“Sí, absolutamente”. Esa fue la respuesta que Pedro Manosalvas, director del Observatorio de Seguridad Nacional de Ecuador, le dio a El Tiempo Latino, cuando se le preguntó si la crisis en Ecuador implica que la democracia en el país corre riesgo, considerando la ola de atentados y disturbios generados por grupos de delincuencia organizada.
El lunes, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción, que incluye un toque de queda nocturno y la suspensión del derecho de reunión durante 60 días, luego de que la situación en ese país sufriera una escalada de violencia, que tiene en jaque a la sociedad como pocas veces se vio.
El estallido de la crisis y las medidas del gobierno de Ecuador
La decisión del Jefe de Estado fue una respuesta a la fuga de la cárcel de Adolfo Macías, alias “Fito”, el líder de una banda criminal local a la que las autoridades atribuyen nexos con el cartel mexicano de Sinaloa y que cumplía una condena de 36 años de cárcel por asesinato, narcotráfico y otros delitos.
Sin embargo, el escape del jefe criminal fue apenas la punta de un iceberg que se viene formando hace más de 35 años y que en los últimos seis comenzó a manifestarse con fuerza.
Una situación que embarcó a Ecuador en una crisis de violencia, inseguridad y récords de homicidios año a año, que por ahora parece no tener solución.
Después de los violentos episodios del martes, que dejaron como saldo al menos 10 muertos, el mandatario ecuatoriano decretó además un “conflicto armado interno”, que incluye la movilización del ejército en todo el país. En palabras de Manosalvas, “se trata de una guerra civil”.
El conflicto armado
Para entender las características del nuevo salto en la violencia, El Tiempo Latino consultó con el experto ecuatoriano, quien además es sociólogo, para tener una perspectiva del conflicto interno y entender que podría pasar en el corto plazo.
“El problema de Ecuador actualmente no se formó de la noche a la mañana. La crisis que está atravesando el país es multicausal para hayamos llegado a este punto. Nuestras fuerzas del orden y nuestros sistemas de inteligencia, e incluso el sistema judicial, han tenido graves problemas”, explicó el experto.
Pero el problema no se remonta al último año. Manosalvas fue tajante y dijo que todos los gobiernos de las últimas décadas, en mayor o menor medida tienen su cuota de responsabilidad. No supieron dar respuesta a la demanda de la sociedad.
“Por un lado culpan a Rafael Correa, otros culpan a Lenín Moreno, otros culpan a Guillermo Lasso y otros incluso culpan a Daniel Noboa. Yo creo que todos comparten la responsabilidad de un problema que viene creciendo desde los años 80”, agregó el analista, quien dijo que la percepción de inseguridad y el miedo al crimen es “alto y claro”.
—¿Qué es la declaración de un conflicto armado interno y qué implica? La constitución de Ecuador y el decreto 111
“Esta es una herramienta constitucional con la que reconoce la existencia de un conflicto armado interno, amparado por el derecho internacional humanitario. Dice básicamente que estamos en una situación de guerra civil y que los grupos identificados como terroristas en este decreto se han convertido en objetivos militares. Por eso se habla de escalada de violencia, que es un término militar”.
La crisis es de seguridad, pero no es lo único
La crisis de la que habla el director del Observatorio es de seguridad, aunque no deja de reconocer que en la situación influyen cuestiones económicas que se agravaron aún más después de la pandemia.
Manosalvas remarcó que después de la era del COVID-19, Ecuador fue uno de los países que más tardó en recuperarse. Un problema que acrecentó la situación de orden público y violencia generalizada.
“Uno de los datos con los que uno puede ver esto es el aumento de los homicidios intencionales. En el 2016 Ecuador era el segundo o tercer país más seguro de la región. Acabó el 2023 siendo el país con el mayor número con una tasa de 44 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es una señal bastante clara de la situación”, dijo.
Aceleración de la crisis en Ecuador. ¿Guerra civil?
El último año en ese país fue difícil. Según recordó, el asesinato del alcalde de la ciudad de Manta, una ciudad portuaria con un crecimiento económico bastante alto y del candidato presidencial Fernando Villavicencio, más la ola de atentados que arrancaron esta semana, agravaron todavía más la situación.
Por eso, el decreto 111 de Noboa –que reconoce el conflicto interno armado– es una ampliación del 110 que aplicaron los expresidentes Moreno y Lasso y que no sólo le dice a las Fuerzas Armadas que salgan a las calles o que restringe derechos, sino que además decretó que Ecuador “está en una guerra civil contra grupos delictivos organizados que ahora los consideran como terroristas”.
A diferencia de situaciones de orden público o de inseguridad, en las que la Policía actúa con otros mecanismos que incluyen diálogo o cumplir otro protocolo, en este caso con la intervención militar, la respuesta del Estado es más radical.
La concepción militar del conflicto en Ecuador
“El militar, por doctrina, tiene que derrotar al enemigo. Entonces aquí los militares no conversan, los militares tienen un objetivo y son mucho más tácticos que la policía, orientada a la seguridad pública y a la seguridad ciudadana, que es algo mucho más social”, explicó.
Declarar el estado de excepción, tal como hizo Noboa, es una respuesta que ya se vio en el pasado y que no ha sido muy fructífera para contrarrestar las amenazas contra la seguridad.
Durante años -dijo el analista- los gobiernos han aplicado esta medida, en la que las fuerzas de seguridad tomaron el control de una territorio, las bandas criminales se replegaron y después de un tiempo, se reinició el círculo vicioso de la inseguridad. “La diferencia ahora es que reconoce un conflicto interno armado” y de las organizaciones como enemigos.
