Por María Peña – Especial para El Tiempo Latino y El Planeta
WASHINGTON.— Los trabajadores agrícolas indocumentados podrían al fin legalizarse si el Congreso aprueba un proyecto de ley que les ofrece una vía hacia la eventual ciudadanía estadounidense. Pero la iniciativa afronta un largo camino en el Senado y hasta la oposición de algunos grupos pro-inmigrantes.
La Cámara de Representantes aprobó el pasado 18 de marzo la iniciativa conocida como el “Acta de Modernización para Fuerza Laboral Agrícola” (Farm Workforce Modernization Act), con 247 votos a favor y 174 en contra. La medida H.R. 1603 obtuvo el apoyo de 30 legisladores republicanos, mientras que un solo demócrata votó en contra.
La Cámara Baja también aprobó otra medida para legalizar a los “Dreamers”, “tepesianos” y otros inmigrantes indocumentados. Según cálculos del Instituto para Política Migratoria (MPI, por su sigla en inglés), esa medida daría la residencia permanente a hasta 4,4 millones de inmigrantes.
Ambas medidas aguardan fecha en el calendario en el Senado, pero no hay señales de que sean sometidas a debate y voto en el futuro inmediato.
El Senado está dividido por partes iguales entre 50 demócratas y 50 republicanos, pero la vicepresidenta, Kamala Harris, en su calidad como presidenta de la Cámara Alta, puede romper empates a favor de los demócratas. La traba es que se requiere el “sí” de al menos 10 senadores republicanos para la aprobación de cualquier iniciativa, y muchos republicanos evitan el espinoso tema.
La medida para trabajadores agrícolas ha generado oposición de grupos que la consideran insuficiente, si bien otros la aplauden como un buen primer paso.
Es que, según activistas, la medida pondría fin al miedo que sienten los campesinos hispanos a ser deportados y separados de sus familias, y les facilitaría mejores condiciones laborales y salariales.
De ser aprobada, la iniciativa legalizaría a buena parte de la mano de obra agrícola en Estados Unidos, aunque primero tendrían que cumplir con varios requisitos, incluyendo el pago de una multa de mil dólares y una revisión de antecedentes penales.
Bajo la iniciativa, quienes hayan realizado labores agrícolas por al menos 180 días en los últimos dos años podrán solicitar un permiso temporal para certificar su estatus como trabajadores agrícolas. Ese permiso sería renovable cada cinco años y, tras un periodo de ocho años de trabajo adicionales, podrán solicitar la residencia permanente.
Sin embargo, los trabajadores con al menos diez años de labores en el campo solo necesitarían cuatro años de labor adicionales para solicitar la residencia permanente.
Además, el proyecto de ley amplía y modifica el programa de visas “H-2A”, renovables cada tres años, para “trabajadores huéspedes” del sector agrícola e incluye más protecciones laborales. La iniciativa proporciona un total de 40 mil tarjetas de residencia permanente, o “green cards” para personas con visas “H-2A”, si demuestran que han trabajado con ese estatus durante 10 años.
La medida también permitiría que ciertos agricultores soliciten asistencia de vivienda del gobierno federal para sus trabajadores con visas “H-2A”. Pero también les exige el uso del sistema “E-Verify” para confirmar el estatus migratorio de futuros empleados.
En declaraciones a El Tiempo Latino, Bruce Goldstein, presidente del grupo Farmworker Justice, consideró que el Congreso viene arrastrando el asunto de inmigración durante muchos años sin lograr consenso, en parte porque siempre ha habido facciones anti-inmigrantes o favorables a las patronales.
“No existen los votos para una mejor iniciativa, pero sabemos cómo mejorarla… la medida US Citizenship Act es mejor pero no parece tener buenas probabilidades en la Cámara de Representantes y mucho menos en el Senado”, señaló Goldstein.
El experto se refería a una legislación propuesta por el presidente, Joe Biden, en enero pasado, y presentada ante la Cámara Baja por la legisladora demócrata por California, Linda Sánchez, para instituir una reforma migratoria integral. Esa medida no ha sido sometida a voto.
Según Goldstein, la medida no es perfecta, pero es, a su juicio, un “esfuerzo responsable” por corregir los problemas del sistema migratorio y ayudar a que los trabajadores agrícolas y sus familias obtengan “un mayor sentido de justicia”.
Hay aproximadamente 2,4 millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos, de los cuales poco más de la mitad viven y trabajan sin papeles en el país, indica una hoja de datos de Farmworker Justice.
Divisiones sobre el bienestar de los trabajadores agrícolas
La medida cuenta con el respaldo de más de 300 organizaciones agrícolas y de sindicatos como el de United Farm Workers (UFW), que consideran que los campesinos realizan labores difíciles y peligrosas y merecen salir de las sombras.
Sin embargo, la legislación enfrenta oposición de influyentes grupos como American Farm Bureau Federation, que se opone al método para calcular salarios para los “trabajadores huéspedes” y otras cláusulas.
Por su parte, el Instituto de California para Estudios Rurales argumenta que la medida no contiene suficientes protecciones para los trabajadores agrícolas y pone énfasis en el programa de visas “H-2A”, que en años recientes ha enfrentado quejas de abusos laborales y malas condiciones de vivienda para los trabajadores.
Ildi Carlisle-Cummins, directora ejecutiva del Instituto, cuando fue consultada por El Tiempo Latino criticó que la iniciativa establece un tiempo de espera largo para la legalización y, además, muchos trabajadores empleados por contratistas no tienen manera de comprobar su empleo.
“Nos parece que esta medida sirve para asegurarle una fuente de trabajadores a una industria agrícola que cuenta con cabilderos para promoverla, en vez de resguardar los derechos de los trabajadores”, explicó Carlisle-Cummins.
“La expansión del programa H-2A también es problemática porque, aunque da a los trabajadores algunos derechos, en 8 a 10 años aumenta nuestra dependencia en trabajadores importados que quedan a merced de sus empleadores para todo…son ganancias a corto plazo para unos pocos en detrimento de los muchos a largo plazo”, advirtió.
Es que la medida incluye numerosas concesiones a las patronales: por ejemplo, permite congelar los salarios a trabajadores con visas “H-2A” hasta fines de 2022, y después habría incrementos graduales con un límite del 3,25%.
En la actualidad, los trabajadores agrícolas con visas “H-2A” ganan entre $11.81 y $16.34 la hora, dependiendo del estado donde vivan. Algunos detractores de la medida temen que las empresas darán preferencia a trabajadores extranjeros para no tener que pagar mejores salarios a los estadounidenses.
Mientras tanto, líderes empresariales del sector agrícola mantienen una campaña de presión para que el Congreso finalmente responda a los retos que aquejan al sector desde hace años.
En ese sentido, Dave Puglia, principal ejecutivo de la empresa Western Growers, dijo durante una reciente conferencia telefónica con periodistas que “la inacción del Senado es inaceptable”.
“La inacción es como decir que el estatus quo es aceptable, y no es así. Debemos entender que el estatus quo no es aceptable si valoramos al sector agrícola estadounidense como un imperativo de seguridad nacional’, argumentó Puglia, cuya empresa representa a productores de frutas y verduras en California y otros estados del oeste del país.
Tanto los líderes del sector como los congresistas demócratas esperan que la medida para trabajadores agrícolas esta vez sí sea aprobada por ambas cámaras del Congreso. En 2019, la Cámara Baja aprobó una medida casi idéntica, pero ésta se quedó estancada en el Senado.
