El proyecto del presupuesto presentado por Hacienda incluye un aumento de 182% en gastos financieros para 2020, de $62 millones en el presupuesto de 2019 a $177 millones en el de 2020.
El proyecto incluye estos aumentos en entidades en las que es difícil entender por qué tienen gastos financieros altos y por qué han aumentado tanto en este año (ver los cuadros anexos). Reaccionando a estos números, los diputados de la Comisión de Hacienda pidieron una explicación al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, calificando estos gastos y estos incrementos de “exorbitantes”.
Al ser cuestionado, el ministro de Hacienda expuso que, en los casos de ministerios como Salud y Defensa, estos incluyeron incrementos en el rubro 55, específicamente en el apartado 55799 denominado Gastos Diversos, que comprende “los gastos no considerados en los específicos anteriores y en los restantes rubros corrientes del clasificador”, según el manual anteriormente citado.
“De tal forma que aquellos recursos que no logran cubrir en el área de Bienes y Servicios y Remuneraciones, la han puesto en este específico para poder cumplir con la ley de Responsabilidad Fiscal”, dijo”, dijo Fuentes.
La ley de Responsabilidad Fiscal indica que “los rubros de Remuneraciones y Bienes y Servicios no podrán crecer más allá del crecimiento del PIB nominal”.
Pero la solución expuesta por Fuentes parece contradecir el fin de la ley y el espíritu de transparencia que impulsan las leyes que están alrededor del presupuesto, incluyendo la Constitución de la República.
Transferir fondos a Gastos Financieros ya que originalmente implicarían sobrepasar el límite para los rubros de Remuneraciones y Bienes y Servicios puede verse como una maniobra no transparente.
Manuel Enrique Hinds, economista y exministro de Hacienda, considera que la situación “es un fraude de ley”. En sus palabras: “Hay cuentas en el presupuesto para incluir esos gastos. No los están incluyendo en esos gastos, sino que los están poniendo falsamente como gastos financieros, porque la ley les dice a ellos que esos gastos en esas cuentas no pueden crecer más de lo que dice la economía. Para que no parezca que están violando eso lo están metiendo en otra cuenta”.
Crédito: El Diario de Hoy
EL SALVADOR. Infografía gastos financieros
¿Es legal asignar fondos a un rubro para transferirlos a otros?
Una de las principales dudas que ha dejado el excesivo incremento de fondos junto el argumento del ministro de Hacienda es sobre la legalidad de asignar gastos en cuentas del presupuesto que son realmente destinados a otros propósitos, sobre todo porque ha sido con la intención de hacer parecer que se cumple con otra ley.
El hecho de que este incremento se trate de justificar diciendo que los fondos en realidad se van a utilizar para otros propósitos, como Remuneraciones y Pago de Bienes y Servicios, ha llevado a que diputados y otros observadores adviertan la posibilidad de un fraude de ley si el presupuesto se aprueba así.
El diputado del PDC, Rodolfo Parker, fue uno de los primeros en cuestionar el incremento de dinero pedido para Gastos Financieros e insiste en la falta de justificación para los altos montos pedidos.
“El punto de fondo es que en Gastos Financieros esas enormes sumas no tienen una justificación. Ese es el punto de fondo, porque nosotros no podemos como diputados estar asumiendo que lo quieren ocupar para Bienes y Servicios o lo quieren ubicar para Remuneraciones porque eso sería especular de parte nuestra en la Asamblea”, dijo.
Ante esa falta de justificación de estos fondos, Parker sostuvo que a los diputados les queda la solución de tener que ordenar que se supriman esas cantidades que no tienen explicación.
“Además que en Gastos Financieros no entra la restricción del techo del 3.3%, en base a eso es que se dice que, si estos tuviesen intención de haberlo puesto ahí como un bolsón, escondido, para después moverlo internamente y pasarlo a Remuneraciones estaríamos en presencia de un fraude de ley. Si esa fuese la intención estamos en presencia de un intento de fraude de ley. Allá la Asamblea si habilita el fraude de ley”, expuso.
Yanci Urbina, diputada del FMLN, coincidió en que el crecimiento de más de $100 millones para este rubro sigue sin tener una explicación razonable hasta este momento.
Añadió que las declaraciones del ministro de Hacienda han sido preocupantes: “Porque estamos frente a una colocación de recursos en una partida presupuestaria que no es tradicionalmente creada para absorber gastos de Bienes y Servicios, ya existe esa partida”.
Urbina añadió que colocar en un rubro lo que se usará para otro es una actitud poco transparente: “Esconde la realidad de la ejecución de los recursos que son asignados al presupuesto porque esas partidas no sabemos entonces a qué van destinadas específicamente”.
La diputada sostuvo que el mover recursos como una maniobra para poder saltar sobre un requisito de la ley de Responsabilidad Fiscal es un mal precedente en el manejo de las finanzas del Estado: “Este tema creo que va a tener que ser muy bien analizado, de tal manera que podamos identificar que lo que el ministro vino a declarar realmente lo expliquen las dependencias que corresponden. Los diputados debemos ser muy exhaustivos en ese sentido… Es un muy mal precedente en términos del manejo de las finanzas del Estado. Porque eso yo creo que genera muchas dudas a todos los parlamentarios, que si estamos haciendo una situación que podría ser un fraude de ley. Y declarado, porque las declaraciones del ministro han sido públicas, están en las grabaciones”.
Para Ricardo Castaneda, economista sénior y coordinador de país para El Salvador de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Icefi, la elaboración del presupuesto está regida por leyes y manuales que deben cumplirse, entre estos está la clasificación del gasto que permite ordenar las asignaciones presupuestarias de todas las instituciones públicas.
“Registrar de manera intencional rubros de gasto donde no corresponde es un acto de opacidad, que resta legitimidad de la administración pública frente a la ciudadanía, pues aunque no afecta el déficit fiscal, se subestiman partidas presupuestarias para mostrar una realidad que no es y para parecer que está cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal”.
Castaneda señaló que no puede estar permitido porque va en contra de lo indicado por el Manual de Clasificación para las transacciones financieras del Sector Público y que todas las instituciones deben cumplir lo que se establece.
Crédito: El Diario de Hoy
EL SALVADOR. Infografía de Instituciones que solicitaron presupuesto
Fuente: El Salvador