Las órdenes de vacunarse contra el COVID-19, en la mayoría de los casos con excepciones por motivos médicos o religiosos, han avivado una mayor resistencia en diversos grupos, aceptación en otros y hasta batallas legales. Tres expertos en salud consultados por El Tiempo Latino coincidieron en respaldar los mandatos, pues la pandemia no ha terminado.
La administración de Joe Biden prepara las reglas de una política que obligará a las empresas con más de 100 empleados a que estos reciban la inyección o, de lo contrario, podrían tener que someterse a pruebas semanales, informó el presidente el 9 de septiembre. La medida incidirá sobre unos 80 millones de trabajadores en todo el país, que representan dos tercios de la fuerza laboral.
Al mismo tiempo, Biden firmó una orden para exigir la vacunación de todos los empleados federales, sin más opciones. “Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando”, dijo en su momento el mandatario.
Estos mandatos ya tienen antecedentes en empresas y sectores, entre ellos los trabajadores de la salud. Sin embargo, ha habido temores de que conlleven a renuncias o despidos masivos; o causen un colapso en los servicios de primera línea de atención a la pandemia por el éxodo.
Kathleen Page, profesora de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, explicó a El Tiempo Latino: “Estos mandatos no son nuevos. Muchas escuelas siempre han requerido que la gente se vacune. Para entrar a ciertos países, por ejemplo, no se puede viajar a zonas de Brasil donde hay fiebre amarilla sin tarjeta de vacunación”.
Por lo pronto hay señales de que estos mandatos logran su objetivo. United Airlines, una de las primeras compañías en hacer obligatoria la vacuna para sus empleados, alcanzó una tasa del 98,5% de inmunización. En Nueva York había temores de una escasez de trabajadores sanitarios en hospitales, pero muchos pasaron de tener un 70% u 80% de su personal vacunado a más del 95% en un lapso de mes y medio; mientras que los centros de salud en California observaron resultados similares, de acuerdo con una reseña de The Washington Post.
La opinión experta
Page, doctora experta en enfermedades infecciosas, explicó a El Tiempo Latino que los mandatos son para proteger la salud del público, pues el riesgo de contagio y de sufrir enfermedades severas es más alto en personas no inmunizadas.
En Maryland, por ejemplo, Page considera que el grupo de trabajadores sanitarios que rechaza la inyección puede ser pequeño, debido a que en las últimas semanas “mucha gente ha decidido vacunarse”. En el estado no ha habido un colapso de los servicios de salud durante la pandemia, pero sí han tenido más estrés en ciertas oleadas, afirmó la experta.
“Promover que (los trabajadores sanitarios) se vacunen no es algo malo. No sé por qué hay cierta resistencia en ese tipo de personas. Están exponiendo sus vidas y la de sus pacientes”, advirtió Alvaro Puig, director médico APMD & Privia medical group, en Falls Church, Virginia.
Puig reconoció que imponer un mandato de vacuna es una medida extrema, con la consecuencia de posibles despidos. Pero argumentó que tiene base en los adelantos tecnológicos y en la emergencia del COVID-19. Las órdenes buscan reducir los contagios y muertes de personas de algún modo expuestas al virus. “Seguimos estando en un problema de salud pública”, dijo en exclusiva a El Tiempo Latino.
Por su parte, Denise Nuñez, pediatra intensivista en el Hospital de niños de Montefiore y profesora del Albert Einstein College of Medicine, en el Bronx, Nueva York, le expresó a esta redacción que avala las medidas del Departamento de Salud por su experiencia en la primera línea.
“Lo que se ha aplicado es fuerte porque no todos piensan igual”, comentó Nuñez, pero acotó que no todo el personal ha estado “al frente de la batalla” contra el coronavirus.
Batalla legal
La orden federal que busca la vacunación de los trabajadores de grandes empresas afrontará desafíos legales. Los fiscales generales de al menos 24 estados controlados por republicanos se organizan para rechazar el mandato, mientras que gobernadores como Ron DeSantis (Florida) y Henry McMaster (Carolina del Sur) prevén aumentar la presión.
