Con la llegada de Joe Biden al poder creció la esperanza de miles de migrantes centroamericanos, específicamente la de padres que sueñan ofrecer a sus hijos una mejor calidad de vida. Sin embargo, en la búsqueda de aquel anhelo, la crisis fronteriza se ha vuelto una realidad tangible y más dura, pues si bien la administración del presidente ha confirmado que este no seguirá los pasos de su predecesor, con cada día que pasa el número de migrantes, especialmente de menores no acompañados, se vuelve mayor.
El drama se acrecentó en febrero cuando -con apenas un mes de mandato- se estimó que 9 mil 457 menores no acompañados habían ingresado al país por la frontera sur. Las alarmas comenzaron a encenderse y las acciones se aceleraron.
Fue entonces cuando el 23 de febrero, se anunció la reapertura de un campamento ubicado en Carrizo Springs, Texas. El espacio fue una instalación de emergencia abierta bajo la administración de Trump en 2019 y solo se utilizó un mes. Ahora, bajo una política migratoria que se niega a devolver a los infantes, el gobierno de Biden la tomó para albergar hasta 700 niños de 13 a 17 años.
Si bien esta primera medida no solventó el problema, funcionarios del gobierno de Biden indicaron que era de gran ayuda pues las instalaciones para niños migrantes han tenido que reducir la capacidad a casi la mitad debido a la pandemia de coronavirus.
Tan solo dos semanas después, Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció que la administración de Biden se encontraba en la búsqueda de nuevas instalaciones para albergar a los niños migrantes que yacen en instalaciones temporales de la Patrulla Fronteriza y Aduana (CBP) y esperan por ser trasladados a hogares administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
El objetivo de la hazaña, aseguró, es poder garantizar que los infantes tengan acceso a la educación, la atención médica y los servicios legales. «Estamos buscando instalaciones adicionales donde podamos albergar a los niños de manera segura y asegurarnos de que tengan acceso a todos estos recursos», dijo Psaki.
Rechazo
Sin embargo, estos albergues de emergencia han sido criticados por defensores de los inmigrantes, abogados y activistas de derechos humanos por sus condiciones, el costo y la falta de transparencia en sus operaciones.
Maureen Meyer, vicepresidenta para Programas de WOLA, organización que promueve los derechos humanos, aseguró que lo que se ha visto hasta el momento es “un interés de Biden de sí asumir este reto de buscar donde alojar esta cantidad de menores no acompañados”. Además, alega que la iniciativa se ha extendido incluso hasta “organizaciones e iglesias que están ofreciendo lugares para acoger a los niños”.
Sin embargo, reconoce que es justamente la política migratoria en la cual se ha evidenciado la falta de apoyo de la población e incluso del Partido Republicano, lo que hace que el reto sea aún más cuesta arriba.
“Su punto débil es cómo está manejando la situación en la frontera por el gran número de personas que están llegando”.
Un informe al que tuvo acceso CNN, elaborado el doctor Paul Wise y Andrea Ordin, supervisores que un juez federal en California designó para informar sobre las condiciones de los menores en las instalaciones de la CBP y en los sitios de admisión de emergencia de la ORR bajo el Acuerdo Flores, detalla que al 30 de marzo más de 3 mil menores no acompañados continúan retenidos dentro de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Donna, Texas. Asimismo, el documento refleja que más de 500 niños son menores de 12 años, y que aproximadamente unos 2 mil 500 llevaban bajo custodia más tiempo del límite legal de 72 horas.
De igual forma, CNN revela que desde el 7 de marzo de 2021, «la ocupación en las instalaciones de la CBP en Donna ha estado entre 2 mil 200 y 4 mil 500», cifras que superan la capacidad máxima establecida por la pandemia que es de 500 personas.
No obstante, Meyer añade que el manejo de los medios no ha sido el más positivo, pues si bien no han tenido acceso a dichos espacios, estos se han encargado de “mostrar mucho una imagen de crisis, sin pensar y poner los número en contexto, sobre todo los números grandes porque sí hay muchos menores, sí hay numerosas familias que están llegando, pero también hay migrantes expulsados de Estados Unidos cada día”.
“Hay que tomar en cuenta qué significa cada número (publicado por las autoridades). Es una población que -a mediano plazo- Estados Unidos ha comprobado en el pasado que ha logrado absorber y procesar de forma humana en buen tiempo”.
Sobre el traslado de los menores a albergues asegura que “todos saben que es mejor que estos niños estén en un refugio que en custodia de CBP por más tiempo de lo que deben”.
Intereses
La especialista afirma que políticamente hay un interés muy fuerte de los demócratas por asegurar que los menores estén en un lugar mejor donde cuenten con seguridad.
“Hay un interés profundo de asegurar que cualquier refugio que se abra sea con ciertas condiciones y que garanticen el bienestar del menor. Hay un esfuerzo por el ejercicio de monitoreo de los congresistas para asegurar cuáles son las condiciones de los menores”.
De igual forma, explica que el gobierno se está esforzando por hacer del proceso de reubicación una transición segura, ubicándolos con un familiar que esté en Estados Unidos y en la capacidad de velar por él. No obstante, recuerda que es un proceso que si bien esperan sea rápido, debe ser cuidadoso “porque en el pasado cuando se hizo demasiado pronto hubo casos de redes de traficantes, tráfico de personas, entre otras cosas. Quieren asegurar un proceso rápido, pero que garantice la seguridad y las condiciones de los menores”.
La Casa Blanca aseguró que los padres o tutores de los menores indocumentados que se encuentran en la frontera no enfrentarán “consecuencias migratorias» por acudir a recogerlos. La finalidad de la medida es reducir el tiempo que pasan los niños en sus instalaciones. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó que anuló una norma establecida por el Gobierno del expresidente Donald Trump en 2018 que generaba «un efecto disuasorio» para representantes indocumentados que temían recoger a los infantes por miedo a ser deportados.
Por otra parte, Meyer también alega que los republicanos buscan tomar las críticas y la “crisis de menores no acompañados con fines políticos”. La vicepresidenta para Programas de WOLA no duda que como personas les preocupa el bienestar de los niños, pero como políticos considera que ya en el pasado “hubo otras crisis de menores no acompañados, hubo separación familiar y hubo críticas al gobierno de Trump”.
“Creo que hay diferentes intereses políticos de por medio, sobre todo del partido republicano con miradas al 2022, ya que quieren que la migración en el gobierno de Biden sea un tema álgido en las elecciones de medio término”.
Pandemia
Maureen Meyer insiste que es indispensable que se realicen más albergues para los menores no acompañados pues “en los centros de CBP hay una sobrepoblación. Es casi imposible mantener ningún nivel de distanciamiento social”.
“Urge tener y abrir más refugios para ubicar a los menores donde es más posible el distanciamiento social que en la custodia de CBP y también es importante saber qué pasos puede tomar el gobierno para evitar el contagio del COVID-19 en estos centros, así como las medidas que establecerán para hacer más pruebas en estos centros y si se ampliará la capacidad para aislar y poner a los que están contagiados en otros espacios”.
El doctor Paul Wise y Andrea Ordin escribieron en su informe que “los espacios abiertos diseñados para caminar, leer o jugar también están completamente ocupados por colchonetas. Las duchas diseñadas para una ocupación de mil están ocupadas todo el día. Y algunos menores informaron que no recibieron duchas durante varios días. Se intenta (ofrecer) tiempo de recreación durante el momento en que se limpian las cápsulas individuales”. También se informó que en momentos el hacinamiento dentro de las instalaciones es tal que “no queda espacio entre las colchonetas”.
