El Congreso aprobó recientemente una medida presupuestaria de emergencia que mantiene abiertas las puertas del gobierno hasta el próximo 3 de diciembre. Pero si no resuelve la pelea sobre si elevar o no el techo de la deuda nacional sería un desastre para millones de estadounidenses, desde los inversionistas hasta los jubilados que dependen del Seguro Social.
Como cada hogar en Estados Unidos, el gobierno federal también tiene un presupuesto al que ceñirse y, concretamente, el Departamento del Tesoro tiene un techo o límite de cuánto dinero puede sacar prestado para pagar las deudas pendientes. En 1917, el Congreso aprobó una ley federal que estableció un límite de $11 mil 500 millones, pero, de ser necesario, puede elevar ese techo como ya lo hecho numerosas veces en el pasado.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió en una audiencia el jueves pasado que la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos “sería algo desastroso para la economía estadounidense, para los mercados financieros globales y para millones de familias y trabajadores, cuya seguridad financiera estaría en riesgo debido a una demora en los pagos”.
El gobierno nunca antes ha abandonado sus compromisos financieros pero el escenario catastrófico incluiría demoras en los cheques del Seguro Social, recortes a programas sociales y una posible subida en las tasas de interés, entre otros problemas.
A continuación una explicación sobre qué pasaría si por falta de acuerdo en el Congreso el gobierno cae en morosidad y no paga sus deudas:
¿Qué es el techo de la deuda nacional?
El techo o límite de la deuda se refiere no a los gastos del gobierno sino más bien a cuánto dinero puede pedir prestado el Departamento del Tesoro en nombre del gobierno para pagar las deudas pendientes.
¿Por qué necesita préstamos el gobierno?
El Congreso aprueba un presupuesto cada año para pagar los salarios de los empleados federales y financiar todos los programas y servicios que reciben fondos federales.
Todos esos gastos se financian con los impuestos que el gobierno recaba de cada contribuyente, pero casi siempre necesita préstamos para cubrir los gastos, lo que a su vez incrementa el déficit. Es decir, simplemente “no da la cobija” y el gobierno solicita préstamos para pagar los programas aprobados por el Congreso.
¿Hay peligro de que el Departamento del Tesoro se quede sin dinero?
Sí. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió en una audiencia el mes pasado ante el Congreso y en una carta en julio pasado que, sin la intervención del Congreso, el Departamento del Tesoro podría quedarse sin dinero para pagar las deudas tan pronto como el próximo 18 de octubre.
¿Puede el Congreso elevar ese techo de la deuda?
En 1917, por instancias del entonces presidente Woodrow Wilson, el Congreso aprobó una ley federal que impuso un límite de deuda de $11 mil 500 millones en esa época. Es parecido a cuando un banco autoriza un aumento en la línea de crédito de un consumidor.
Pero en situaciones de emergencia -cuando el gobierno corre peligro de caer en morosidad o incumplimiento de pago- el Congreso ha aprobado un aumento en ese techo.
¿Cuándo fue la última vez que el Congreso elevó el techo de la deuda nacional?
En 2019, el Congreso aprobó de forma bipartidista una medida que suspendió el techo de la deuda hasta el 31 de julio de 2021, a un nivel de $28,4 billones. Por eso se repiten las riñas políticas entre ambos partidos.
Ante la polarización política en Washington, los republicanos han querido usar las negociaciones sobre el techo de la deuda para imponer condiciones sobre la agenda de reconstrucción de la Administración Biden-Harris, algo completamente ajeno al asunto.
Los republicanos, además, elevaron o suspendieron la aplicación del techo de la deuda en tres ocasiones durante la Administración Trump, pero ahora se niegan a hacerlo y han dejado entrever que podrían torpedear la agenda económica de Biden.
¿Qué pasa si el Congreso no eleva el techo de la deuda esta vez?
Si el Congreso no llega a un acuerdo, el gobierno no tendrá fondos para pagar sus deudas, y el incumplimiento de pago de inmediato afectaría su récord de crédito.
