“Las comunidades que más enfrentan desalojos son las latinas y las de color, cuyas familias están encabezadas por madres solteras”, expresa de manera contundente el informe sobre “Justicia de vivienda más allá de la emergencia: un análisis de la inequidad racial en las presentaciones de desalojo en Massachusetts”, realizado por los investigadores de Homes for All Massachusetts y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, el cual revela las profundas desigualdades raciales en los desalojos realizados en el Estado durante la pandemia, afectando principalmente a los hogares de bajos recursos.
La investigación expone que las comunidades afroamericanas y latinas sintieron de manera desproporcionada los impactos devastadores del COVID-19, con tasas más altas de infección, pérdida de empleo, hospitalización y muerte en comparación con los residentes blancos.
Eric Robsky Huntley, investigador, profesor de Planificación Urbana del MIT, defensor de la vivienda y autor principal del informe, en una reunión virtual, con Mike Leyba, codirector ejecutivo de City Life/Vida Urbana; Tania Royster, inquilina de Malden United Properties con carta de desalojo y con un aumento de alquiler de 900 dólares; Molly Broderick, abogada de vivienda de Greater Boston Legal Services y Antonio Ennis, propietario ocupante afrohondureño de Dorchester, manifestó que al analizar el número de desalojos realizados entre octubre de 2020 y octubre de 2021, encontró un patrón racial similar en las tasas de presentación de desalojos. La investigación también revela que las viviendas pertenecientes a corporativos registran una mayor tasa de exigencia de desalojo. “Las madres solteras experimentaron las tasas más altas de emisión de desalojos”, expresó.
“La inestabilidad de la vivienda es un problema en todo el estado de Massachusetts”, dijo Robsky Huntley durante el zoom que marcó el inicio de la exposición del informe del cual fue el autor principal. “Encontramos que la inseguridad de la vivienda causada por las solicitudes de desalojo es más grave en las comunidades de color, particularmente en las comunidades negras y latinas”, informó.
El análisis estatal reveló que el 43 % de los desalojos presentados ocurrieron en vecindarios donde la mayoría de los residentes se identificaron como personas de color, latinos, asiáticos americanos/isleños del Pacífico o indígenas, a pesar de que sólo el 32 % de las viviendas de alquiler de Massachusetts se encuentran en esos vecindarios. Los propietarios presentaron casi el doble de solicitudes de desalojo por inquilino en vecindarios predominantemente no blancos que en vecindarios predominantemente blancos.
“En el año posterior al final de la moratoria de desalojos del estado en octubre de 2020, los vecindarios latinos tendieron a ver tasas más altas de solicitudes de desalojo de todo tipo por falta de pago y sin culpa, lo que demuestra que los desalojos son motores de la desigualdad, particularmente en aquellos lugares donde las viviendas en alquiler se concentran cada vez más en manos de grandes propietarios institucionales”, aseguró Robsky Huntley, al relatar que los propietarios presentaron casi el doble de solicitudes de desalojo por inquilino en vecindarios predominantemente no blancos que en vecindarios predominantemente blancos. Casi 5 veces más en Lawrence, aproximadamente 3 veces más en Springfield. 2,5 veces más en Boston. Un poco menos de 2 veces más en Worcester. Dieciséis ciudades vieron tasas de presentación que eran más de 1,5 veces más altas en áreas predominantemente no blancas.
La investigación de Robsky Huntley muestra que la propiedad corporativa consolidada conduce a la injusticia de la vivienda. Al mismo tiempo, los lugares con un mayor porcentaje de viviendas propiedad de residentes de la comunidad registraron tasas más bajas de petición de desalojos. Los dueños de propiedades con intereses en su vecindario tenían menos probabilidades de desalojar, como es el caso del afrohondureño Antonio Ennis, quien es dueño de una vivienda en Dorchester, quien jamás ha desalojado a ninguno de sus inquilinos.
El encuentro virtual y el panel de exposición también contó con una inquilina de Malden, Tania Royster, quien compartió su testimonio que ilustra la dificultad para acceder a nuevas viviendas, el deterioro de su salud física y emocional. El miembro del equipo de City Life, Mike Leyba, moderó el panel y señaló que estas evidencias ilustran un “legado de racismo y problemas sistémicos que vemos a nivel local, la violencia de los desalojos, incluida la pérdida del hogar y el desplazamiento de la comunidad”.
Un solo evento de desalojo puede tener un efecto negativo de larga duración en la vida de las familias y cambiar su trayectoria, dijo la panelista Molly Broderick, abogada de la vivienda, al comentar que los inquilinos tienen derecho a un “uso tranquilo” que en término legal significa que el dueño no puede desalojarlo sin motivo o de otra manera interrumpir su derecho a vivir en paz y con tranquilidad.
El autor principal del informe Eric Robsky Huntley, comentó que desde que se levantó la moratoria estatal sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias en octubre de 2020, se han presentado más de 40 mil nuevos casos de desalojo en todo Massachusetts, a pesar de los fondos federales y estatales de ayuda para alquileres. “Los precios de la vivienda se han disparado insoportablemente, según algunas fuentes los alquileres en MA aumentaron un 30 % en el último año. Demostramos que las solicitudes de desalojo son raciales, de género y clasificadas en todo Massachusetts”, sentenció.
Robsky Huntley puntualiza que la investigación examinó las solicitudes de desalojo entre el 18 de octubre de 2020 (el final de la moratoria estatal) y el 30 de octubre de 2021. “Este estudio se enfoca exclusivamente en las presentaciones formales de desalojo, esto excluye un número incalculable de desalojos que ocurren fuera del sistema judicial”.
El estudio solo confirma la urgencia de formular políticas a todo nivel para garantizar una recuperación equitativa de la vivienda, que permita abordar la crisis que afronta, caso contrario existe el riesgo de afianzar aún más las disparidades raciales y de género, que exponen la realidad de una larga historia de política de vivienda racista, influenciada por un capitalismo racial. “En Massachusetts, quienes mayormente desalojan a los inquilinos son los propietarios corporativos y las grandes compañías de bienes raíces. Empresas como Broadway Capital, United Properties, Grid Management, entre otras, anteponen las ganancias ante la estabilidad de la vivienda de todo el estado”, manifestó Gabriela Cartagena, de City Life/Vida Urbana.
¿Qué hacemos? Se preguntó el profesor del MIT y defensor de la vivienda, Robsky Huntley, a lo cual respondió: “Certificar una recuperación equitativa es un primer paso fundamental para garantizar hogares seguros y estables para todos. Los legisladores estatales deben usar todas las herramientas disponibles para reducir las tasas de desalojo y dar a los municipios la flexibilidad y el empoderamiento para implementar el control de alquileres, recaudar ingresos para apoyar viviendas asequibles, garantizar que los inquilinos tengan la oportunidad de comprar sus viviendas, priorizar el derecho a la vivienda sobre los intereses de inversión, y asegurar el derecho del inquilino a través de un abogado. El control de alquileres es una herramienta esencial para las ciudades y pueblos”, concluyó el autor principal del informe estatal “Housing Justice Beyond the Emergency: An Analysis of Racial Inequity in Eviction Filings Across Massachusetts”, Eric Robsky Huntley.
