Esta historia fue producida en colaboración con el Boston Institute for Nonprofit Journalism y Epicenter Community asistió con la investigación. La historia fue traducida por El Planeta. Únase a las dos organizaciones sin fines de lucro y a El Planeta Media para una discusión sobre la disparidad en las licencias de licor el próximo martes 29 de marzo a las 7pm en Dudley Dough en Roxbury.
“Excepto para la ciudad de Boston”.
Esta frase utilizada frecuentemente se resalta en cada párrafo de la legislación de licencia de licor en las Leyes Generales de Massachusetts. En resumen, la excepción significa que, entre varias localidades en el Commonwealth, Boston es especialmente perjudicada en lo que respecta al número de establecimientos que pueden expender alcohol en los límites de la ciudad.
En una audiencia pública realizada en febrero en Beacon Hill, había esperanza para algunos mediante “Un Acta para Modernizar las Finanzas y el Gobierno Municipal”. Si este proyecto era aprobado, la medida pelearía con el estado por el control de los cupos para licencias de licor y pondría en las manos de los legisladores municipales el poder de controlar esas decisiones.
Excepto para la ciudad de Boston.
Residentes, activistas y dueños de restaurantes de Boston testificaron en protesta de esta restricción establecida. Su razonamiento no es nuevo pero este tipo de quejas han ganado mucha atención en los medios de comunicación y en la opinión pública desde hace algunos años: Muchos bostonianos opinan que al restringir el número de licencias en el Hub se afecta a la economía local y se suprime el desarrollo en áreas menos afluentes de la ciudad.
En esa audiencia pública en febrero, ocurrió algo particularmente extraño y puso un abrupto alto al debate. Los activistas a favor de la independencia de Boston fueron criticados pero no por las razones de costumbre. De acuerdo a Barbara L’Italien, la Senadora Estatal demócrata de Andover, quienes reclamaban han estado equivocados todo el tiempo.
“Boston ya tiene la capacidad de determinar el número de licencias de licor que la ciudad posee”, citó L’Italien. “Boston pone las reglas para Boston. Boston fija el número”.
Las palabras audaces de la Senadora –que el Hub puede determinar por sí mismo el número de licencias de licor permitidas en la ciudad- causó confusión tanto entre los miembros de la legislatura como entre los empresarios dueños de restaurantes. Cualquiera que haya prestado atención al sistema notablemente roto de licencias de Boston conoce que la verdad es todo lo contrario a lo descrito por la Senadora. Décadas atrás el estado limitó el número de licencias que Boston puede distribuir y el embrollo de procedimientos ha sido algo común desde entonces.
El actual sistema de cupos ha generado un mercado secundario a duras penas regulado en el cual el costo de una licencia de licor puede llegar hasta los $350,000. Ha fomentado corrupción política, generado codicia y coimas, y ha puesto trabas a largo plazo en el potencial de crecimiento de Boston – Todo esto mientras representa un gran daño para las comunidades de color.
Como demostró el probable error de L’Italien, hay un absurdo nivel de confusión que crea la disparidad. El trabajo de Boston Institute for Nonprofit Journalism (BINJ) que implicó meses de investigación detallada en los cimientos del pasado regulatorio de Boston revela que la ciudad y oficiales estatales apenas están de acuerdo en que ente es responsable de qué y en qué circunstancias. De acuerdo a activistas, expertos en finanzas y marco regulatorio, los Concejales de la ciudad de Boston y profesionales de la industria de restaurantes; levantar los cupos podría energizar la economía local y ayudar a reducir la brecha cultural entre vecindarios pudientes de Boston y aquellos rincones olvidados en nuestra ciudad. Eliminar la brecha podría también ser un poderoso primer paso hacia resolver una segregación que se ha sufrido por mucho tiempo.
Sin embargo, en la práctica, después de casi un siglo de precedentes paradójicos, mapas de zonificación rediagramados y un mercado altamente monopolizado; la distribución de la oportunidad de brindar entretenimiento se ha convertido en una batalla cuesta arriba sin una resolución real a la vista.
HACE MÁS DE UN AÑO
En un frío sábado por la tarde en octubre del año pasado, el ambiente era festivo dentro de Dudley Café, el espacio con abundante luz en el primer piso del nuevo Boiling Municipal Building de Dudley Square. Los dueños de restaurante Solmon y Rokeya Chowdhury conversaban con la Concejal general Ayanna Pressley y miembros de su equipo. Vecinos y amigos esperaban sentados en una esquina; grupos de activistas locales y empleados de negocios del área conversaban mientras disfrutaban de sánduches, dulces y café. Un pequeño grupo de personas que quizás quería vencer al frío o simplemente relajarse ordenaba cerveza o vino.
