Ante el anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, de ampliar la cuarentena domiciliar por 15 días más y ordenar a sus funcionarios del Gabinete de Seguridad que sean más rígidos con las personas que violan la medida; abogados constitucionalistas y diputados advierten que el Gobierno está incumpliendo con el mandato de la Sala de lo Constitucional que falló a favor de no detener a los ciudadanos que incumplan con la cuarentena, a menos que se demuestre que tienen un vínculo epidemiológico de riesgo de propagación del COVID-19.
Bukele afirmó que a raíz de que muchas personas no están acatando la cuarentena domiciliar total y que salen a la calle sin justificación alguna, ordenó a los policías y los soldados a ser más duros con ellos y llevarlos a centros de contención.
“Quiero anunciar que vamos a extender por 15 días más la cuarentena domiciliar obligatoria, con las mismas restricciones y seremos más duros con quienes la incumplan”, dijo Bukele en cadena de radio y televisión anoche.
Ordenó a no hablar con la vecina, a no ir al supermercado solo porque se acabaron los huevos en la casa, que no importara que bajara su popularidad, pero Bukele advirtió a la ciudadanía a que no se quejen de que los policías o soldados les “doblen la muñeca” o les decomisen el carro y se lo lleven al predio de “Changallo” por no guardar la cuarentena y quedarse en sus casas.
Todas estas medidas, de acuerdo al abogado constitucionalista Enrique Anaya; el director del Departamento de Estudios Legales, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro, así como los diputados Rodolfo Parker, del PDC y Nidia Díaz, del FMLN, no pueden aplicarse aunque esté vigente el decreto de suspensión de algunos derechos constitucionales, conocido como decreto de excepción.
Dicen que tiene que existir una figura delictiva y para ello es necesario una reforma penal o incorporar en el decreto de emergencia nacional medidas coercitivas como días multa por no acatar la disposición de la cuarentena.
Si esa circunstancia no existe, el Ejecutivo estaría incumpliendo un mandato constitucional que se agregó al decreto de excepción aprobado por la Asamblea el 30 de marzo y que vence este próximo 14 de abril.
Sobre este último decreto de suspensión de derechos constitucionales los diputados advierten que están vigilantes de cómo se ha estado dando su cumplimiento, dado que el Gobierno tendrá que acudir a la Asamblea a solicitar una ampliación del mismo, así como del decreto de emergencia nacional.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, manifestó en su cuenta de Twitter que se está comunicando con los diputados que integran la comisión de crisis para evaluar ampliaciones del decreto de emergencia nacional.
Con información de El Salvador
