Ocho universidades de Massachusetts se encuentran entre las 40 acusadas
Ha surgido una importante demanda colectiva federal contra 40 universidades privadas de renombre. Se acusa a estas prestigiosas instituciones de inflar en colaboración las cargas financieras de los estudiantes mediante prácticas cuestionables de ayuda financiera.
La demanda
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Illinois, alega que estas universidades conspiraron para incluir indebidamente los bienes de los padres no custodios en los cálculos de las ayudas financieras. Esta acción legal, que representa a un estudiante de la Boston University y a un antiguo alumno de la Universidad de Cornell, pretende cuestionar lo que los demandantes sostienen que es una táctica ilegal que incrementó los costes de las matrículas.
Los implicados
Entre las partes implicadas se encuentran todas las escuelas de la Ivy League, excepto la Princeton University, junto a destacadas instituciones como la Northwestern University, la Duke University, la Stanford University y la Johns Hopkins University. El College Board, también implicado, está acusado de elaborar la estrategia de ayuda financiera impugnada.
Según la demanda, las universidades acusadas colaboraron exigiendo a los padres no tutores que revelaran detalles financieros, lo que en la práctica elevó los gastos exigidos a los estudiantes. Los demandantes sugieren que, en ausencia de este supuesto acuerdo, las universidades podrían haber competido para ofrecer mejores paquetes de ayuda financiera, reduciendo así potencialmente los costes.
Más datos
Un componente clave de la demanda se centra en el Perfil CSS del College Board, un formulario de ayuda financiera en uso desde 2006. Los demandantes afirman que este método requiere evaluar los bienes del progenitor no custodio, lo que contraviene ciertas directivas de los tribunales de divorcio.
Los documentos legales revelan que esta metodología, empleada de forma destacada por las universidades demandadas, se aglutina en un enfoque unificado para fijar la ayuda financiera, lo que supuestamente eleva los precios en unos 6.200 dólares en comparación con instituciones similares que no aplican este modelo.
Steve Berman, socio gerente del bufete Hagens Berman, señaló: «La carga financiera de la universidad hoy en día es considerable, y creemos que nuestros abogados antimonopolio han descubierto un profundo factor que contribuye a los costes de la enseñanza superior.» Expresó su preocupación por los estudiantes afectados, en particular los de familias divorciadas, que podrían recibir inadvertidamente ayudas reducidas en comparación con un mercado de ayudas competitivo.
El College Board ha respondido con confianza para superar estas demandas. La New York University, entre las demandadas, calificó la demanda de carente de fundamento y se comprometió a defender firmemente sus políticas de ayuda financiera. Otras universidades han guardado silencio, siguiendo los protocolos relativos a los asuntos legales en curso.
A medida que avanzan los procedimientos judiciales, el caso llama la atención sobre las posibles repercusiones más amplias en las prácticas de evaluación de la ayuda financiera, más allá de las universidades acusadas. Este litigio pone de relieve la intrincada dinámica entre las políticas institucionales, la asignación de ayudas y la escalada de los costes de la enseñanza superior.
