Por Chris Lisinski y Sam Doran, State House News Service
La Cámara y el Senado trabajaron juntos el jueves para colocar en el escritorio de la gobernadora Maura Healey un proyecto de ley con $ 388 millones en gastos dirigidos a lo que el jefe de presupuesto del Senado llamó “sensibles al tiempo, urgentes” y necesita $740 millones en planes de endeudamiento.
Al explicar el proyecto de ley de 49 páginas, el presidente de la Comisión de Medios y Recursos del Senado, Michael Rodrigues, destacó $85 millones para refugios familiares de emergencia, $130 millones para proporcionar beneficios de asistencia nutricional mejorada durante tres meses, $65 millones para cubrir los programas de desayuno escolar durante el resto del año fiscal, y $2 millones “para reembolsar a las víctimas del llamado robo de beneficios SNAP del que muchos de nuestros electores han sido víctimas” y que se contemplan en la legislación.
El proyecto de ley contiene $ 740 millones en autorizaciones de préstamos, incluyendo $ 400 millones para recapitalizar el programa de subvenciones de infraestructura MassWorks, $ 104 millones para el Clean Water Trust Fund, y $ 125 millones “para asegurar que el estado tiene fondos de contrapartida para nosotros para competir con las subvenciones federales que han sido recientemente aprobado por el Congreso”, dijo Rodrigues.
Tal y como salió el jueves de las negociaciones informales entre la Cámara de Representantes y el Senado, el proyecto de ley -que podría ser la primera medida importante que Healey convierta en ley- contenía una prórroga de un año de la política de la era de la pandemia que permite a los restaurantes servir cócteles para llevar, algo que el Senado había dejado fuera de su versión inicial.
Rodrigues dijo que los legisladores también sacaron algo de lenguaje del proyecto de presupuesto suplementario más reciente de Healey, que se acaba de presentar el viernes pasado, que trata de las áreas de política afectadas por la próxima expiración de la emergencia de salud pública COVID-19 como el personal de ambulancias y el personal de tratamiento de diálisis.
La legislación aterrizó en el escritorio de Healey nueve semanas después de que ella presentó un $ 987 millones “necesidades inmediatas” proyecto de ley de bonos (H 51) y casi siete semanas después de que ella presentó un proyecto de ley de gastos de $ 282 millones (H 47) destinados a las comidas escolares, refugio de emergencia y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) beneficios.
Los líderes legislativos no convocaron una audiencia pública para examinar o solicitar comentarios sobre cualquiera de los proyectos de ley, y terminaron combinando piezas de cada uno – además de la más reciente propuesta de gasto de la gobernadora – en un solo instrumento a medida que avanzaba en el proceso.
El gasto propuesto se dirige a partes de la red de seguridad del estado donde la financiación y la capacidad se están agotando.
Al igual que hizo el gobernador Charlie Baker antes de dejar el cargo, Healey ha advertido de que la afluencia de inmigrantes ha contribuido al aumento de la demanda de refugios de emergencia.
Además, un programa que ofrece comidas a todos los estudiantes en las escuelas necesita más dinero para seguir funcionando hasta el final del año, dice, y los cientos de miles de familias del Estado de la Bahía que reciben beneficios de SNAP están en línea para una fuerte disminución de su ayuda mensual en abril ahora que el gobierno federal puso fin a una expansión relacionada con COVID.
Los principales demócratas incluyeron más gastos en la medida en el camino hacia su aprobación. El proyecto de ley final incluye 68 millones de dólares para prorrogar las subvenciones a proveedores de servicios de guardería de la época de la pandemia (Commonwealth Cares for Children, C3) y 16 millones de dólares para el programa de Asistencia Residencial para Familias en Transición (Residential Assistance for Families in Transition, RAFT).
El proyecto de ley de compromiso incluye 400 millones de dólares en bonos para el programa de subvenciones MassWorks, que está efectivamente fuera de dinero después de la última ronda de premios anuales anunciados en octubre, además de 125 millones de dólares para poner dólares estatales sobre la mesa para las solicitudes de subvenciones federales competitivas.
Líder de la minoría del Senado Bruce Tarr lamentó una pieza de la versión del Senado que se quedó en el fondo de la corte: la presentación de informes de datos para realizar un seguimiento de los tipos de refugio que se proporciona a las familias, que Tarr dijo que “una vez más se ven obligados a vivir en hoteles y otros entornos menos deseables”.
El informe del Senado habría exigido que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario informara trimestralmente a los comités de Medios y Arbitrios sobre “los costes totales y por hogar del alojamiento proporcionado en virtud de este artículo, desglosados por tipo de alojamiento”. Tarr dijo que el alojamiento de familias en hoteles era “alarmante” y que los datos habrían permitido a los legisladores «comprender la dinámica de esa situación y emprender las intervenciones oportunas”.
Otras secciones del proyecto de ley mantendrían en vigor varias políticas de la época de la pandemia, muchas de las cuales han demostrado su éxito o popularidad en los últimos tres años y estaban a punto de expirar a finales de mes.
Por ejemplo, los gobiernos municipales y otras entidades públicas podrían seguir celebrando reuniones a distancia y en formatos híbridos hasta el 31 de marzo de 2025. La ampliación de las opciones para comer al aire libre podría mantenerse hasta el 1 de abril de 2024.
También se mantendría la posibilidad de que los restaurantes ofrezcan cerveza, vino y cócteles para llevar, una política a la que se oponen los líderes del sector de la paquetería y que el Senado no incluyó en su proyecto de ley.
Otra parte del proyecto de ley crearía la capacidad permanente de realizar servicios de notarización por vía electrónica. El secretario de Estado, William Galvin, ha expresado su preocupación por la propuesta, sobre todo en relación con su calendario, aplicación y supervisión.
Varias comisiones estatales verían retrasados sus plazos en virtud de la legislación. Un panel que examina una extensión del ferrocarril de pasajeros al oeste de Massachusetts tendría otros tres meses, hasta el 30 de junio, para presentar su informe final.
El proyecto de ley también reactiva y amplía la Comisión del Estado Seal and Motto de la vida hasta justo antes de Acción de Gracias, dando el panel hasta el 15 de noviembre para presentar su informe a la Legislatura. La comisión fue creada por los legisladores en enero de 2021 para recomendar cambios en los emblemas oficiales del Estado, pero tardó en establecer su funcionamiento interno y expiró el pasado diciembre sin llegar a una conclusión.
Cuando el líder de la minoría le pidió una instantánea del superávit de ingresos del estado y cómo le afectaría el presupuesto suplementario, Rodrigues empleó algunos “simples cálculos aproximados” y dijo que el estado está actualmente «a unos 990 – digamos mil millones – de dólares en números negros» antes de tener en cuenta el proyecto de ley de gastos.
“En números redondos, lo reducimos a los 400 millones de dólares que estamos gastando hoy, así que en números redondos, unos 600 millones de dólares de superávit disponible con algo más de un trimestre del año fiscal aún por delante”, informó Rodrigues.
El demócrata de Westport relató que las cifras de ingresos del estado cayeron por debajo del punto de referencia en enero por primera vez en 30 meses, y que aunque en febrero se produjo un repunte, la gente «realmente no debería poner mucha credibilidad en febrero porque es un mes de recaudación de impuestos muy reducido».
“El gran mes llegará en abril, por supuesto. Ese es el mes que todos estamos esperando”, dijo Rodrigues.
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