A medida que la guerra de la administración Trump contra las “ciudades santuario” se calienta, las ciudades han respondido con formas cada vez más creativas de luchar. El último ejemplo viene de Denver, que acaba de promulgar una ley destinada a proteger a los inmigrantes legales de ser deportados por cometer crímenes relativamente pequeños, aquellos que tienen sentencias de 365 días o más ─la trampa del gobierno federal para expulsar a la gente.
¿La solución de la ciudad? Simplemente tomar un montón de esos delitos relativamente pequeños y reducir la pena máxima a menos de 365 días. Justo así, el movimiento saca los crímenes (y sus perpetradores) del radar de las autoridades de inmigración.
No es un enfoque novedoso para proteger a los inmigrantes, pero como respuesta directa a la represión del presidente Donald Trump, es particularmente oportuno.
La acción no afecta a los delitos más graves y no protege a los inmigrantes indocumentados. Bajo la ley federal, un inmigrante que vive en los Estados Unidos legalmente puede ser deportado por cometer un crimen de bajo nivel, como robar en tiendas o entrar sin derecho, siempre que ese delito tenga una posible sentencia de un año.
Esto significa que incluso alguien que vive en el país con una tarjeta de residencia o visa de estudiante puede ser denunciado con los funcionarios de inmigración -y deportado- por esos delitos menores.
Decenas de miles de residentes legales han sido deportados por delitos relativamente menores en las últimas décadas. Pero en las administraciones anteriores, las autoridades de inmigración han dejado a los infractores de bajo nivel. Ahora, bajo Trump, los inmigrantes sienten la amenaza de deportación más que nunca, dicen los defensores, si residen legalmente o no aquí.
La propuesta fue aprobada en el consejo municipal de Denver el lunes por la noche. Al hacer el cambio, Denver está enviando un mensaje claro al gobierno federal de que no «se doblegará ante un sistema de inmigración resquebrajado», dijo el alcalde de la ciudad, Michael Hancock, quien propuso las revisiones de sentencia. Ellos ayudarán a «mantener a las familias unidas asegurando que los delitos de bajo nivel, como violar las horas de entrada al parque (park curfew), no son una razón para la deportación», dijo.
Anteriormente, casi todos los crímenes municipales en Denver llevaban una pena máxima de 365 días. Pero bajo el nuevo enfoque, esa sentencia máxima de un año sólo se reserva para siete de los delitos más graves, incluidos los asaltos violentos y la violencia doméstica repetida.
Los crímenes que incluyen robo en tiendas, intrusión o entrada sin permiso, la primera o segunda instancia de violencia doméstica y simple agresión ahora serán elegibles por un máximo de 300 días en la cárcel. Incluso los delitos menores, como orinar en la vía pública y las violaciones del horario de uso, merecerían hasta 60 días.
«En los últimos cuatro meses, la Casa Blanca ha emitido una serie de órdenes ejecutivas que han exacerbado nuestro quebrado sistema de inmigración y han tenido un impacto real en nuestra comunidad», dijo Hancock en un comunicado. «He escuchado de muchos que están justamente preocupados. Denver está comprometido a tomar acciones que protejan los derechos de nuestra gente y mantener nuestra ciudad segura, acogedora y abierta».
Denver es sólo una de las decenas de ciudades y estados de todo el país que luchan con órdenes ejecutivas de la administración Trump destinadas a combatir la inmigración y la entrada al país de viajeros de algunos países musulmanes. Las demandas de las ciudades y los estados contra los decretos los han atado de mano en los tribunales por el momento.
En respuesta a una orden judicial que bloquea el intento de la administración de despojar de fondos a las «ciudades santuarios», un memorándum publicado por el Procurador General Jeff Sessions ofreció el lunes la primera definición oficial del gobierno: Sessions dijo que las ciudades santuario violan una ley federal que exige a los gobiernos locales y estadales compartir información con funcionarios federales sobre la ciudadanía de los inmigrantes o su estatus legal.
Sessions ha tomado medidas para revocar la financiación federal de nueve jurisdicciones, cada una de las cuales sostiene que ha cumplido con la ley, informó The Washington Post.
