Los abogados del Departamento de Justicia instaron a un juez federal el viernes a desestimar las demandas contra el expresidente Donald Trump, el exfiscal general William P. Barr y otros funcionarios por el violento despeje de manifestantes de Lafayette Square en junio pasado por parte del ejército y la policía de Estados Unidos.
Trump y otros funcionarios estadounidenses son inmunes a las demandas civiles por las acciones policiales tomadas para proteger a un presidente y asegurar sus movimientos, dijeron abogados del gobierno sobre las acciones tomadas antes de una sesión de fotos de Trump sosteniendo una Biblia frente a la histórica Iglesia de San Juan. Una multitud de más de mil manifestantes en gran parte pacíficos protestaban por el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis antes de que se despejara el parque.
Un año después de la semana posterior a la muerte de Floyd, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que las demandas también deberían ser descartadas porque las elecciones presidenciales de noviembre pasado hicieron poco probable futuras violaciones. El gobierno dijo que la plaza Lafayette Square ha sido reabierta y la administración del presidente Biden no comparte la hostilidad declarada de Trump hacia Floyd y el movimiento por la justicia racial.
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Día convulso en Lafayette Square
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de DC, Black Lives Matter, otros grupos de libertades civiles y manifestantes individuales acusan a Trump y a altos funcionarios de conducir los eventos del 1 de junio. La policía militar, federal y local despejó la plaza por la fuerza con porras, garrotes, caballos, gas pimienta, humo y dispararon proyectiles 30 minutos antes de que comenzara el toque de queda en toda la ciudad. Las imágenes de violencia provocaron una reacción violenta a nivel nacional contra los llamamientos de Trump a una «fuerza abrumadora» para sofocar a los que llamó «matones» y terroristas domésticos. El principal oficial militar de la nación se disculpó más tarde por caminar con Trump ante las cámaras de televisión ese día.
Los abogados de la ACLU dijeron que a pesar de los precedentes legales, la defensa del gobierno «autorizaría la brutalidad con impunidad» en el corazón de Washington en uno de los espacios más simbólicos dentro de la sede del gobierno federal.
Si su defensa fuera confirmada, las autoridades estadounidenses «podrían haber usado munición real para limpiar el parque, y nadie tendría un reclamo contra eso como un asalto a sus derechos constitucionales», dijo Scott D. Michelman, director legal de ACLU-D.C.
The Washington Post. Traducción libre por El Tiempo Latino
