El COVID-19 no distingue razas. La gravedad del brote hizo de su expansión un fenómeno de alta velocidad que en el presente tiene en Latinoamérica su epicentro. Cada gobierno puso en marcha medidas con las que esperan poner freno al virus; sin embargo, una comunidad luce como posible blanco: los indígenas.
Con la mayoría de sus poblaciones en aislamiento voluntario, el difícil acceso a óptimos servicios de salud y desatención por parte del Estado, los grupos distribuidos a lo largo de la región se hacen cada día más vulnerables frente a la pandemia, que hasta la fecha afecta a más de 8.3 millones de personas en el planeta y ha cobrado la vida de más de 440 mil.
La situación de la comunidad indígena luce como una bomba de tiempo, especialmente en países como Brasil y Venezuela, donde se concentran cientos de poblaciones originarias cuyos gobernantes hacen caso omiso al peligro que representa el brote y demuestran que sus brazos no tienen el alcance suficiente en materia de salud para resguardar a grupos con una carga histórica incalculable, quienes despiertan en el desplazamiento de sus hombres y mujeres la advertencia de una más que segura expansión del COVID-19 en sus respectivos territorios.
Pese a que no hay registro oficial sobre la incidencia de la pandemia en la comunidad indígena de la región, las alarmas están encendidas ante el inevitable paso del COVID-19 por los rincones de la zona. Así lo afirmó en un comunicado emitido el 6 de abril el Mecanismo de Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
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ATENCIÓN. Expertos señalan que los Estados no han mostrado interés en sus indígenas / EFE
En su documento, el grupo de especialistas advirtió que “la propagación del COVID-19 ha exacerbado y seguirá exacerbando una situación ya crítica para muchos Pueblos Indígenas: una situación en la que ya abundan las desigualdades y la discriminación”. Según el organismo, “el aumento de las recesiones a nivel nacional y la posibilidad real de una depresión mundial agravarán aún más la situación, causando un temor de que muchos indígenas mueran, no sólo por el virus en sí, sino también por los conflictos y la violencia vinculados a la escasez de recursos, y en particular de agua potable y alimentos”.
El hecho no es menor. Se estima que la población indígena en Latinoamérica es de más de 45 millones de personas, quienes conforman el 10% del total de la región distribuido en 826 grupos, con Brasil concentrando la mayor parte de estos (305).
Ese país cuenta con su propia crisis. La nación dirigida por el presidente Jair Bolsonaro registró entre el 1 de mayo y el 17 de junio 287 muertes en comunidades indígenas por el coronavirus. En líneas generales, el extenso territorio acumula más de 950 mil afectados y 46 mil víctimas mortales, segundo en ambas estadísticas en todo el planeta. De acuerdo con la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, 9.1% de quienes dieron positivos por coronavirus murieron, un porcentaje mayor al 5.2% entre la población general.
Política y migración
Para la antropóloga Cristina Burelli, la situación del país amazónico se nutre de las políticas extremistas de Bolsonaro y la propia crisis generalizada que desde hace años arropa a Venezuela. Según sus datos, actualmente unos 5 mil indígenas venezolanos se encuentran en territorio brasileño, de los cuales aproximadamente 3 mil pertenecen a la etnia warao.
“Con la crisis del Covid-19 en Brasil, muchos de los waraos están regresando a Venezuela. Muchos de ellos seguro van a venir contagiados con coronavirus y a contribuir con la expansión de la pandemia”, sostuvo.
En el caso de Venezuela –añadió Burelli– “No hay presencia del Estado. No hay médicos (entre las comunidades indígenas). El régimen sacó a todos de ahí”.
El país petrolero es constante objeto de críticas por los desaciertos políticos de Nicolás Maduro y su manejo del sector salud no ha sido la excepción; no obstante, el coronavirus podría generar un caos aún mayor en dicho territorio.
“Lo que nos preocupa es que si llega a haber contagios y se expande el coronavirus en el Alto Orinoco, la enfermedad puede acabar con el pueblo yanomani”, indicó la experta. “Tanto Bolsonaro como Maduro, que son los extremos de derecha e izquierda, tienen la misma actitud sobre los indígenas”.