Biden verá en los gobiernos estatales y locales el mayor muro para aplicar los mandatos de vacunas. En última instancia, serán los funcionarios locales quienes determinen el cumplimiento de las reglas. Pero dentro de su fuerza laboral federal también hay demandas en curso.
La administración Biden anunció los mandatos con base en la aprobación total de la vacuna de Pfizer por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Las dosis de Moderna y Johnson & Johnson esperan recibir el pleno respaldo en los próximos meses, de momento son aplicadas bajo la autorización de uso de emergencia. Sin embargo, los expertos consultados por este medio coincidieron en que todas las vacunas son seguras y efectivas.
Riesgo de los despidos/renuncias
En todo el país, los sistemas de atención médica que han aplicado mandatos de vacunas han visto a grupos minoritarios de sus trabajadores renunciar o ser despedidos por su negativa a recibir la inyección, pero la realidad varía de un lugar a otro.
Según un reporte de The Washington Post, del domingo 3 de octubre, decenas de trabajadores de hospitales en Virginia fueron suspendidos o perdieron sus trabajos porque se negaron a vacunarse.
Inova, en el norte de Virginia, perdió 89 trabajadores por incumplimiento del mandato, menos de la mitad del 1% de su fuerza laboral; mientras que Valley Health, con sede en el norte del valle de Shenandoah, despidió a poco más del 1% de sus empleados por no recibir la vacuna.
Los sistemas de atención médica en las áreas rurales de Virginia, donde generalmente hay mayor resistencia a las vacunas, se ven más afectados por el éxodo de empleados.
Algunos sistemas de salud del área, como Ballad Health, han optado por no requerir la vacuna de forma obligatoria por temor a que demasiados trabajadores abandonen sus puestos. Un mandato le costaría a Ballad entre un 5% y un 10% de su personal.
El doctor Alvaro Puig alertó que en Virginia hay personal sanitario que ha desertado, han reducido sus horas o días de trabajo y actualmente es difícil contratar nuevos empleados. Aseguró que hay un agotamiento por las labores durante la pandemia y, además, se debe prestar atención a la salud mental.
“Hay escasez de personal. En el área de salud hay bastantes personas que simplemente no quieren trabajar. Estoy hablando de auxiliares de enfermería, enfermeros, asistentes médicos… De pronto son cargos de cierto modo menores, pero muy importantes, porque se necesita de su apoyo”, aseguró Puig.
“Estamos cansados de ver personas enfermas, de ver pacientes que no se curan, personas tercas que no se vacunan sin ningún tipo de razón. Eso nos duele mucho”, expresó.
En Washington DC aplicaron ordenanzas de vacunación para los trabajadores del gobierno y de la salud con fecha tope del 30 de septiembre, anunciadas por la alcaldesa Muriel Bowser en agosto. En consecuencia, la Asociación de Hospitales de la capital reportó repuntes en la vacunación del personal de primera línea en las últimas semanas, principalmente entre quienes dudaban en recibir la inyección.
Sin embargo, hasta el sábado 2 de octubre había casi 2 mil 500 empleados sanitarios sin vacunar: cerca del 70% de ellos presentó una exención por motivos religiosos, según autoridades locales.
¿Cuándo termina la pandemia?
Más de la mitad de los estadounidenses están completamente inmunizados. Aun así, la doctora Page ve difícil que el COVID-19 desaparezca por completo: hay millones de personas sin vacunar en el país; y fuera de Estados Unidos la mayoría de los habitantes no tienen acceso a las inyecciones.
“Yo creo que el COVID-19 se queda con nosotros”, reconoció Page. Sin embargo añadió: “Si podemos lograr que la mayoría de la población se vacune, pueden hacer que el coronavirus pase a un segundo plano”.