Era la tercera parada del DINE617, un tour con celebraciones que recorrió Boston presentado por Pressley y que incluyó cuatro restaurantes; uno en Hyde Park, uno en Dorchester, uno en East Boston y Dudley Café en Roxbury. Todos los cuatro habían recibido licencias de licor como resultado de una petición de regla de casa 2014 (2014 home rule petition, una legislación originada en una municipalidad que es luego aprobada por el estado). Esta petición fue sometida por Pressley y empujó a que se agreguen 75 nuevas licencias de licor a la angosta reserva de Boston. Veinticinco licencias se otorgarán hasta cada año hasta 2017. Sesenta de estas licencias están reservadas para negocios que operan específicamente en vecindarios en donde las licencias de licor han sido escasas por años.
“La urgencia para esto [la legislación] eran los vecindarios que han sido desatendidos”, dijo Pressley. Ella explicó el impacto de tener al Commonwealth metiendo sus narices en detalles como por ejemplo la concesión de permisos, lo que ha creado un complicado nivel adicional de burocracia que ha dado como resultado un panorama de todo o nada. La Concejal continuó acotando: “Tenemos en los libros una ley de hace 100 años ahorcando el potencial económico y el futuro de estos vecindarios”.
Por este vecindario la apertura de cualquier bar o restaurante que sirva aunque sea vino es motivo de una gran celebración, al igual que cuando cualquier persona de color obtiene una licencia de alcohol. Desde la legislación de 2014 el número de licencias de licor adjudicadas a bostonianos negros ha aumentado a más del doble.
Aún hay menos de 10.
“Cuando le contamos eso a la gente ellos se quedan estupefactos, boquiabiertos”, dice Malia Lazy de Epicenter Community (Antes llamado Future Boston Alliance), una organización sin fines de lucro basada en Roxbury que se enfoca en hacer de Boston una ciudad más equitativa para todas las razas. Desde 2012 Lazu ha luchado para que se elimine el límite de las licencias de licor en Boston. Ella junto a su colega del Epicenter, Erin Anderson, han servido de comité de vigilancia en casi cada reunión del Boston Licensing Board desde octubre de 2014. Ambas trabajan de cerca con la oficina de Pressley para ilustrar la disparidad que la actual regulación ha creado.
“La gente simplemente no tiene ni idea de lo mala que es la situación”, dice Lazu.
“SHOW ME THE HONEY” (Muéstrame el dinero)
El sistema de las licencias de licor en Boston ha estado roto por muchos años. En 1906 el Alcalde electo de la ciudad era John “Honey Fitz” Fitzgerald, abuelo materno de John F. Kennedy y un político irlandés famoso por luchar por el hombre trabajador (al menos en su discurso público). La victoria causó un alboroto entre los ricos tradicionales y la Casa del Estado con dominio Yankee. De acuerdo a leyendas de la ciudad y muchos libros y artículos sobre el tema, para limitar el poder del Alcalde irlandés, miembros de la élite del State House impusieron varias restricciones arbitrarias a los funcionarios de Boston.
El número de licencias disponibles para Boston fue fijado en 1933, el año que la Prohibición terminó y durante el tercer término del tristemente célebre Alcalde de Boston James Michael Curley. Muchos describen a Curley como una persona con una labia impresionante y algunos dicen que era un “gangster” político. La vida nocturna del downtown y la cultura de consumo de alcohol de Boston quedaron marcadas en su legado: el bar jm Curley en Temple Place y el bar Last Hurrah en el hotel Omni Parker House rinden homenaje al político. Y es que si existió un político bostoniano con quien el State House debía estar cauteloso, ese fue Curley. La Prohibición había terminado pero el Commonwealth fue muy rápido en ponerle un alto a que Curley tenga libertad para otorgar licencias de licor y desde entonces ha existido un límite. Mientras a todas las demás municipalidades se les otorgó una licencia por cada 1,000 residentes, la ley para Boston especificaba: “En Boston, un establecimiento puede ser licenciado por cada quinientos de población, pero en ningún caso el número total de lugares con licencia debe exceder mil”.
