Este lunes, la Corte Suprema permitió a la administración de Donald Trump, cumplir uno de sus mayores esfuerzos, restringir la inmigración legal.
Esta norma permite a los funcionarios estadounidenses poner en marcha una regla general que permitirá cerrar las puertas de Estados Unidos a los inmigrantes de escasos recursos y personas de color.
En un fallo de 5-4, el tribunal superior de tendencia conservadora aprobó la solicitud de la administración Trump de dejar a un lado el fallo de un juez federal que bloquea la llamada regulación de carga pública mientras que los méritos del caso continúan siendo discutidos en tribunales inferiores.
Al extender abruptamente la definición de carga pública, o carga económica para la sociedad, la regulación de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, presentada en agosto otorga a los funcionarios más poder para denegar visas y solicitudes de tarjeta de inmigrantes.
Durante décadas, Estados Unidos ha pedido a la mayoría de los solicitantes de tarjetas verdes y visas que demuestren que no serán una llamada carga pública en el país, sin embargo, la nueva regla descarta las pautas anteriores que decían que solo el uso de los beneficios en efectivo podría ser analizado por trabajadores de casos de inmigración.
La administración Trump defendió las nuevas restricciones como una forma de garantizar que los inmigrantes sean autosuficientes.
Los opositores consideran que la política actual es solo un intento de la Casa Blanca de evadir las leyes que han sido aprobadas por el Congreso, al instituir lo que básicamente es una prueba de riqueza que busca limitar la inmigración de personas pobres de los países en desarrollo.
Tras la publicación de la versión final de la regla de carga pública, la misma fue bloqueada en la corte, pero, en las últimas semanas, los tribunales de circuito levantaron tres de los cuatro mandatos a nivel nacional en su contra, dejando solo una orden de un juez federal en Nueva York.
A principios de enero, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte Suprema que anulara el resto de la orden judicial a nivel nacional, una solicitud por fin ha sido otorgada.
Las nuevas restricciones deberán ser implementadas en cada parte del país que no sea Illinois, donde la regla aún está bloqueada bajo un mandato estatal.
Para determinar si es probable que los posibles inmigrantes se conviertan en una carga pública, los trabajadores sociales deberán tomar en cuenta su riqueza, la edad, habilidades educativas, dominio del idioma inglés y su salud.
Los defensores de los inmigrantes están preocupados por los efectos que esta regla podría tener en los inmigrantes ya que los cambios propuestos han llevado a algunas familias inmigrantes, incluidas las que contienen ciudadanos estadounidenses a temer perder los programas de beneficios.
