Una investigación realizada por la Oficina del Inspector General, organismo que se desprende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), reveló maltratos generalizados el año pasado a inmigrantes recluidos en el Centro Correccional de la Palma, en Arizona, y perteneciente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
De acuerdo con la cadena de noticias CBS, los daños iban desde una inadecuada atención médica hasta castigos excesivos por protestar en medio del caos causado por la pandemia del COVID-19.
Dichas acciones fueron calificadas como un peligro para «la salud, la seguridad y los derechos» de los inmigrantes detenidos en el sitio.
El informe de la Oficina del Inspector General basó su estudio en mil 300 quejas de recluidos.
Pandemia
Los inmigrantes reconocieron que celebraron varias manifestaciones para pedir que se cumplieran con las debidas normas y así evitar la cadena de contagios dentro del centro, alegando que el personal no contaba con el equipo de protección necesario; sin embargo, afirmaron que los funcionarios les rociaron gas pimienta en una de las protestas.
Uno de los detenidos se negó a testificar por miedo a posibles represalias.
Otro de los castigos a los que fueron sometidos, continuó el informe, señaló que varios de los detenidos no recibieron durante un lapso ropa de cama, asesoría en materia legal y demás servicios que en teoría deberían brindar el sistema.
Abusa verbal contra los inmigrantes
El informe detalló que las autoridades del lugar degradaron y ofendieron verbalmente a los detenidos, incluidos insultos raciales según confesó uno de los recluidos en el centro ICE de Arizona.
La misma persona agregó que fue amenazada por los uniformados del lugar con ser rociada con gas pimienta.
Servicios médicos
Uno de los temas que más alarmó a quienes estuvieron detrás de la inspección fue la falta de atención médica adecuada, especialmente en tiempos en los que el impacto del COVID-19 arropó a todo el país.
El centro, según la investigación, estaba «críticamente escaso de personal», con hasta 21 vacantes libres en el sitio, lo que retrasó de manera significativa la respuesta a emergencias dentro del área.
«Un detenido, que es un paciente de cáncer, se quedó sin medicamentos para la leucemia después de que el personal médico no ordenó que lo repongan a tiempo», reveló el informe. «Dado que el detenido no tenía el medicamento en la mano, no sabía cuándo se estaba acabando ni cuánto tardaría el personal médico en obtener un resultado».
Desde ICE hubo un total rechazo a la investigación de las autoridades del DHS, al asegurar que las acciones que involucraron el uso de la fuerza estaban dentro de las reglas establecidas por la agencias. Asimismo, indicó que todos los detenidos recibieron la atención médica adecuada bajo servicios especializados.