Tal como sucede con los consumidores, una mala trayectoria de crédito tiene consecuencias a mediano y largo plazo. Por ejemplo, el Tesoro goza de bajas tasas de interés que paga en sus bonos, pero con un mal crédito esos intereses se dispararían, acercando al país y al mundo a otra recesión.
En 2011, cuando hubo otra disputa en el Congreso por el techo de la deuda, la agencia de crédito Standard & Poor degradó, o bajó de categoría, el récord de crédito de Estados Unidos.
Un mal crédito eleva los intereses, dificulta la obtención de más crédito y encarece las transacciones. Eso sucede en los hogares y sucedería también con el gobierno.
Si el Tesoro afronta una subida en los intereses, también los consumidores afrontarían un alza en los intereses de préstamos para hipotecas, la compra de vehículos, las tarjetas de crédito y las inversiones empresariales, entre otros.
¿Cómo afectó al gobierno esa baja de crédito?
La sola amenaza de que EEUU caería en morosidad aumentó el costo de solicitar préstamos al gobierno. Según la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO, por su sigla en inglés), la disputa de 2011 aumentó los costos asociados con la solicitud de préstamos por un total de $1 mil 300 millones ese año. En 2013, con otra disputa similar, el costo adicional osciló entre $38 millones y $70 millones. Es decir, los préstamos encarecieron para el gobierno.
¿Alguna vez ha dejado de pagar sus deudas el gobierno?
El gobierno federal jamás ha incumplido sus pagos ni ha caído en morosidad. Si sucede en 2021, eso conllevaría un golpe económico sin precedente y con graves consecuencias para la economía global.
Para impedir este escenario, el Departamento del Tesoro ha tomado medidas extraordinarias temporales, pero esos trucos de contabilidad no funcionarían para siempre. La situación sería insostenible, según los expertos.
¿Por qué nos debe importar este asunto?
El incumplimiento de pago del gobierno federal es algo que afecta a toda la población. Si el gobierno no puede solicitar más préstamos porque ya alcanzó el límite, de inmediato tendría que “ajustarse el cinturón” y hacer recortes en muchos programas y beneficios, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable.
¿Qué tipos de programas se verían afectados por el incumplimiento de pagos?
Según explicó Yellen ante el Congreso, elevar el techo de la deuda afecta de inmediato los gastos ya autorizados por el Congreso en el pasado y por los que el gobierno debe pagar, no los gastos del futuro.
Aún así la lista de programas y servicios afectados por la morosidad del gobierno -ya sea por suspensión o demora en el desembolso de fondos- sería tan larga como alarmante, incluyendo:
- pagos del Seguro Social para unos 15 millones de jubilados
- beneficios de Medicare y Medicaid
- salarios para empleados federales,
- beneficios para veteranos,
- fondos para el desempleo
- fondos para programas de vivienda
- pagos para programas de educación
- fondos para programas de nutrición en las escuelas públicas
- el crédito tributario para unos 30 millones de familias con hijos menores de edad
- fondos federales para emergencias naturales
- fondos para mitigar la pandemia del COVID-19
¿Y ahora qué sigue?
En agosto pasado, el Departamento del Tesoro ya había tenido que recurrir a medidas “extraordinarias” para seguir financiando las operaciones del gobierno. Esas medidas afectaron principalmente futuras inversiones en fondos de pensiones.
Si en las próximas dos semanas el Congreso no aumenta o suspende el techo de la deuda, el gobierno tendrá ante sí varios escenarios, incluyendo dar prioridad a unos pagos y dejar de lado otros o postergar algunos, según un análisis del Bipartisan Policy Center. Se calcula que el gobierno no pagaría cerca del 40% de sus cobros, lo que provocaría mucha inestabilidad.
En los próximos días habrá más presiones de la Casa Blanca para que el Congreso logre un acuerdo y así evitar que el gobierno se cuelgue el rótulo de “mal pagador”.
Fuentes: Departamento del Tesoro, Comité para un Presupuesto Federal Responsable, Concejo sobre Relaciones Exteriores, Bipartisan Policy Center