La población de Boston en 2013 era de un poco menos de 650,000 personas, sin contar las miles de personas que vienen a trabajar en la ciudad cada día o sus colegas de otros estados que frecuentemente visitan el Hub. Sin el límite al cupo, si Boston fuera tratada como cualquier otra ciudad y pueblo, la ciudad sería elegible para unas 300 licencias adicionales.
La legislación original era un desastre. De forma similar a la pelea sobre la marihuana de la que somos testigos en nuestros días, los debates entre los representantes sobre detalles de las licencias de licor fueron siempre absurdos y contradictorios. Editoriales de periódicos denunciaron planes iniciales que contemplaban prohibir la venta de alcohol fuerte en bares y restaurantes como una invitación a que la cultura de los “speakeasy” (bares clandestinos) continúe. En una ocasión los legisladores incluso consideraron imponer permisos especiales para la compra de algunos licores potentes. A través del tiempo y diferentes propuestas el número de mágico de 1,000 (número de establecimientos que pueden servir alcohol en Boston) quedó plasmado afectando a la ciudad para siempre.
La micro regulación del estado ha resultado en un problema costoso. A principios de los 2000, el precio en el mercado de una licencia para todo tipo de bebidas alcohólicas era de unos $350,000. Los principios económicos de oferta y demanda tomaron control del proceso y el permiso para servir licor se convirtió en un lujo disponible solamente para el mejor postor. Firmas de abogados locales llegaron a especializarse en buscar maneras de asegurar licencias para clientes con sus honorarios aportando al sacrificio financiero de abrir un restaurante. Esto desanimó a muchos futuros empresarios que estaban considerando abrir un negocio de vida nocturna en el Hub.
“El hecho de que existen bostonianos que básicamente no están autorizados a abrir restaurantes porque están lejos de alcanzar los altos precios y el hecho de que existen [algunos] vecindarios a los que no se les permite progresar y ser atractivos para otra gente… son injusticias horribles”, dijo Lazu de Epicenter Community.
“Esto es un problema para Boston”, agregó Robert Bench, un abogado de Boston que ha trabajado con el Epicenter y Pressley para resaltar las injusticias sociales que están conectadas al límite del cupo de las licencias de licor. “Esto va directamente en contra de lo que estamos tratando de hacer aquí como ciudad, que es tratar de hacer de Boston una ciudad en donde todos puedan vivir mejor”.
Además de necesitar capital, los dueños de restaurantes deben ganar el apoyo de organizaciones locales de vecindarios y oficiales electos. Durante las audiencias ante el Boston Licensing Board (BLB), representantes de las oficinas del Concejo Municipal hablan a favor o en contra de los postulantes; sus comentarios podrían o no afectar el voto de BLB, pero esos comentarios son algunos de los obstáculos potenciales que los futuros empresarios de restaurantes frecuentemente enfrentan. Explicado de una manera simple, ayuda al proceso tantos tener aliados y representantes legales con conexiones como sea posible.
Con este esquema de “pagar por jugar” bastante arraigado desde el final de la Prohibición, en 2008 el status quo tóxico finalmente alcanzó niveles críticos y explotó. Los que salieron más golpeados fueron dos oficiales electos, la Senadora Estatal Dianne Wilkerson y el Concejal de Boston Chuck Turner. Ambos muy apreciados en sus distritos, comunidades de color que incluyen Roxbury, los políticos fueron condenados por aceptar sobornos. Wilkerson, quien había llegado a ser la mujer negra de más alto rango en Beacon Hill, fue capturada “engrasando las ruedas” para agilizar la concesión de una licencia de licor para un nightclub en Roxbury.
Después de una caída fea y pública, durante la cual Wilkerson renunció a su asiento en el Senado y ella y Turner cumplieron condenas en prisión, poca atención se le ha prestado a la premisa básica. Ron Wilburn, quien trataba de tener un club en Roxbury y actuó encubierto, acudió a las autoridades desesperado después de haber sido rechazado por la BLB. Su frustración con el sistema no fue resuelta; hablando de la controversia causada por su cooperación con las autoridades, Wilburn le dijo al Boston Globe que “él sintió que había sido usado por el FBI para hacer caer a un par de políticos negros prominentes, mientras cuatro meses después del primer arresto, no había oficiales blancos que recibieran cargos criminales por la investigación”. El periódico reportó:
Los arrestos de Wilkerson y Turner fueron seguidos por una avalancha de citaciones (subpoenas) que aterrizaron en el Boston Licensing Board, la oficina del Alcalde Thomas M. Menino, los escritorios de varios miembros del Concejo Municipal, así como la Casa del Estado, el Liquor Control Board del estado, y las oficinas de promotores urbanos y compañías de construcción. A pesar de que había expectativas de que las citaciones detonaran una investigación más amplia, no se han hecho arrestos adicionales.
