En la mañana del 14 de noviembre los residentes de Massachusetts, legisladores, inquilinos y miembros de organizaciones planificaron una conferencia de prensa en el State House para exigir el control de renta.
El aumento vertiginoso de los alquileres y los costos de vivienda están haciendo imposible que cientos de miles de residentes de Massachusetts puedan cumplir con el pago de renta.
Según un informe publicado hoy por The Warren Group, una empresa de análisis inmobiliario, se reportó que el precio medio de venta de una casa unifamiliar en Massachusetts aumentó un 6.2% en un año, llegando a $600,000 en agosto, mientras que el precio medio en el mercado de condominios subió un 9.4% a $525,000.
Es por esto que, los líderes estatales expresaron propuestas que optan reducir, a largo plazo, el costo de vivienda en el estado. De esta manera, se logra evitar el desplazamiento inmediato y el declive económico.
Los miembros de la formación de los grupos de justicia de vivienda de Massachusetts, Homes for All, se reunieron para pedir la aprobación de una legislación que empodere a las ciudades a promulgar la estabilización de los alquileres localmente como también justificar la protección contra el desalojo.
Apoyando la causa, se encontraban Laura Frost, la organizadora principal del Tenant Association de Arlington, Leila Peralta, la presidenta de la Asociación de Inquilinos de la ciudad de Lawrence, Safira Patiño, organizadora de City Life Vida Urbana, Baolian Kuang, organizadora comunitaria del Chinese Progressive Association, Armani White, el executive director de Reclaim Roxbury y Nicole McClain, Lynn city councilor at-large, entre otros.
Debido a la crisis de vivienda, los representantes David M. Rogers de Cambridge y Samantha Montaño de Boston decidieron patrocinar el Bill H.2103. Esta petición, acompañada por el proyecto de ley local opcional, Cámara de Representantes, No. 2103, le permitiría a las ciudades estabilizar la renta de alquileres y proteger a los inquilinos. De ser aceptada, los municipios tendrán la opción de adaptar este proyecto de ley, a más tardar, luego de 180 días.
Esta propuesta establece que el límite de cualquier aumento anual del alquiler de una unidad de vivienda cubierta, tal como se define en la Sección 3(a), no excederá el cambio anual en el Índice de Precios al Consumidor (también conocido como el Consumer Price index) para el área aplicable o el 5%, dependiendo del cual sea el menor.
En conversación con El Planeta, la represente Samantha Montaño compartió que: “este es el primer paso que podamos tomar para ayudar a la gente, pero también hay mucho más que tenemos hacer después y tenemos que seguir batallando para que las personas entiendan que esto no es algo que le va a hacer daño a los dueños de casa. Eso es algo que va a ayudar a todas las personas dueñas de casa, personas que son las que están rentando pasos.”
No obstante, la representante aclaró que “si pasamos, no quiere decir que sería una ley del Estado sino quiere decir que hay posibilidad de que cada municipio y cada área municipal tendrá la oportunidad de agregarla en el ‘ballot’ (refiriéndose a la papeleta de votación) en su ciudad”.
Después de la conferencia de prensa, los inquilinos, los defensores de la vivienda y los miembros del sindicato testificaron en apoyo de esta ley (S.1299 / H.2103) durante una audiencia del Comité Conjunto de Vivienda de la Legislatura en Gardner
A través de este medio Leila Peralta, la presidenta de la Asociación de Inquilinos de la ciudad de Lawrence, enfatizó que “a nosotros, los latinos, nos está afectando bastante, ya que nuestros empleos son aproximadamente de ingresos de $15 la hora. El que más adquiere gana $18 o $20 con trabajos nocturnos y muchos de nosotros estamos llevando hasta dos trabajos para poder mantenernos de pie”.
Además, anotó que no tan solo se están afectando las finanzas en Lawrence, sino en todo Massachusetts: “estamos sufriendo desalojos sin culpa por personas que adquieren, ya sea la vivienda como nuevo dueño, o que simplemente han heredado la vivienda y quieren explotarlos. Yo le diría a la comunidad latina que es hora de que no sean campaneros, que echemos hacia adelante, que saquemos la voz, que salgamos de la oscuridad, porque muchos de nosotros tenemos miedo, tenemos miedo de salir y de hacer valer nuestros derechos. Y como institución, como City Life, nos están dando el apoyo de salir de la oscuridad y hacer valer esos derechos con una vivienda digna que vaya acorde con lo que realmente necesitamos”.
Hasta el momento los funcionarios estatales no han manifestado ninguna medida ante el asunto. El mes pasado, la gobernadora Maura Healey presentó un amplio Proyecto de Ley de Vivienda que no incluía el control de alquileres. Además, el Comité de Vivienda tardó casi un año de su sesión legislativa antes de planificar una reunión para discutir proyectos de ley sobre la regulación de grandes aumentos en los alquileres.
