Mari Carmen Aponte, quien fungió como embajadora de los Estados Unidos en El Salvador hace cuatro años, analizó para el Diálogo Interamericano, un tanque de pensamiento en Washington, la crisis que vivió el país el pasado 9 de febrero cuando el Presidente Nayib Bukele militarizó la Asamblea Legislativa para presionar por un préstamo de $109 millones para Seguridad.
La Carta Democrática Interamericana es un estamento adoptado en 2001 por los países del hemisferio para salvaguardar los principios democráticos de los gobiernos.
“¿Qué hay detrás del despliegue militar de Bukele en la Asamblea? ¿Es tan alarmante como denuncian la oposición, varios gobiernos internacionales y grupos de derechos humanos?”, se preguntó el Diálogo Interamericana en su sitio web.
“Es difícil entender la motivación del Presidente Nayib Bukele de enviar tropas a la Asamblea Legislativa de El Salvador. Bajo la luz más benévola, sus acciones representan una impulsiva, impetuosa e irreverente acción, pero en el lado menos amable, él sigue instintos de un autoritario para desbalancear los órganos de gobierno”, inicia Aponte, ex subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Y advierte la exdiplomática: “Su amplia base puede sentirse tentada para apoyar sus acciones contra la Asamblea, conocida por sus graves problemas de corrupción, pero la brutal demostración de fuerza de Bukele violó la Carta Democrática Interamericana, una trangresión que la Organización de los Estados Americanos y democracias líderes en el hemisferio pudieron haber subrayado”, sentencia en el sitio web.
La ex representante del Gobierno de Estados Unidos en el país lamentó las acciones del Ejecutivo.
“Desafortunadamente, este episodio solo produce escenarios de derrota. El Salvador perdió inversión extranjera que podría combatir el crimen e irónicamente, Bukele dañó su relativamente inmaculada reputación internacional”, manifiesta.
“Atropello al estado de derecho”
Mientras, Javier Castro, director de asuntos legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), dijo que la institución está comprometida con el respeto al estado de derecho de la democracia, razón por la que no podían dejar de expresar su preocupación por los acontecimientos del 9 de febrero.
“Nos parece que fue un grave atropello al estado de derecho y una afrenta muy seria al orden democrático. Debemos respetar nuestra democracia, a este país le ha costado mucho llegar a la democracia y no deben haber retrocesos. Cuando vimos esta situación del 9 de febrero presenciamos un claro rompimiento del orden constitucional ”, dijo Castro.
Añadió que ante las desavenencias, tensiones y desencuentros entre el órgano Ejecutivo y el Legislativo, lo que debe prevalecer siempre son los canales que plantea el estado de derecho: las vías democráticas, canales sobre los cuales se deben ventilar las diferencias.
Señaló que las inconstitucionalidades que se dieron fueron la convocatoria del Consejo de Ministros hacia la asamblea sin tener una base constitucional, además de los llamamientos a la insurrección “imprudentes e irresponsables” y una peligrosa violación del principio de división de poderes al haber invadido (el órgano Ejecutivo) las funciones y la sede de la Asamblea Legislativa con la militarización, que “nos parece que es totalmente repudiable e inaceptable”.
Castro dijo que es necesario deducir responsabilidades, jurídicas y políticas, donde el rol de las instituciones se vuelve fundamental, tanto de la Fiscalía como de la Sala.
“Nos parece que el rol de la Sala de lo Constitucional cobra mucha importancia, es necesario que tenga una actitud oportuna y al mismo tiempo también valiente. Es un tema relevante de cara a frenar abusos de poder o intervenir cuando se violan derechos constitucionales de los salvadoreños”, señaló.
La valoración de Fusades se realizó en el marco de la presentación del informe de coyuntura legal e institucional de los últimos seis meses del año 2019.
Castro dijo que para tener un buen clima de inversión y generar las fuentes de empleo es necesaria la estabilidad política y jurídica.
Abuso de fuerza de Bukele generó desaprobación dentro y fuera del país
El pasado 6 de febrero, el presidente Nayib Bukele citó el Artículo 87 de la Constitución de la República para convocar al “pueblo” a que se pronunciara en contra de los diputados por no aprobar el préstamo de seguridad que requiere para echar a andar la tercera fase del Plan de Control Territorial.
Cuatro días después del despliegue de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil en el palacio legistativo, los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Jim Risch pidieron un diálogo pacífico entre Nayib Bukele y la Asamblea Legistativa.
También el actual embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, ha sido enfático en manifestar su interés porque haya diálogo entre las partes y se eviten llamados a la violencia, pues esto dañaría a El Salvador.
Tras los hechos del 9 de febrero en la Asamblea, el Fiscal General, Raúl Melara, se reunió con los diputados de la Comisión Política y les pidió entregar los vídeos captados por las cámaras de seguridad del recinto legislativo que muestran a policías y militares irrumpir en la institución a la que Bukele llegó el domingo a conminar a los parlamentarios para que aprobaran el préstamo de $109 millones para la tercera fase del Plan de Control Territorial.
Por ElSalvador.com