Cuando le preguntaron sobre sus intentos de conseguir una licencia de licor de la ciudad, Wilburn le dijo al Globe que su experiencia con el BLB lo enfureció. El empresario recuerda que el presidente de la junta en ese entonces lo “trató como un esclavo fugitivo”.
2006
Años antes de que la petición de Pressley de una regulación manejada localmente, hubo otro intento de traer igualdad a la vida nocturna de Boston.
Era diciembre de 2006 y la angustia causada por la limitación de las licencias se había disparado. Para ayudar a corregir esta situación, el Gobernador Mitt Romney firmó una legislación otorgando 55 nuevas licencias, 25 para todo tipo de alcohol y 30 para cerveza y vino. El costo para estas nuevas licencias era tan solo unos cuantos miles de dólares en costos iniciales y pagos, muy lejos de los cientos de miles de dólares que costaba una licencia en el mercado secundario de la época.
Estos permisos eran especiales. Además de ser las primeras disponibles en casi un siglo, las licencias fueron las primeras en ser designadas como no transferibles, es decir que no se pueden vender a otro establecimiento sino que deben ser regresadas a la ciudad cuando el actual dueño no la quiera usar.
De las 55 nuevas licencias, todas las de cerveza y vino y 10 de las de todo tipo de alcohol fueron restringidas a áreas consideradas “distritos de pequeños negocios, áreas de renovación urbana, zonas de empoderamiento o áreas costeras de planeación municipal”. Esto es aquellos vecindarios en desventaja de desarrollar una economía de restaurantes más lucrativa por los precios altos que los límites han causado en las licencias de licor.
El plan para estimular la actividad de bares y restaurantes en rincones olvidados de la ciudad no duró mucho.
Daniel Pokaski, el presidente de BLB en ese entonces, dijo a los reporteros que había una forma en que la ciudad puede otorgar licencias a bares y restaurantes fuera de las zonas designadas. Todo lo que los oficiales debían hacer era lograr que “la Boston Redevelopment Authority agrande una de las zonas cubiertas”. Los mapas que originalmente deberían favorecer a ciertas áreas como Roxbury, Dorchester, Mattapan, Hyde Park y otras áreas de “renovación urbana” o “zonas de empoderamiento”, fueron completamente ignorados.
“La Ciudad de Boston no ha tenido la autoridad para cambiar los límites del mapa”, dijo la ex Senadora Wikkerson años después. [Nota editorial: Wilkerson ha contribuido al Boston Institute for Nonprofit Journaslism en el pasado, a pesar de que ella no colaboró en la producción de este artículo además de ofrecer citas y contexto], Wilkerson explicó que las licencias creadas por Romney fueron todas asignadas en los primeros tres meses de 2007, sin que ni una de ellas vaya a algunos de los 3 postulantes de Dorchester y Roxbury. Al mismo tiempo, Wilkerson y otros comenzaron a hacer preguntas sobre licencias siendo otorgadas en vecindarios como Back Bay que estaba claramente fuera de las zonas designadas.
“Claramente haberles permitido a ellos hacer eso hubiera dañado el propósito original de lo que la legislatura quería e instruía hacer”, dice Wilkerson. “Lo que está claro es que muchas de las licencias fueron a vecindarios que nunca estuvieron incluidos en el mapa. Cuando nos dimos cuenta de eso y comenzamos a presionar para obtener respuestas, nos encontramos con una pared y mentiras de parte de ciertas personas dentro del City Hall”.
“La meta propuesta en la legislación de 2006 fue asignar esas licencias a áreas en donde su asignación pudiera servir como un motor de cambio económico. Eso no pasó. Claramente el circo mediático por mi arresto y el del Concejal Turner permitió que el escándalo subyacente no sea investigado”.
El arresto de dos políticos prominentes es una historia más fácil de contar que la de cómo una pieza de legislación impregnada de discriminación, que además es arbitraria y anticuada, y sobre la que existe pobre nivel del entendimiento, continúa haciendo daño a las comunidades de color de Boston.
