Una reciente decisión de los funcionarios estatales de imponer un «límite» a los servicios bajo la emblemática Ley de Derecho a Refugio de Massachusetts («Right to shelter») enfrenta resistencia legal.
El 1 de noviembre de 2023 entrará en vigor la medida del estado de poner fin al refugio de emergencia a familias desamparadas y mujeres embarazadas. En respuesta rápida, Lawyers for Civil Rights presentaron una demanda colectiva para proteger la esencia de la ley.
Oren Sellstrom, director de Litigios de Lawyers for Civil Rights, criticó la acción del estado, especialmente con la llegada del invierno. «No solo es ilegal, sino también insensible por parte del estado implementar estos cambios tan rápidamente, poniendo en riesgo a familias sin hogar en pleno frío», señaló Sellstrom.
Esta acción legal, representa a tres familias al borde del desamparo y solicita una audiencia judicial urgente y una Orden de Restricción Temporal (ORT) para prevenir que el estado debilite la Ley de Derecho a Refugio. La queja destaca que el estado está implementando apresuradamente estas modificaciones sin precedentes al programa de refugio de emergencia, omitiendo cualquier diálogo público o notificación legislativa obligatoria.
Sellstrom añadió: «Sin intervención judicial, innumerables niños, familias y mujeres embarazadas, que actualmente tienen derecho a refugio de emergencia, se verán privados de este derecho a partir del 1 de noviembre. Las consecuencias en su seguridad, salud y bienestar general son preocupantes».
Las modificaciones propuestas a la ley incluyen:
- Establecer un límite artificial en el número de espacios y unidades de refugio disponibles.
- Crear una «lista de espera» para las familias que soliciten refugio de emergencia.
