El sábado 12 de febrero el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, firmó un presupuesto suplementario de $101 millones para ofrecer más recursos durante la pandemia de COVID-19.
A través de la nueva medida se destinarían $76 millones para la adquisición de mascarillas, pruebas de COVID-19 y vacunas. Los $ 25 millones restantes, correspondientes a fondos federales, serían para el programa estatal de licencia por enfermedad pagada de emergencia COVID-19.
El proyecto de ley (H. 4345) también amplía las disposiciones que permiten reuniones públicas y corporativas virtuales, así como la certificación notarial de forma remota.
“Continuaremos trabajando con la Legislatura si se necesitan fondos adicionales en el futuro para este importante programa de licencias por enfermedad”, dijo Baker. “Aprobar este tipo de presupuestos será útil a medida que continuamos con nuestros esfuerzos de salud pública por el COVID-19”.
La legislación fue un complemento para el presupuesto fiscal del año 2022, que Baker aprobó en julio.
Sin embargo, Baker rechazó algunas disposiciones del proyecto que habrían requerido la distribución de mascarillas y millones de dólares para pruebas y vacunas a proveedores de atención médica y municipios antes del 28 de febrero. El gobernador indicó que no aprobó dicho apartados porque la fecha límite no dejaba suficiente tiempo para completar la distribución.
Baker, además, eliminó dos secciones externas que juntas exigirían al Departamento de Salud Pública (DPH) del estado «emitir una guía sobre el uso de mascarillas y los períodos de prueba COVID-19, cuarentena y aislamiento relacionados con el virus», señaló.
El gobernador aseguró que el DPH ya realiza dicha labor, “ha publicado constantemente orientación sobre estos temas a lo largo de la pandemia para mantener a los residentes de Massachusetts actualizados, informados y seguros”.
Baker también propuso mantener para la actual declaración de emergencia de salud pública la medida que sirve de alivio a las restricciones sobre la cantidad de horas que los jubilados del gobierno pueden trabajar para una agencia pública cada año y cobrar sus pensiones.
El proyecto de ley que incluía el presupuesto complementario también estableció la fecha de las elecciones primarias del estado para el 6 de septiembre de 2022.
