Los hallazgos de dos agencias federales que llevan a cabo investigaciones éticas sobre la fiscal estadounidense Rachael S. Rollins se dieron a conocer el miércoles, brindando al público una idea de por qué anunció abruptamente sus planes de renunciar después de 16 meses en el cargo como la máxima autoridad en la aplicación de la ley federal en Massachusetts.
Un informe de 161 páginas de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia criticó a Rollins en varios aspectos, incluyendo supuestamente filtrar información no pública del Departamento de Justicia, trabajar para influir en las elecciones para fiscal del distrito de Suffolk, asistir a un evento de recaudación de fondos partidista sin aprobación, y mentir sobre una conversación que tuvo con un periodista.
Las acciones de Rollins también fueron examinadas por la Oficina del Consejo Especial, una agencia federal de supervisión encargada de investigar violaciones de la Ley Hatch, la ley federal que prohíbe a ciertos funcionarios gubernamentales utilizar sus cargos para participar en actividades políticas partidistas.
La OSC culpó a Rollins por violar la Ley Hatch en tres ocasiones cuando asistió a un evento de recaudación de fondos del Comité Nacional Demócrata con Jill Biden, y lo hizo nuevamente en su presunto intento de “sabotear” la campaña de Kevin Hayden, quien buscaba reemplazar a Rollins como fiscal del distrito de Suffolk.
El presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin, demócrata de Illinois, quien luchó arduamente por la confirmación de Rollins como fiscal estadounidense, dijo que el informe y la renuncia de Rollins indican un «fuerte potencial de mala conducta» y que apoya su decisión de renunciar.
“Debe ser sometida a los mismos estándares de conducta profesional que cualquier otro fiscal estadounidense”, dijo Durbin al Globe. “El presidente confió en ella, el Senado confió en ella, y si estas acusaciones resultan ser válidas, realmente nos decepcionó a todos».
Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado el miércoles, el senador estadounidense Tom Cotton, republicano de Arkansas y crítico acérrimo de Rollins, dijo que su renuncia ‘en desgracia’ es una «buena noticia”.
“No es sorprendente que alguien que se negó a hacer cumplir la ley también se haya negado a acatarla”, dijo Cotton, refiriéndose al historial de Rollins como fiscal del distrito de Suffolk, cuando se negó a enjuiciar múltiples delitos de bajo nivel.
Según el informe de la OIG, Rollins supuestamente filtró información no pública sobre Hayden, su eventual sucesor como fiscal de Suffolk, al Boston Herald mientras él estaba inmerso en una intensa batalla primaria con el concejal de la ciudad Ricardo Arroyo, a quien el documento describió como su candidato preferido en la contienda.
El informe alega que ella brindó asesoramiento a la campaña de Arroyo, coordinó con él actividades para su campaña y proporcionó a los medios de comunicación, incluyendo el Globe, información negativa sobre el oponente de Arroyo, Hayden.
James Borghesani, portavoz de Hayden, dijo en un comunicado que el informe de la OIG “presenta una revisión exhaustiva de la conducta de una persona y no requiere ningún comentario adicional de nuestra parte. Sin embargo, queremos enfatizar que el informe no afecta de ninguna manera la relación sólida y profesional que mantenemos con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Boston”.
Arroyo dijo a los periodistas en el Ayuntamiento el miércoles que no ha leído ninguno de los informes y no puede responder a detalles específicos presentados por la OIG o la OSC.
“Todo esto me parece increíblemente triste”, dijo Arroyo antes de irse apresuradamente a una reunión del concejo municipal. “Rachael es alguien que era mi amiga incluso antes de ocupar un cargo electo, alguien a quien he acudido para buscar consejo”.
Añadió que su contienda contra Hayden “sufrió de una serie de filtraciones ilegales desde diferentes direcciones… En el período en el que todo eso estaba sucediendo, repetidamente dije que se estaban filtrando cosas, que se estaban sacando ilegalmente, y no fueron tomadas en serio por las autoridades”.
El informe de la OSC ofreció una evaluación más directa del papel de Rollins en la contienda de Arroyo, calificándola como su «asesora de facto de campaña”.
“El señor Arroyo trató de manera similar a la Sra. Rollins como asesora de campaña, incluso enviándole comunicaciones de campaña para que las revisara y pidiéndole que hablara con periodistas en su nombre”, dijo el informe, añadiendo que Rollins admitió ante la OSC que “aceptó hablar con periodistas a solicitud del Sr. Arroyo”.
En una etapa crítica de la contienda primaria, las pruebas mostraron que Rollins utilizó su posición como fiscal estadounidense para intentar “crear la impresión públicamente, antes de la elección primaria, de que el DOJ estaba o estaría investigando a Hayden por corrupción pública”, según el informe de la OIG.
También supuestamente mintió bajo juramento cuando se le interrogó sobre el asunto, negando ser la fuente de aplicación de la ley federal que filtró “información delicada del DOJ al reportero del Herald sobre una posible investigación criminal a Hayden”, según indica el informe.
“Solo admitió ser la fuente durante testimonios posteriores después de que Rollins presentara mensajes de texto relevantes, que demostraban de manera concluyente que Rollins había sido de hecho una fuente para el reportero y le había revelado el memorando interno de recusación del DOJ citado en el artículo”.
El informe de la OSC indica que Rollins también violó la Ley Hatch en múltiples ocasiones cuando asistió a un evento de recaudación de fondos político partidista con Jill Biden en Andover en julio de 2022. Según los informes, el asesor ético de la oficina de Rollins le informó que podía reunirse con Biden fuera del evento pero no entrar. Rollins aceptó el plan, pero en cambio pasó aproximadamente 20 minutos dentro del evento hablando con otros asistentes y tomándose fotos con un senador estadounidense con el que es amiga y una persona a la que “entendía que era anfitriona del evento”.
Incluso, antes de ingresar al evento, le dijo a un reportero presente que no creía estar violando la Ley Hatch al asistir.
“La Sra. Rollins recibió asesoramiento específico sobre cómo evitar violar la Ley Hatch si quería reunirse con la Dra. Biden y deliberadamente ignoró ese consejo”, concluyó el informe de la OSC.
El informe de la OIG también alega que Rollins, como fiscal estadounidense, «solicitó 30 entradas gratuitas de los Boston Celtics para jugadores jóvenes de baloncesto locales, aceptó 2 entradas para ella y utilizó a un empleado subordinado para ayudar a coordinar el evento, en contra del asesoramiento ético».
Las dos investigaciones han estado examinando el mandato de Rollins que comenzó en enero de 2022 después de una extensa batalla política partidista en el Senado de los Estados Unidos, donde la vicepresidenta Kamala Harris emitió el voto de desempate que confirmó su nombramiento.
Rollins presentará su carta de renuncia a Biden antes del final del viernes hábil, según Bromwich. Se espera que Joshua Levy, el primer asistente del fiscal federal, lidere la oficina hasta que se designe a alguien nuevo.
Rollins, de 52 años, se convirtió en el rostro público del movimiento de fiscales progresistas en Massachusetts hace cinco años, cuando fue elegida fiscal del distrito de Suffolk. Se convirtió en la primera mujer de color elegida como fiscal de condado en Massachusetts. Su nominación para servir como fiscal federal rápidamente enfrentó oposición por parte de miembros conservadores del Congreso que se oponían a su postura progresista.
