El fiscal general Merrick Garland se comprometió a duplicar el tamaño del personal que investiga la aplicación de los derechos de voto del Departamento de Justicia para combatir los esfuerzos para restringir el acceso a las boletas y procesar a aquellos que amenazan o dañan a los trabajadores electorales.
En un discurso expansivo que invocó el largo y, a veces, vacilante progreso de la nación para garantizar el derecho de cada estadounidense a votar, Garland comparó la lucha contra los esfuerzos para restringir el acceso a las boletas electorales con las campañas pasadas que consagran los derechos de voto para los afroamericanos en la Constitución y la seminal Ley de Derechos de Voto de 1965.
Garland dijo que los abogados litigantes adicionales, que planea contratar en los próximos 30 días, examinarán las nuevas leyes y prácticas existentes en todo el país para la posible discriminación contra los estadounidenses de color, incluidas las nuevas medidas impulsadas por los legisladores estatales republicanos. Harán cumplir las disposiciones de la Ley de Derecho al Voto desafiando tales leyes o prácticas en los tribunales, y procesarán a cualquier persona que se encuentre intimidando o amenazando con violencia contra los funcionarios electorales.
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La unidad ampliada también monitoreará el creciente número de revisiones de boletas postelectoral que se están pidiendo en todo el país por parte de los partidarios del expresidente Donald Trump en busca de signos de violaciones de las leyes federales, dijo Garland, y vigilará los próximos esfuerzos para denunciar las prácticas discriminatorias.
«Para enfrentar el desafío del momento actual, debemos volver a dedicar los recursos del Departamento de Justicia a una parte crítica de su misión original: hacer cumplir la ley federal para proteger la franquicia de todos los votantes elegibles», dijo Garland en su discurso a los empleados del departamento. Agregó que «donde veamos violaciones, no dudaremos en actuar».
Sus comentarios se producen cuando la administración Biden enfrenta una creciente presión de grupos de derechos civiles y demócratas estatales para desafiar con más fuerza a la República.
The Washington Post. Traducción libre por El Tiempo Latino.
