Durante su campaña electoral de 2016, el presidente Donald Trump prometió hacer más difícil la inmigración a Estados Unidos, así como reducir el número de personas a las que se les permite permanecer en el país. Este fin de semana ha dado un paso más en esta dirección, con una polémica propuesta de negar la residencia permanente a los inmigrantes que se benefician de ayudas públicas.
Los defensores de Massachusetts están profundamente preocupados por los posibles efectos de la propuesta en nuestras comunidades inmigrantes y se han unido para educar a los residentes sobre cuáles son estos cambios, cuándo pueden entrar en vigencia, quiénes pueden verse potencialmente afectados y cómo oponerse a ellos. Específicamente, las organizaciones Massachusetts Immigrant and Refugee Coalition (MIRA), Health Care For All (HCFA), Health Law Advocates y Massachusetts Law Reform Institute (MLRI) convocaron una conferencia de prensa el pasado 23 de septiembre para difundir información relevante sobre esta nueva medida.
A continuación compartimos algunas claves para entender esta normativa y sus implicaciones para los inmigrantes de Estados Unidos.
1-Tiene un foco en la inmigración legal
El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) indicó que la normativa tendría un impacto sobre unos 382.200 inmigrantes que solicitan la residencia permanente cada año y afecta a personas que buscan ingresar legalmente al país, pues los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos. El Gobierno calcula que de los 41,5 millones de inmigrantes legales, hasta nueve millones han recibido algún tipo de asistencia del Estado en algún momento. Cuando esta normativa entre en vigor, los inmigrantes deberán decidir: o solicitan ayudas públicas o pueden renovar sus visados y lograr la residencia permanente.
2-Amplía la definición de carga pública
El Gobierno publicó el fin de semana una directiva de 447 páginas, aún sujeta a revisión, que ofrece algunas directrices: no podrán recibir residencia permanente los inmigrantes con visado que hayan obtenido ayudas al alquiler, asistencia sanitaria o compra de alimentos y medicamentos, bien porque han alcanzado la edad de jubilación o bien porque sus ingresos están por debajo del nivel de la pobreza. También se haría más fácil negar la residencia permanente a cualquier persona que gane menos del 250% del umbral de pobreza federal ($62,750 para una familia de cuatro personas).
3-La salud sería otro factor a tomar en cuenta
Según la nueva propuesta del gobierno de EE.UU., el haber padecido o padecer una “enfermedad coronaria, cáncer, traumatismos, desequilibrios mentales o dolencias pulmonares” puede ser motivo de denegación de visado o residencia, porque este tipo de problemas de salud “son los más costosos para el Estado”. Según el informe publicado por el Departamento de Seguridad Nacional, un 50% de los inmigrantes que padecen o han padecido problemas de salud acaba recibiendo algún tipo de ayuda pública.
La regla propuesta no solo afectará a los inmigrantes que accedan a MassHealth, sino que también limitará la capacidad de los inmigrantes con condiciones de salud preexistentes para ajustar su estado migratorio.
4-No pasará por el Congreso, y pronto entra en vigor
La propuesta estará sujeta a un período de comentarios de 60 días antes de entrar en vigor, y no requiere la aprobación del congreso. “Con esta propuesta nos limitamos a aplicar las leyes que ya ha aprobado el Congreso, dedicadas a incentivar a los inmigrantes a que sean autosuficientes, para proteger unos recursos que no son infinitos y para asegurarnos de que no se convierten en una carga inasumible para los contribuyentes norteamericanos”, dijo la secretaria de seguridad nacional, Kirstjen M. Nielsen.
“Después de que el DHS considere cuidadosamente los comentarios públicos recibidos sobre la regla propuesta, el DHS planea emitir una regla final de carga pública que incluirá una fecha de vigencia”, indicó la agencia en un comunicado.
La regla no es retroactiva: una vez que se ha completado el período de 60 días de comentarios públicos y se apruebe la regla final, habrá un período de gracia de 60 días. Esto significa que lo más temprano que los inmigrantes necesitarían retirarse de los programas para evitar ser penalizados sería en 120 días, pero se recomienda consultar con sus asesores o abogados de inmigración antes de tomar una decisión.
5-Se usa un criterio basado en el dinero y no en la familia
Los defensores de los migrantes también expresaron temores de que las las familias podrían verse en la disyuntiva de elegir entre mantener la familia unida o cubrir sus necesidades.
“La política propuesta por Trump es inconstitucional porque el gobierno federal está utilizando la asistencia pública como un sustituto de la raza”, dijo Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo del Lawyers’ Committee for Civil Rights and Economic Justice en Boston, quien opina que los inmigrantes serán castigados por participar en programas que son completamente legales. “Anunciados en el Mes de la Herencia Hispana, los cambios propuestos son parte de un ataque federal sin precedentes hacia los inmigrantes de color. Esto viene después de desmantelar DACA y TPS, y separar a los niños de sus padres en la frontera”, subrayó.
