El pasado 4 de febrero la prestigiosa consultora financiera Standard & Poor (S&P) anunció que había bajado a la clasificación “basura” (junk) los bonos del gobierno de Puerto Rico. En otras palabras, según la S&P y tal como esta la situación actualmente, las probabilidades de que Puerto Rico pague sus acreencias es muy baja y por lo tanto la capacidad de levantar nueva deuda o atraer nueva inversión es casi nula.
En esta situación de estrangulamiento financiero, la pregunta que nos viene inmediatamente a la mente es ¿qué puede hacer Puerto Rico para cambiarla? La respuesta está íntimamente ligada a su condición como un “Estado Libre Asociado” de los Estados Unidos de América. Es decir, Puerto Rico no es parte de los 50 estados de la Unión pero disfruta de ayuda económica, de beneficios fiscales de EE.UU. y los ciudadanos gozan de la ciudadanía norteamericana.
Quizás, precisamente por poseer esta definición confusa para muchos como la categoría de Estado Libre Asociado, Puerto Rico ha podido endeudarse a niveles impensables para otros gobiernos que no gozan del respaldo de EE.UU. Por ejemplo, Según el Centro para una Nueva Economía (CNE) organización independiente dedicada al análisis de políticas públicas en ese país, la deuda por habitante en esa isla caribeña es de más de $19.000, mientras que en países como México, Colombia, Perú o Venezuela no pasa de $6.000 por habitante.
Es decir, el particular estatus político de Puerto Rico frente a Estados Unidos le ha permitido endeudarse “más de la cuenta”, en parte por las facilidades tributarias que le otorga el ser un territorio estadounidense a mitad de camino entre la independencia y la integración a la Unión. Pero al no ser un estado de la Unión, Puerto Rico tampoco tiene acceso a las opciones de protección ante los acreedores que la ley estadounidense ofrece a los gobiernos locales de este país.
De acuerdo con los economistas del CNE, la situación se agrava como resultado de que la deuda -de 102% del PIB- “no cuadra” con la producción del país.
“Es como si tu salario anual fuera US$100.000 pero debes US$102.000”, le dijo a BBC Mundo Sergio Marxhuach, director de Políticas Públicas del CNE. Según alega el CNE, la isla es estructuralmente insolvente y no alcanza a generar suficientes ingresos para cumplir con sus obligaciones.
“El gobierno de Puerto Rico lleva al menos 20 años sin poder generar los suficientes ingresos para pagar sus gastos operacionales y entonces lo que hacía era tomar prestado en el mercado de bonos y el mercado lo encontraba muy atractivo precisamente por los rendimientos que pagaba”, explico a BBC Mundo Soto-Class.
Por otra parte, a diferencia de Detroit y otras regiones de la Unión que se declararon en quiebra recientemente, como Stockton en California o el condado de Jefferson en Alabama, Puerto Rico no puede acudir a todos los mecanismos de protección ante los acreedores que ofrece la ley de bancarrotas estadounidense como recurso de refinanciación.
En conclusión, la situación de la deuda de Puerto Rico es muy compleja pues no se sabe exactamente cómo sus gobernantes podrán enfrentar esta combinación de problemas económicos con su estatus político. Lo cierto es que la condición de Estado Libre Asociado pareciera haber sido una oportunidad y una condena a la vez.
