A través de una carta, el congresista de Massachusetts, Joe Kennedy III le solicitó al Presidente Trump mayor apoyo para Puerto Rico, isla que ha sido golpeada muchas veces este año y parte del pasado, no solo por el paso de los huracanes María e Irma sino también por los recientes sismos que sacudieron la nación.
“Durante décadas, el pueblo de Puerto Rico ha sido considerado por el gobierno de Estados Unidos como ciudadanos de segunda clase. Eso debe terminar hoy”, señaló Kennedy. Agregando además que por “Más de dos años, después de que comenzaran los esfuerzos de recuperación, los funcionarios de FEMA solo han financiado menos de 200 de los más de 9 mil proyectos de recuperación a largo plazo solicitados en Puerto Rico”.
Una cifra que en comparación con los 4 mil proyectos de recuperación de los estados de Texas y Nueva York, confirma el poco interés que tiene la administración de Trump de ayudar a la población de la Isla.
Aunque recientemente el presidente levantó las restricciones para otorgarles a los puertorriqueños más de $8 mil millones en ayuda, su decisión de imponer onerosos requisitos a esta ayuda, solo le confirma al pueblo puertorriqueño “que no se puede confiar en ellos”. Una medida que a juicio del congresista, obstaculiza los esfuerzos de recuperación de la Isla, exponiendo las fallas incluidas en la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA).
“Para que la isla se recupere plenamente, debemos reformar y enmendar PROMESA, implementar medidas de rendición de cuentas, reestructurar y volver a priorizar el pago de la deuda. Además de restaurar la soberanía de los Estados Unidos”, sentenció Kennedy.
En la carta el representante de Massachusetts aprovechó también para denunciar la acción de Trump de intervenir personalmente en las negociaciones bipartidistas sobre el presupuesto, solicitando que se recortara los fondos de Medicaid acordados para Puerto Rico en más de la mitad. Un recorte que “sólo servirá para exacerbar una crisis de atención médica que ya se había agravado ante el paso del huracán María, el huracán Irma y los continuos terremotos”.
Simos que continúan sacudiendo a Puerto Rico y que han provocado que estos compatriotas americanos sigan durmiendo en las calles, dado que la presencia de refugios es escasa. Los afectados por estos movimientos de tierra “Están sufriendo porque los hospitales están dañados y cerrados. Además de que la atención está racionada por los subsidios en bloque de Medicaid, una política que ya se encuentra en terreno legalmente dudoso”.
Es por ello que el congresista pidió ayuda al mandatario exigiendo se apliquen las siguientes acciones:
Una declaración inmediata de desastre mayor para Puerto Rico, que permita una recuperación urgente ante los terremotos que han causado casi $1.000 millones en daños económicos.
Desestimación inmediata de cualquier plan para imponer condiciones onerosas y equivocadas en la financiación de la ayuda.
Justificación inmediata de la retención de los fondos para desastres críticos más allá del plazo legal.
Reembolso inmediato de $331.5 millones para fondos críticos de seguridad nacional, para reconstruir el Campamento Santiago que fue robado ilegalmente por su Administración para construir una barrera a lo largo de la frontera México-Estados Unidos.
Un compromiso de no redirigir ilegalmente ningún financiamiento militar adicional ya comprometido para proyectos en Puerto Rico para el muro fronterizo.
Un compromiso de que su Administración ya no rechazará las reformas largamente atrasadas del Medicaid y el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) del que dependen millones de puertorriqueños.
Creación inmediata de una comisión para ampliar el acceso a la atención de la salud mental en la isla.
Consideración inmediata de reformas a PROMESA, incluyendo permitir que el gobierno puertorriqueño tome decisiones diarias en lugar de una junta financiera no elegida y sin rendir cuentas, detener los pagos de la deuda hasta que se haya completado una auditoría independiente de la junta financiera y dar preferencia a la protección de las pensiones y los programas críticos de salud y educación de los recortes.
