Uno de los temas más duros que un ser humano puede tocar es el de la muerte; el de la muerte de un ser querido, de un familiar, de un amigo e incluso la de un desconocido, y quizá la pena de muerte es otro de los temas más delicados y duros que unen y separan al hombre. Si uno piensa meticulosamente en este castigo y en lo que realmente implica, este puede provocar un cambio en nuestro estado de ánimo. Usualmente el castigo de la pena de muerte o pena capital se impone a personas que han sido encontradas culpables de asesinato, espionaje y traición, y este pasado miércoles, 22 de enero, la pena de muerte por inyección letal fue el castigo que terminó la vida del mexicano Edgar Tamayo quien 20 años atrás fue encontrado culpable de matar a un policía en Houston en enero de 1994.
En los Estado Unidos, Texas es el lugar que cuenta con la mayor cantidad de penas capitales realizadas, y los Estados Unidos es uno de los pocos país del primer mundo donde todavía se permite la pena de muerte. Siendo este castigo prácticamente inexistente en la mayoría de países europeos. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una disminución drástica de países que emplean este tipo de castigo. La realidad es que son pocas las naciones que tienen y utilizan la pena de muerte. De hecho más de 139 países han abandonado legislativa o prácticamente la pena de muerte según información recolecta por Amnistía Internacional y otras organizaciones que velan por los derechos humanos.
El caso de este mexicano es bastante triste, de acuerdo a su abogada y algunos expertos en derechos humanos Edgar Tamayo en el momento de haber sido detenido no fue informado que al no ser ciudadano americano podía contar con ayuda consular de su país de forma inmediata. Él nunca recibió la ayuda que le correspondía y por esto se violó un derecho internacional y se perjudicó su defensa al no contar con las mejores opciones. En ese momento Edgar Tamayo contaba con sólo 26 años de edad, además de que tenía un coeficiente intelectual de 67, lo que expertos califican como un retraso mental leve, lo que lo haría técnicamente inelegible para la pena capital, puesto que la pena de muerte se administra a personas adultas que son mentalmente competentes. Sin embargo, la información sobre su coeficiente intelectual fue descubierta demasiado tarde para afectar el juicio, lo que pudo haber sido diferente si en primer lugar hubiese recibido la ayuda legal que necesitaba y se merecía.
Según varios estudios y reportes, la raza tanto de la víctima como de quien es acusado es un factor importante y determinante cuando se trata de quién es condenado a muerte. Uno de los estudios más importantes fue el del profesor de derecho David C. Baldus de la Universidad de Iowa, quien junto con Pulaski y Woodworth investigaron si había o no un precedente de discriminación racial al momento de condenar a alguien a la pena de muerte. Ellos estudiaron en los años 80 más de 2.000 casos de asesinatos en Georgia, y llegaron a la conclusión que todas las personas condenadas por asesinar a gente blanca eran mucho más propensas a recibir la pena de muerte; estableciendo de este modo que la aplicación de la pena de muerte en Georgia estaba vinculado con la raza de la víctima. También concluyeron, después de tomar en cuenta 39 variables no raciales, que los acusados de matar a víctimas blancas eran 4.3 veces más propensos a recibir una sentencia de muerte a comparación de aquellos acusados de matar a gente de raza negra. Además según un reporte de la Oficina de Estadísticas de Justicia (Bureau of Justice Statistics) aunque los latinos solo representan 12% de la población de los EEUU, esta minoría es víctima de asesinatos un 47% más frecuentemente que el resto de la población en los EE.UU.,. Sin embargo, la pena de muerte casi nunca es utilizada en los casos de asesinatos que implican víctimas latinas.
John Kerry, el secretario de Estado de EE.UU., advirtió al gobernador de Texas, Rick Perry, y al fiscal general de Texas, Greg Abbott, en el 2013 que la intransigencia de no respetar el derecho internacional de algunas personas, como en el caso de Tamayo, podría llevar a los estadounidenses en el extranjero a verse perjudicados, pues estos podrían no tener acceso a los mismos derechos que les corresponden en situaciones similares.
Los crímenes que algunas personas han cometido para que se les condene a la pena de muerte pueden ser considerados macabros para algunos y por lo tanto justificable el castigo; mientras que para otros la pena de muerte es un acto injustificable sin importar lo que la persona haya hecho. Sea quién sea la victima o el agresor, la realidad es que la pena de muerte es un castigo severo e irretractable, y después de que se llega a ejecutar a una persona no hay nada que se pueda hacer. Con la pena de muerte se puede privar a gente inocente de su vida, y ya que la ley y el sistema legal no son infalibles muchas veces gente inocente es asesinada. La realidad es que en muchas ocasiones gente que fue encontrada culpable, sentenciada a muerte y eventualmente ejecutada, fue posteriormente encontrada inocente gracias a evidencia forense, de ADN, o nuevos descubrimientos en el caso. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte en los Estados Unidos ha publicado listas de reclusos «ejecutado pero posiblemente inocentes.» Y en este mismo país desde 1973, más de 130 personas, afortunadamente, han sido exoneradas de la pena de muerte y de condenas erróneas a tiempo, otros no tuvieron la misma suerte.
De la misma forma aquellos que sostienen que la pena de muerte es la solución más fácil y económica están equivocados, pues esta información es errónea. Es más caro ejecutar a una persona que mantenerla en prisión por el resto de su vida debido a varios factores. En promedio en los Estados Unidos cuesta alrededor de $2.8 millones castigar a una persona con la pena de muerte. Esta candidad es el doble de lo costaría mantenerla en prisión de por vida. Al mismo tiempo, no hay evidencia estadística que demuestre que castigar a alguien con la pena de muerte disminuya o prevenga el crimen o actividades violentas por parte de otras personas.
Entre algunos de los factores que perjudican a muchas personas que pueden ser sentenciadas a pena de muerte están: Representación legal inadecuada, mala conducta de la fiscalía y la policía, falso testimonio, testimonio de testigos presenciales erróneos, prejuicio racial, testimonios de «soplones» dentro de las cárceles, mal manejo de pruebas, y presión política o comunitaria para resolver un caso y castigar a alguien. En el caso de Edgar Tamayo, lastimosamente una mala representación legal y una conducta cuestionable de la policía al momento de leerle sus derechos le costaron su vida.
