Reconociendo que las medidas tomadas hasta ahora para ayudar a refugiados que escapan del Triángulo Norte de Centroamérica no han sido suficientes, la administración de Obama anunció esta semana la ampliación de su programa de solicitud legal de refugio en El Salvador, Honduras y Guatemala.
El Programa para Menores Centroamericanos (CAM) existente desde 2014, permitía a menores de edad que tuvieran un padre o madre con estatus legal en Estados Unidos (incluyendo TPS) solicitar refugio o permiso humanitario para venir a este país.
Pero a partir de este nuevo cambio, que se implementará en los próximos meses, otros familiares podrán acompañar a un menor que califique, incluyendo otro progenitor que esté en uno de esos países, hermanos mayores, tíos y abuelos.
“Hemos hecho estos cambios porque es evidente que los esfuerzos realizados hasta ahora son insuficientes para ayudar a la cantidad de personas que pueden tener casos de asilo”, dijo Amy Pope, asesora del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), durante una teleconferencia con medios el martes.
Además, se anunció también que Costa Rica, un país adyacente a los otros tres afectados por altos niveles de violencia y pandillerismo, aceptó un acuerdo de protección para “Transferencia de Refugiados” (PTA) por el cual aceptará los casos de personas más vulnerables para procesarlos allí antes de reasentarlos en un tercer país.
De esa manera, las personas en peligro pueden salir más rápidamente de su país, indicaron funcionarios.
Anne Richards, quien es secretaria asistente para la oficina de población, refugiados e inmigración del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que Costa Rica recibirá hasta 200 personas por un proceso que comenzará en sus países de origen e identificará a los que sufran un peligro inminente a sus vidas.
El acuerdo con Costa Rica se debe utilizar para situaciones de emergencia. «No necesitamos un campo de refugiados en América Central. Por otra parte, esto no debería ser un mecanismo de hacinamiento de refugiados que buscan asilo o para mantenerles fuera de la vista y la mente del público de los Estados Unidos (como ha sido el caso con las deportaciones agresivas desde la frontera sur de México)» expresó Patricia Montes de la organización Centro Presente.