Indígenas en Latinoamérica: Una población vulnerable ante la pandemia
Un problema mayor
En el trabajo de 2015 titulado “Latinoamérica Indígena en el siglo XXI”, del Banco Mundial “existen condiciones estructurales que anclan a los Pueblos Indígenas a la pobreza e impiden el desarrollo de su pleno potencial económico”. Asimismo, la oficina de los Derechos Humanos para América del Sur de la ONU apuntó con cifras a la pobreza: conforman el 14% de la pobreza latinoamericana y el 17% de la extrema.
En cuanto al acceso a los servicios, la situación es aún más oscura. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el sarampión, la fiebre amarilla, la tuberculosis y la malaria aparecen como padecimientos comunes en la comunidad. “Esto se agrava por la inseguridad alimentaria, que afecta al 85% de la población, y la falta de servicios de agua y saneamiento”, reza un documento con fecha del 8 de junio.
El pasado reciente tampoco es brillante. El brote de influenza H1N1 se tradujo en cuatro y hasta siete veces más mortal para los indígenas en comparación con otras poblaciones, según la ONU. El sarampión también tuvo impacto en 2018 –recordó Burelli– y los Estados han presentado una respuesta minúscula respecto al tamaño de los problemas que aqueja a los pueblos originarios.
En peligro
La incidencia del COVID-19, sumada a otras enfermedades de enorme impacto en la comunidad y la indiferencia de los gobernantes locales, ponen sobre una base frágil a miles de indígenas en Latinoamérica.
En su informe regional del mes de mayo, FILAC estimó que más de 450 pueblos cuentan con menos de tres mil habitantes. Del total, alrededor de 200 viven bajo extremas dificultades.
Otra de las situaciones que agrava el tema pasa por la explotación de las zonas en las que varios de estos grupos hacen vida.
Dentro de sus hábitats de aislamiento voluntario se cuentan kilómetros de minas de oro en donde la mano dura del hombre ha comenzado a hacer mella, apartando a sus sociedades y sus cientos de años de historia.
“Los intereses económicos, la mentalidad extractivista es la que priva”, expresó Burelli. “Todos estos países están, legal o ilegalmente, explotando el oro y, tristemente, los que más sufren son los pueblos indígenas que viven en estas zonas”.
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PRECARIEDAD. Las condiciones son cada día peores para los pueblos originarios / EFE
Una pausa para pensar
El contexto actual puso sobre la mesa del mundo el debate del racismo. La muerte de Geroge Floyd, afroamericano de 46 años a manos de un oficial de la policía de Minneapolis el pasado 25 de mayo, desató la discusión.
En América Latina, de acuerdo con Feline Freier, profesora e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico en Perú, el fenómeno se dirige hacia la población indígena.
La pobreza encuentra en este punto un motivo importante para alimentar el racismo. La experta, en entrevista el pasado 10 de junio para El Tiempo Latino, señaló que este aspecto no está ligado al color de piel de la persona, sino a las desigualdades.
La situación se convierte incluso en un patrón para la especialista, quien agregó que en las zonas más vulnerables se encuentra una mayor cantidad de mestizos e indígenas. Mientras, su solución pasa por informar sobre el tema, acabar con la desigualdad sistémica y luchar por los derechos humanos de este tipo de grupos a quienes el Estado desatendió.
Para Burelli, “hay que aprovechar esta ola (de lucha contra el racismo) para visibilizar el drama en América Latina y el hecho de que las poblaciones indígenas están sufriendo por esta actividad extractivista minera que se lleva por delante todo, no solo el ambiente, sino también las poblaciones y las culturas autóctonas”.
La OPS piensa ir más allá e involucrar a los responsables de cada país, impulsando espacios de participación y diálogo, “no solo para abordar los efectos de la COVID-19 de forma puntual, sino también para abordar la fase posterior a la respuesta a la emergencia, donde habrá que incidir en la recuperación económica y social”.
