Una pareja cuyos hijos fueron retirados de su hogar en medio de la noche ha despejado un obstáculo legal en su demanda federal contra un puñado de empleados del Departamento de Niños y Familias de Massachusetts y oficiales de los policía de Waltham por violar sus derechos civiles.
Josh Sabey y Sarah Perkins denuncian que sus derechos civiles fueron violados cuando las autoridades irrumpieron en su casa sin una orden judicial y se llevaron a sus dos hijos, Clarence (3 años) y Cal (4 meses).
Los padres Sabey y Perkins compartieron por primera vez su historia con el medio NBC10 Boston en septiembre de 2022. “Lo que está en juego aquí son estas protecciones constitucionales fundamentales”, dijo Daniel Woislaw, abogado de Pacific Legal Foundation, la firma sin fines de lucro que representa a la familia.
“Lo que la ciudad ha hecho y lo que los oficiales hicieron es que llegaron a la casa y amenazaron con entrar y llevarse a los niños. Sin orden judicial. Sin una emergencia. Y sin, realmente, ninguna prueba en absoluto de maltrato infantil”. Las agencias gubernamentales habían presentado mociones para desestimar el caso, argumentando que los trabajadores públicos estaban protegidos por la inmunidad cualificada. Sin embargo, la juez Patti Saris determinó que el caso debía seguir adelante. “Es una gran victoria superar este obstáculo e intentar proteger a la gente de las extralimitaciones del gobierno”, declaró Sabey.
El calvario de los padres comenzó en julio de 2022, cuando llevaron a su hijo de 4 meses, Cal, al hospital con fiebre alta. Las pruebas realizadas por los médicos revelaron una fractura de costilla casi curada. Contribución La radiografía de la lesión costal de Cal Los padres no tenían ninguna explicación para la lesión de Cal, lo que llevó al personal sanitario a avisar al DCF. Perkins permaneció en el hospital mientras los médicos realizaban más pruebas y los trabajadores sociales la interrogaban sobre las circunstancias.
Trabajadores de la salud especializados en maltrato infantil emitieron declaraciones indicando que ciertas lesiones en los bebés; incluyendo costillas rotas, inmediatamente despiertan sospechas y pueden desencadenar una evaluación en profundidad.
Los médicos están obligados por ley a informar de sospechas de abuso o negligencia infantil al DCF. Tras horas de escrutinio y pasar la noche en el hospital Newton-Wellesley, la madre se marchó con su hijo. La familia pensó que la pesadilla había terminado, hasta que unos visitantes inesperados llegaron a su puerta en la madrugada.
La policía y los trabajadores del DCF estaban allí para realizar un traslado de emergencia de los dos niños. No proporcionaron a los padres ningún documento que justificara la drástica decisión.
Se registró en un vídeo grabado con un teléfono móvil cuando Clarence, de 3 años, grita asustada por irse con unos desconocidos en mitad de la noche.
En la demanda se alegan varias infracciones constitucionales, como registro e incautación ilegales y privación de la patria potestad sin las debidas garantías procesales.
Según la investigación inicial del DCF no se encontró pruebas de maltrato doméstico, ni llamadas de la policía a la casa de los padres, ni pruebas de abuso de sustancias, ni preocupaciones del pediatra que había visto regularmente a ambos niños.
Un portavoz de DCF dijo que la agencia no hace comentarios sobre la legislación pendiente, y todavía no hemos recibido una respuesta de la Ciudad de Waltham.
Tras la investigación original de NBC10 Boston, un legislador del estado de Massachusetts propuso otra capa de supervisión antes de que los trabajadores del DCF puedan hacer un traslado de emergencia de los niños.
La legislación presentada por el Rep. Joan Meschino, D-Plymouth, requeriría que los trabajadores de DCF para obtener su firma antes de retiros de emergencia se realizan durante las horas en que los tribunales están cerrados, similar a una orden de registro u orden de restricción.
“Me siento muy afortunada de que estamos en condiciones de poder hacer algo, para tratar de hacer cumplir las protecciones constitucionales básicas para las familias que la gente no puede venir a su casa sin papeles y tomar a sus hijos”, afirma Perkins.