Si es efectiva la medida es algo que estará por verse. Por lo pronto, ayer el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, informó los resultados de los operativos:
- 329 terroristas detenidos pertenecientes a 3 agrupaciones Tiguerones, Lobos y Choneros
- 5 terroristas abatidos
- 29 personas recapturadas
“Tenemos que estar unidos como sociedad. Espero que sea el momento adecuado para que el tejido social, que ha estado tan fragmentado en Ecuador, pues logre recomponerse”, expresó.
¿El financiamiento de las bandas delictivas en Ecuador proviene sólo del narcotráfico?
“La ministra de Gobierno Mónica Palencia dijo que a estos grupos no hay que llamarlos narcoterroristas, sino terroristas a secas. Estoy de acuerdo. En Ecuador hemos visto una narcotización del crimen y de la delincuencia organizada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros escuchamos delincuencia organizada y lo único que pensamos es en el tráfico de cocaína. Sin embargo, el abanico de financiamiento de los de los grupos ahora llamados terroristas es muy amplio”.
Manosalvas explicó que además del tráfico de droga, son prácticamente “empresas” dedicadas a varios negocios ilegales: delitos ambientales como el tráfico de madera, venta de especies, trata de personas, tráfico de inmigrantes, de combustible y armas. No tienen límite.
“Es un error llamarlas bandas narcoterroristas, porque estos grupos de delincuencia organizada tienen un repertorio de financiación mucho más amplio”, agregó.
El analista sostuvo que su país pasó a ser regido por “mafias carcelarias”. Es decir, los grupos que pese a que estén presos, mantienen el control de sus operaciones de los penales. Un grado de total impunidad.
“Es producto de una mezcla entre el abandono estatal a poblaciones vulnerables que fueron cooptadas por la delincuencia organizada transnacional, imponiendo en algunos sectores incluso un gobierno criminal», aseveró.
Los grupos delictivos organizados han llegado a proveer bienes, servicios, incluso hasta justicia, sirven como mediadores en conflictos”, dijo.
Pero no es lo único que explica la crisis en Ecuador y la situación carcelaria. En ese sentido, dijo que se suma un debilitamiento de las fuerzas de seguridad y que Ecuador es un país con niveles elevados de corrupción, especialmente en las cárceles. Además, no hay niveles de justicia aceptables.
“La tasa de impunidad también es muy alta. En Ecuador de 100 delitos violentos tan solo se resuelven diez”, resaltó.
¿Qué se puede hacer y qué futuro se vislumbra?
“Yo no creo que en este momento el Ecuador o el gobierno ecuatoriano esté pensando si quiera en negociar con los grupos de delincuencia organizada. Creo que la estrategia se irá dando por fases. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es controlar el territorio», aseguró.
«¿Para qué? Para posteriormente poder implementar políticas públicas orientadas a la ciudadanía, a la reconstrucción del tejido social”, continuó.
Al respecto, dijo que “la mano dura” propuesta por el gobierno hasta el momento sirve para controlar un territorio y tener presencia estatal. Sin embargo, no es la solución a todo el conflicto, de acuerdo con el analista.
“El problema es estructural que viene desde los años 80 con malos políticos que no han sabido entender y no han sabido satisfacer las necesidades de las personas que los eligieron”, añadió Manosalvas, quien dijo esas fisuras que se forman, son terreno fértil para las bandas de delincuencia organizada.
“Además, el 80% de la población carcelaria es pobre”, sentenció.
Rol de EEUU y de la Comunidad Internacional frente a la crisis en Ecuador
El gobierno de Noboa recibió un apoyo unánime de prácticamente toda la comunidad internacional y obviamente Estados Unidos. Respecto a este tema, el analista considera entre las opciones una posible intervención militar del gobierno de Joe Biden en el conflicto.
Si bien es algo que todavía no se se ve muy cerca, es una opción real que se baraja. Los ecuatorianos vivieron 48 horas de terror que se precipitaron con la fuga de “Fito”. Dos días en los que hubo amotinamientos en las prisiones, ejecuciones a sangre fría de guardias, bombas en las calles y hasta la toma de una canal televisión.
“Solo no se puede combatir o no puede neutralizar a estas bandas. Las bandas ecuatorianas no operan solas. Aquí hay una geopolítica del tráfico de armas, de la cocaína, de la de la trata de personas, del tráfico ilícito de inmigrantes”, dijo.
“Entonces aquí hay redes que operan y trabajan juntas. En Ecuador existe la presencia de mafias italiana, albanesas, colombianas y mexicanas. Entonces sí se necesita cooperación internacional”, remarcó.
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¿Democracia en riesgo?
El gobierno ecuatoriano vive horas dificiles. La situación de orden público puso en jaque al Estado y los valores democráticos más esenciales, de acuerdo con Manosalvas.
“Si no se garantiza la seguridad, la salud, la educación y las situaciones necesarias para una sociedad republicana, está en jaque el estamento democrático. La sociedad ecuatoriana ojalá se una contra un enemigo común que es la inseguridad«, dijo.

Al respecto, pidió unirse para tener acuerdos mínimos y una base innegociable no retroceder aún más.
Yo creo que lo que estamos viendo en Ecuador, cuando estos Grupos Delictivos Organizados (GDO) entraron al canal público TC es un ataque directo a los medios de comunicación. Y a la institucionalidad, al Estado de Derecho. Lo que más nos debe importar y lo que más está en juego es la seguridad de todos, sí”, concluyó.