sido menos ruidosa pero mucho más eficaz.
En nombre de la eficiencia, su equipo defiende que no todos los inmigrantes merecen una audiencia, ignorando que el derecho a ser escuchado no depende de la conveniencia política.
¿Un ejemplo de esto? El caso de Kilmar Abrego García, deportado por error a El Salvador pese a una orden judicial que prohibía su expulsión. ¿Qué hizo el gobierno tras admitir su error? Se negó a traerlo de vuelta, desafiando incluso al Tribunal Supremo. Y no es un hecho aislado: ciudadanos estadounidenses han sido arrastrados en este torbellino de deportaciones exprés, dejando claro que cuando se erosiona el debido proceso para unos, se erosiona para todos.
Las imágenes que la Casa Blanca publicó —presos tatuados, celdas sobrepobladas— buscan construir un relato de urgencia y miedo. Pero detrás de esa narrativa hay realidades mucho más matizadas: no todos los deportados tenían historial criminal, y en muchos casos, las acusaciones de afiliación a pandillas no pasaban de ser rumores no verificados.
Así, se normaliza el mensaje de que cualquiera puede ser privado de sus derechos si "parece" culpable, sin necesidad de un juicio justo.
La embestida contra el debido proceso no es improvisada. Trump y sus asesores, liderados por Stephen Miller, pasaron años preparando el terreno para este ataque legal, conscientes de que los cambios en los tribunales pueden ser más duraderos que cualquier decreto.
Si logran consolidar esta visión donde el gobierno decide quién merece derechos y quién no, el daño al sistema legal estadounidense podría ser irreversible. Y lo más preocupante: podría terminar afectándonos a todos, no sólo a quienes cruzan la frontera.