Como parte de su propuesta de presupuesto publicada el martes, el Departamento de Justicia está presionando para cambiar la ley federal para que las jurisdicciones locales puedan ser forzadas a detener a los presuntos inmigrantes ilegales a petición de la agencia federal ICE. La ley impediría que las ciudades promulguen políticas que impidan el cumplimiento de las solicitudes legales del Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo «cualquier solicitud para mantener la custodia de un extranjero por un período que no exceda las 48 horas», informó The Post.
Aunque Denver notifica a ICE de la liberación inminentes de inmigrantes de la cárcel a petición de ésta, es una de muchas ciudades en todo el país que ha rehusado mantener a las personas recluídas mientras se ponen bajo custudia de ICE si esas personas son elegibles de ser liberadas.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Hancock por impulsar políticas que protegen a los inmigrantes, el alcalde se ha abstenido de llamar a Denver una «ciudad santuario».
«El alcalde ha dicho literalmente que puede llamarnos lo que quiera», dijo a The Post Amber Miller, director de comunicaciones de la oficina del alcalde. El término no tiene «ningún significado legal», dijo.
«Estamos operando en un ambiente muy vago en este momento», dijo Miller. El alcalde está «centrándose en tomar acciones reales que realmente impacten la seguridad de las personas», dijo. “Las etiquetas no te dan eso”.
El alcalde reconoció que muchos oirán sobre los cambios y sentirán que está defendiendo el comportamiento ilegal. Pero él dijo, «es el derecho y el deber de cualquier individuo en esta ciudad de denunciar el crimen sin temor a ser castigado. Queremos y necesitamos que los residentes de Denver confíen en la aplicación de la ley local».
«No se trata de proteger a la gente violenta», dijo Hancock. «No jugaré juegos políticos con la seguridad de nuestra comunidad».
Algunos defensores de los inmigrantes dicen que la reestructuración de la sentencia propuesta no va lo suficientemente lejos, y sugirió que se reduzcan las penas de delitos menores hasta 364 días en la cárcel para ayudar a mantener a los delincuentes fuera del radar federal, informó el Denver Post.
Esto le quitaría a Denver la «función de aplicar la ley de inmigración», dijo a la prensa Julie Gonzales, directora de política de Meyer Law Office, una firma de Denver especializada en casos de inmigración.
Las revisiones de la sentencia, dijo el alcalde, van «de la mano» con un nuevo sistema establecido en las últimas semanas que permite a la gente resolver las multas de tráfico por correo. Los inmigrantes indocumentados, particularmente en los últimos meses, han vacilado en interactuar con funcionarios de seguridad pública y entrar en los tribunales.
Sus temores están justificados, dijo Miller. «Estamos viendo a ICE en nuestras cortes cada vez más buscando recoger inmigrantes indocumentados», dijo. Como resultado, muchas personas no están cuidando sus infracciones de tráfico, que sólo empeoran con el tiempo.
«Sabemos que muchos inmigrantes que trabajan duro tienen miedo de venir a la corte en este momento», dijo Hancock. «Pero evitar las fechas de la corte o no resolver las multas no es la respuesta».
Esta no es la primera vez que los funcionarios locales y los defensores de la inmigración de todo el país han presionado por esos cambios en la ley en cuanto a las sentencias.
Sin embargo, según Daniel Kanstroom, profesor de derecho y codirector del Centro de Derechos Humanos y Justicia Internacional del Boston College, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses siguen sin darse cuenta del «terrible efecto» que los duros mandatos de deportación tienen sobre los inmigrantes que residen legalmente, de acuerdo a un artículo de opinión publicado en el New York Times en septiembre.
En la década de 1990, las nuevas leyes ordenaron la deportación para cualquier inmigrante legal a largo plazo debido a una amplia gama de crímenes -incluyendo delitos menores de drogas- sin la posibilidad de discreción de los jueces, escribió Kanstroom.
«Desde entonces, hemos experimentado un frenesí de deportación», escribió Kanstroom. Además de millones de deportados indocumentados, decenas de miles de residentes legales han sido deportados como «delincuentes graves» por delitos estatales como robos en tiendas o por delitos menores de drogas, agregó.
Así que para muchos defensores, Kyle Huelsman, el director de política de Colorado Immigrant Rights Coalition, Denver ha dado un paso positivo, le dijo al Denver Post.
«Crear la deportación automática como castigo no es algo que queremos apoyar», dijo.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
